En Estados Unidos, la pandemia del COVID-19 ha resultado el pretexto perfecto para implementar una política migratoria rígida que no permite el ingreso de ningún solicitante de protección internacional. Por otro lado, también ha acelerado los procesos de expulsión de migrantes recién detenidos en la frontera.
El documento, “Personas migrantes en Tijuana frente al COVID-19: impactos y consecuencias de las medidas sanitarias desde la perspectiva de los actores” es una investigación elaborada por los Drs. Juan Antonio Del Monte (El Colef) y Robert McKee Irwin (UC Davis), y está basada en la aplicación del cuestionario “La vulnerabilidad de los migrantes en Tijuana en el contexto de la crisis de salud pública actual”, el cual ha sido desarrollado por el Global Migration Center de la Universidad de California, Davis (UC Davis) y el Observatorio de Legislación y Política Migratoria de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef).
El objetivo del cuestionario ha sido evaluar, desde la perspectiva de los actores, las repercusiones que han tenido, en poblaciones migrantes en Tijuana, las medidas aplicadas durante uno de los momentos más críticos del desarrollo de la pandemia por COVID-19.
Medidas gubernamentales
En Tijuana, el gobierno tiene el argumento de estar canalizando a deportados al Centro Integrador del Migrante “Carmen Serdán” y no ha apoyado a los albergues que están lidiando con la emergencia migrante ante el COVID-19.
Salvo algunas consideraciones locales, las medidas gubernamentales se han mostrado insuficientes para atender la problemática vinculada con la población migrante y el COVID-19, lo que representa un descuido de su obligación para proteger los derechos humanos de las personas en situación de movilidad.
Líneas de posible acción
A la Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos: Implementar un protocolo binacional sanitario para personas retornadas de Estados Unidos a México.
A la Dirección de Desarrollo Social Municipal de Tijuana: Promover un mecanismo de abastecimiento alimentario para las personas migrantes y callejeras que sobreviven de los desayunadores.
Al Instituto Nacional de Migración: Extender el plazo de la vigencia de los documentos de migración expirados con el fin de asegurar un estatus regular migratorio de los solicitantes de asilo en México.
Al Instituto Nacional de Migración: Promover la transparencia respecto a la gestión de los Centros Integradores para el Migrante.
A la Secretaría de Bienestar y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno de Tijuana: Otorgar facilidades desde el gobierno municipal para asegurar el abastecimiento de insumos alimentarios y de seguridad.
A la Secretaría de Desarrollo Económico del gobierno de Tijuana: Generar acuerdos con empresas proveedoras de servicios básicos para que los espacios de atención a migrantes puedan diferir el pago de los mismos o condonarlos.
A la Dirección Municipal de Salud del gobierno de Tijuana: Implementar campañas de información sobre el manejo del COVID-19 con poblaciones que habitan en las calles de la ciudad.
En Estados Unidos: adaptar una política lógica y coherente respecto a la salud pública regional y la migración.
A la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y a los Servicios de Inmigración: Hay que cerrar fronteras para minimizar los riesgos de contagio, habrá que suspender de inmediato las deportaciones.
El documento completo se encuentra en: https://www.colef.mx/wp-content/uploads/2020/06/8_Personasmigrantes.pdf
