Texto redactado por el Dr. Humberto García Jiménez
El anuncio del presidente Donald Trump, el pasado 2 de abril, marca un punto de inflexión en el escenario comercial internacional. El nuevo esquema arancelario contempla un gravamen base del 10% a todas sus importaciones, además de tarifas diferenciadas que alcanzan hasta un 46% para productos provenientes de Vietnam, China y Taiwán. A esto se suma la instalación de aranceles del 25% a sectores clave como el acero, aluminio y automóviles, muchos de ellos excluidos de las reglas de origen preferenciales del T-MEC. El mensaje es claro: Estados Unidos está reconfigurando su política comercial desde una lógica abiertamente neoproteccionista.
Aunque México quedó formalmente fuera de los denominados “aranceles recíprocos”, más de la mitad de sus exportaciones aún se realiza bajo la figura de “nación más favorecida”, lo que significa que muchos productos pueden ser alcanzados por estas medidas si no cumplen cabalmente con los requisitos de contenido regional establecidos por el T-MEC. Este escenario coloca a la región fronteriza en una posición doblemente estratégica: como plataforma privilegiada para la exportación, pero también como territorio vulnerable ante cambios abruptos en las reglas del comercio global.
En este contexto, las empresas maquiladoras del norte de México —en su mayoría acogidas al programa IMMEX— enfrentan un nuevo tipo de presión. Ya no basta con producir en territorio nacional: ahora deben acreditar el porcentaje exacto de contenido estadounidense en cada producto, regionalizar sus cadenas de proveeduría y reducir la dependencia de insumos asiáticos. Lo que está en juego no es sólo la continuidad operativa, sino la permanencia en los mercados internacionales. Se trata de un reto de alta complejidad logística, tecnológica y financiera que requiere coordinación efectiva entre el sector público y el privado.
Los impactos ya se anticipan en tres frentes: en lo operativo, las empresas deben hacer ajustes contables y administrativos para rastrear el contenido regional de sus exportaciones; en lo productivo, hay una presión creciente por sustituir proveedores no norteamericanos; y en lo laboral, los riesgos aumentan si no se logran adaptaciones rápidas. A corto plazo, podríamos ver ralentización de exportaciones, reprogramación de pedidos e incremento de costos logísticos. A mediano plazo, la industria que logre integrarse plenamente al esquema del T-MEC saldrá fortalecida. Las demás enfrentarán reducción de volúmenes, pérdida de competitividad o incluso procesos de relocalización.
Ciudades como Nogales, Tijuana, Ciudad Juárez, Matamoros y Reynosa —todas ellas con una fuerte dependencia de la manufactura de exportación— podrían experimentar una dinámica que denominamos “reindustrialización selectiva”. Esto implica que sólo aquellas plantas con mayor nivel de integración regional, trazabilidad y sofisticación tecnológica podrán mantenerse o crecer en el nuevo contexto. En contraste, las empresas con alta dependencia de insumos asiáticos o procesos de bajo valor agregado enfrentarán mayores dificultades. La frontera norte se encuentra, así, en una encrucijada entre renovación y desplazamiento.
Superar esta coyuntura no es solo cuestión de mercado. Es fundamental transitar de un modelo maquilador tradicional a uno estratégico e inteligente, capaz de generar valor regional a partir de la innovación, el conocimiento técnico y la coordinación intersectorial. Pero esto no sucederá por inercia. Se requiere de políticas públicas decididas, inversiones sostenidas en infraestructura y una apuesta clara por la formación de talento técnico especializado. Solo así será posible elevar la resiliencia de las ciudades fronterizas y reposicionar a México como un socio clave en las cadenas globales de valor.
Desde el ámbito legislativo, también hay tareas urgentes. Es prioritario reformar la Ley de Comercio Exterior y la Ley del ISR para incluir incentivos por contenido regional; crear una Ley Federal de Integración Productiva del T-MEC, que institucionalice programas de certificación, trazabilidad y desarrollo de proveedores nacionales; y dotar de recursos extraordinarios al Plan México, garantizando su ejecución con reglas claras y una gobernanza tripartita. También resulta indispensable establecer mecanismos binacionales de monitoreo de impacto comercial, que aseguren la compatibilidad de las nuevas medidas con los compromisos del T-MEC.
En paralelo, las autoridades estatales y municipales deben asumir un rol activo como primera línea de defensa económica. Algunas acciones prioritarias incluyen: la creación de comités estatales de emergencia industrial, el fortalecimiento de programas de sustitución de importaciones con énfasis en las PYMES locales, la instalación de oficinas técnicas que apoyen el cumplimiento de reglas de origen, y el lanzamiento de campañas regionales de atracción de inversión relocalizada. Herramientas como los Polos de Bienestar y los estímulos fiscales previstos en el Plan México pueden ser palancas clave en este esfuerzo.
Lo que está ocurriendo no es un accidente ni una anomalía temporal. La economía mundial está entrando en una nueva fase de reorganización geoeconómica, donde las decisiones comerciales responden a intereses estratégicos que desbordan el ámbito comercial. El comercio se ha vuelto un instrumento de política exterior. En este nuevo tablero, México no puede confiar únicamente en su ubicación geográfica o en las ventajas del T-MEC: debe construir capacidades productivas y tecnológicas propias para disputar valor en las cadenas globales de valor.
Transformar el modelo maquilador en un verdadero motor de desarrollo regional exige algo más que discursos. Requiere articular inversión pública y privada, desarrollar talento técnico, fomentar la innovación aplicada y tejer redes de proveeduría local y regional sólidas, con infraestructura logística adecuada. El objetivo no es solo resistir el embate neoproteccionista, sino convertir esta crisis en una oportunidad para rediseñar la inserción internacional del país desde sus regiones industriales clave.
En este proceso, El Colegio de la Frontera Norte tiene una responsabilidad compartida. Desde nuestras líneas de investigación y trabajo territorial, podemos contribuir al monitoreo y evaluación de las políticas públicas implementadas. En particular, el grupo de investigación que integra el Eje temático “Transformaciones socioterritoriales, problemas laborales e innovación tecnológica”, cuenta con la experiencia y la capacidad analítica para acompañar el seguimiento del Plan México, evaluando sus efectos sobre el empleo, la organización productiva y las dinámicas territoriales de las regiones fronterizas.
Aprovechar esta coyuntura crítica exige visión estratégica, diálogo multisectorial y evidencia sólida. En ese camino, el conocimiento generado desde la frontera puede ser una herramienta útil y confiable para tomar decisiones más eficaces, sostenibles y con verdadero sentido de futuro.
La reflexión completa del Dr. Humberto García Jiménez se encuentra disponible a través del canal de YouTube de El Colef: https://youtu.be/IyeQE_8gBsI
