Como en muchos otros lugares, la actividad social y económica en la frontera México-Estados Unidos se encuentra en estado de suspensión. Las acciones para combatir el COVID-19 y proteger la salud y la vida de las personas tienen precedencia obvia sobre cualquier otra necesidad, pero han provocado que los usualmente vibrantes y congestionados cruces fronterizos estén actualmente casi vacíos. La escala y la profundidad de la pandemia son tales que en la época de la movilidad y los flujos sin límites e incesantes, la sociedad global se ha visto obligada a depender de herramientas medievales como el aislamiento y el cierre de fronteras para detener la propagación del coronavirus. Las fronteras están resurgiendo en lugares donde dejaron de existir, y las existentes están siendo cerradas, como lo ilustran las decisiones tomadas por numerosas naciones en todo el mundo. La velocidad con la que COVID-19 ha entrado en nuestra vida es escalofriante y la crisis desencadenada por la enfermedad se está perfilando como una enorme prueba a la globalización. Ciertamente, es una prueba para las sociedades y economías de la frontera México-Estados Unidos, que operan como sistemas transfronterizos muy integrados que dependen extensamente del vaivén de personas y mercancías.
Aunque no sabemos cuando saldremos de la crisis, es necesario comenzar a dialogar y planear el retorno de la frontera a la normalidad y fortalecer la resiliencia de la región a futuras pandemias. Ahora mismo, es el momento de pensar y actuar con audacia utilizando todo el capital social e institucional disponible en la región. En cuanto a capital institucional, la región cuenta con herramientas para revertir el daño provocado por el COVID-19 a la vida social y económica de ambos lados de la frontera. Algunas de estas herramientas son entidades como el Banco de Desarrollo de América del Norte (NADBank) y la Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos (CSFMEU) que se crearon como conductos para la cooperación binacional, mientras que otras como las universidades fronterizas fueron creadas en respuesta a necesidades sociales más allá de la esfera gubernamental. Todos ellas tienen en común la responsabilidad de presentar soluciones a problemas críticos confrontados por las sociedades fronterizas en el corto plazo, garantizando al mismo tiempo la continuidad y la resiliencia a largo plazo.
Instituciones financieras como el NADBank, por ejemplo, podrían utilizarse para operar un programa de asistencia de emergencia que permita a condados y municipios fronterizos tener acceso a préstamos de bajo costo y a recursos subvencionados necesarios para mitigar el impacto fiscal creado por el cierre de la frontera durante la pandemia. El NADBank lleva 25 años operando una estrategia de financiamiento de proyecto ambientales en la frontera y maneja el programa de subvenciones del Programa Frontera 2020 que prioriza las necesidades y la sustentabilidad de la región, por lo que la organización posee la experiencia y los sistemas para trabajar con ciudades y municipios en ambos lados de la frontera. El respaldo financiero del banco podría utilizarse para apoyar temporalmente la operación y el mantenimiento de servicios urbanos básicos como los sistemas municipales de agua, el tratamiento de aguas residuales y la recolección y el confinamiento de residuos domésticos. La inyección de recursos a los gobiernos locales de la frontera aseguraría el funcionamiento adecuado de la infraestructura y los servicios públicos, al tiempo que liberaría recursos locales para apoyar otros servicios municipales que también son esenciales para una recuperación rápida y sostenible de la región. Los fondos del NADBank tendrían que ampliarse con contribuciones adicionales de México y Estados Unidos, para aumentar su capacidad financiera total.
La CSFMEU, establecida en 2000 como un organismo binacional para proporcionar liderazgo en la mejora de la salud y la calidad de vida de la población fronteriza, podría ser restructurada y fortalecida para desempeñar un papel clave en la recuperación y preparación de la región. Algunas áreas de oportunidad incluyen la evaluación de qué funcionó y qué no funcionó antes y durante la crisis de salud, así como trabajar coordinadamente con los departamentos locales de salud en la identificación de las mejores prácticas en el manejo de futuros brotes epidémicos. Estos esfuerzos de coordinación podrían proporcionar información crítica para el diseño y aplicación de planes de contingencia para cada estado y comunidad fronteriza, y podrían servir de marco para el intercambio de información; campañas conjuntas de educación y sensibilización; sistemas coordinados de vigilancia epidemiológica; capacitación y desarrollo de capacidades binacionales, atención de grupos vulnerables (i.e. migrantes irregulares, solicitantes de asilo, trabajadores agrícolas), y la adquisición consolidada de tecnología y suministros, medicamentos y equipo de protección para el personal médico.
Las universidades y centros de investigación de la frontera deben realizar un esfuerzo multidimensional, de largo plazo, y binacional para atender los déficits de capital humano y las brechas de conocimiento que han obstaculizado la respuesta de la región a la pandemia. Los departamentos de salud fronterizos, especialmente en el lado mexicano, están batallando para adquirir, analizar e interpretar información sobre la propagación del COVID-19 a nivel comunitario, y para determinar la manera más efectiva de contener la enfermedad. También les resulta difícil diseñar estrategias de comunicación que sensibilicen al público sobre el nivel de riesgo de brotes epidémicos y lo persuada a tomar las acciones apropiadas para proteger su salud y la salud de la comunidad. Los médicos y las enfermeras son escasos en la región, pero los epidemiólogos, los virólogos, los economistas de la salud, los expertos en comunicación y otros especialistas en salud pública los son aún más. Igualmente importante es que las universidades y los centros de investigación atiendan sus limitaciones para responder rápida y eficientemente a las urgentes demandas de ayuda procedentes de las comunidades fronterizas. Algunas universidades de ambos lados de la frontera están demostrando el camino a seguir mediante la creación de foros de análisis rápido con expertos locales y nacionales, y colaborando directamente con las autoridades sanitarias para llevar a cabo investigaciones aplicadas entorno a necesidades regionales. Dado que los impactos económicos y fiscales de las acciones para contener la epidemia variarán mucho a lo largo de la frontera (tanto de sur-norte como este-oeste), es urgente un esfuerzo de investigación para evaluar los impactos a escala regional, así como los impactos específicos en cada comunidad. Las universidades regionales deben tomar la iniciativa en la identificación de un conjunto adecuado de indicadores básicos para la modelación y la evaluación multiescalar y transfronterizas.
Por último, en este tiempo sin precedentes, la frontera debe abordarse con una perspectiva basada en hechos y orientada a las soluciones, y dejando de lado representaciones ideologizadas de la región. Crisis como la creada por COVID-19 tiene el potencial de amplificar las narrativas que retratan a la frontera como una fuente de problemas sociales y de salud pública y como una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos, como lo muestran las declaraciones del presidente Trump expresando que la expansión del muro fronterizo es necesaria para detener la propagación de COVID-19. Aunque abordar la frontera con una perspectiva equivocada se ha convertido en algo común, los riesgos son más altos esta vez. El costo de ceder ante discursos de desconfianza, ira y miedo equivale a abandonar la comunicación, la deliberación y el acuerdo que son esenciales para navegar eficazmente la complejidad de la frontera y apoyar la toma de decisiones eficientes. También puede entorpecer el retorno al nivel de movilidad e interacción transfronteriza que existía antes de COVID-19 y dificultar la recuperación de la región.
