Los sucesos políticos a gran escala, en la mayoría de los casos, repercuten de manera importante en el desarrollo de secuelas traumáticas y ecos psicológicos en la estabilidad de las demografías. Los motivos que propician el abandono de la tierra natal han estado, por lo general, ligados a una dialéctica de enfrentamientos geopolíticos. Esta presión, causada por circunstancias extraordinarias y traumáticas, se manifiesta con especial intensidad en las poblaciones migrantes, que se encuentran lejos de casa y suelen carecer de una base existencial sólida.
En un estudio titulado “Psychosocial and mental health during the COVID-19 lockdown: A rapid qualitative study in migrant shelters at the Mexico-United States border”, publicado en la Revista Salud Mental, las académicas de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), Ietza Bojórquez, Olga Odgers-Ortiz y Olga L. Olivas-Hernández estudian ampliamente el fenómeno del acceso a medidas de salud psicológica y problemas persistentes relacionados con la psicología en poblaciones migrantes alojadas en albergues en la ciudad de Tijuana, Baja California. El artículo enfoca el análisis en las condiciones materiales de los migrantes afectadas, directa o indirectamente, por la aparición del COVID-19 y con él de las medidas sanitarias, como la reclusión o el fortalecimiento de las fronteras y sus procesos burocráticos, en un mecánico ejercicio de biopolítica.
La metodología seguida por las investigadoras es sencilla, y trabaja conjugando un análisis cualitativo entre entrevistas rápidas a los encargados de ocho refugios migrantes en Tijuana con un estudio etnográfico que ya se estaba realizando en la región. Para contextualizar los resultados, estos serían ubicados dentro de los distintos niveles de la pirámide de apoyo psicosocial y de salud mental, adscrita al Comité Permanente entre Organismos (IASC) de las Naciones Unidas.
Tal como ocurrió con las condiciones políticas, económicas y diplomáticas concretas de los migrantes en relación a la pandemia, la salud psicosocial se ve considerablemente afectada cuando se combina un éxodo con una crisis sanitaria global.
Frente a esa crisis, los organizadores de los albergues y refugios tuvieron que gestionar, al mismo tiempo, el decrecimiento de recursos materiales y humanos, el distanciamiento y aislamiento físico y el empeoramiento en la estabilidad emocional (psicosocial) de los migrantes refugiados. Ciertamente, se trabajaron medidas organizadas por los propios migrantes, que buscaban distribuir y sobrellevar la carga que representaba su situación. También se hicieron esfuerzos legítimos por seguir la alternativa telefónica, con líneas de apoyo gratuitas.
Sin embargo, y a pesar de los resultados conseguidos, continúan siendo medidas insuficientes. Tal como señalan las académicas, incluso estas medidas acababan por agotar sus recursos. Las vías alternas, necesarias ante la escasez, no garantizan el éxito de los programas de apoyo, y puede acabar convirtiéndose en un problema mucho más palpable. Tanto los estados nacionales como la sociedad civil le deben un esfuerzo y un sentido de comunidad férreo a las caravanas migrantes y a los refugiados.
Asimismo, cabe recordar que las crisis psicosociales de las personas en contextos de movilidad no existen en ningún vacío, sino que forman parte de la compleja red de problemas preexistentes, como el precario acceso a alimento y hospedaje, a medidas sanitarias dignas y una respuesta ágil en sus procesos por parte de la burocracia aduanal. Es necesario reivindicar el derecho a la salud mental a la altura del resto de derecho usualmente reivindicados.
El artículo se encuentra disponible a través de: https://bit.ly/3ixAAZd
Reseña escrita por Ricardo Guerrero.
