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Ante la caída de los precios del petróleo, el avance en la legislación y la expectativa de la inversión en energías renovables, México debe diversificar las formas de producir energía, así como aplicar proyectos en pequeña escala que beneficien a las comunidades de escasos recursos, con limitado acceso a electricidad, comentó en entrevista para El Correo Fronterizo, la Dra. Gabriela Muñoz Meléndez, Profesora-investigadora del Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente de El Colegio de la Frontera Norte.
La investigadora impartió el pasado jueves 5 de noviembre la Conferencia Magistral “Política energética y cambio climático”, en el 4º evento bianual del área “Análisis y Gestión Socioeconómica de las Organizaciones” y Primer Encuentro de Cooperación entre Áreas: “Políticas públicas, organizaciones y conservación de los recursos naturales”, que se llevó a cabo en la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco, en la que analizó la relación existente entre el sector energético y el cambio climático, así como la política energética en México y su relación con la adaptación y mitigación.
Señaló que el sector de mayor influencia en el país, como es el energético, produce cerca del 70% de gases de efecto invernadero y “es terriblemente sensible al cambio climático… y por lo tanto, no solo deben considerarse como un blanco de medidas de mitigación, sino también de adaptación y buscar las sinergias entre ellas”.
Muñoz analizó el antes y el después de la Reforma Energética, para lo cual revisó la Planeación Energética anterior a ésta, así como el Programa Sectorial Energético Nacional 2007-2012, el último vigente previo a la reforma, con el fin de identificar los objetivos de la política energética en el país, los cuales se centraban principalmente, comentó, en la sustentabilidad energética a través de los hidrocarburos.
Agregó que el Programa Sectorial consideraba entre unos de sus sub-objetivos la eficiencia energética y la incorporación de fuentes de energía renovable; por otro lado, dijo, no había una planeación clara en este punto que buscara diversificar la red y la matriz “para empezar a hacer otro tipo de modelo energético en menores escalas”.
Además de lo anterior, la académica del DEUMA hizo una revisión de las principales leyes y reglamentos de la Reforma Energética, determinando que aquella está enfocada en la extracción de petróleo en aguas ultra profundas y fracking -extracción de gas shale del subsuelo a base grandes cantidades de agua y químicos a altas temperaturas-, dejando de lado los recursos de fácil acceso, que están en tierra o en aguas someras.
“La seguridad energética está basada en el uso de combustibles fósiles y no se ha hecho lo suficiente para diversificar la red”.
De acuerdo a la investigadora, la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética y la Ley General de Cambio Climático, establecen como meta el 35% de la participación de energía renovables en la generación de energía eléctrica y la disminución de línea base y gases de efecto invernadero, pero ambas están en función de la Ley de Transición Energética, que se encuentra detenida en el Senado de la República.
Lo anterior, acotó, ha ralentizado la inversión, “que ya existía antes para explotar los recursos renovables, sobre todo la energía eólica”, que de 2006 a 2012 estaba creciendo a un 71% por año: “No es que no haya inversión, sino que se alentó debido a que no saben muy bien cuáles son las reglas del juego”, por lo que deben definirse los mecanismos de su operación.
Según el artículo “La reforma energética ante la caída de los precios de petróleo: ¿una oportunidad para las energías renovables en México?”, que publicó en la revista Sociedad y Ambiente, con base en datos de 2013 de la Secretaría de Energía, “entre 2003 y 2012 la producción neta de energías renovables disminuyó del 8% al 6.2% de la producción total nacional”; en dicho periodo, la generación hidroeléctrica pasó del 77% al 75% de participación, la geotermia pasó del 23% al 14% de participación, “la energía eoloeléctrica contribuía con 8%, la electricidad a partir de biomasa y biogás con 2% y la energía solar fotovoltaica con 0.02%”.
La experta en estudios ambientales expresó que con la caída de los precios del petróleo se puede pensar que hay una oportunidad para la Ley de Transición para permitir más inversiones en el rubro de las energía renovables, sin embargo “no es lo único que hay que considerar, sino también la implementación de los aspectos socioeconómicos, y no solo a tomar en cuenta a la comunidad, sino prepararla y darle la oportunidad de invertir en la propia explotación de sus recursos de energía renovable” como el viento y el sol, por ejemplo.
“Si realmente queremos cambiar nuestro modelo energético y estar hablando de sustentabilidad en el sector energético, específicamente eléctrico, deberíamos estar viendo hacia otro tipo de escalas”, puntualizó.
Biomasa
Una solución de inversión es en energía a través de biomasa con las miles de toneladas de basura que se producen diariamente, a través de un confinamiento de residuos “de donde se obtenga el gas, mayoritariamente metano, y se utilice para hacer una planta de generación de energía eléctrica”, lo cual ya se hace en Monterrey, ciudad que comenzó con una planta de biogás de 7 megas suficiente para mover el metro y brindar el 35% de electricidad para el sector público, aumentando su producción actual a 13 megas.
Otros residuos que pueden utilizarse son los agrícolas y cárnicos, además, puede generarse biodiesel con maíz y otros elementos, como el aceite de restaurantes, cuyo tratamiento para obtener diesel no es costoso.
“Pueden optarse por esas soluciones alternas en lo que se cambian patrones de consumo de electricidad y generación de basura”, añadió.
La matriz energética debe diversificarse buscando aplicar proyectos en las comunidades que al momento no tienen electricidad, “lo que lleva a trabajos sobre cómo almacenar energía que se hace al momento con baterías que tienen vida corta” finalizó.
El Cuarto evento bianual del área “Análisis y Gestión Socioeconómica de las Organizaciones” y Primer Encuentro de Cooperación entre Áreas: “Políticas públicas, organizaciones y conservación de los recursos naturales”, se llevó a cabo los días 5 y 6 de noviembre, el cual convocó a expertos nacionales e internacionales de diversas disciplinas de las áreas socioeconómicas y las ciencias naturales y ambientales, así como a autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal y otras dependencias, miembros del sector empresarial y de la Red Internacional de Gestión Ambiental y Sustentabilidad.
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