En México, sobre todo en las dos últimas décadas, se ha popularizado el neologismo “Narcoestado”. El concepto engloba una ausencia sistemática del Estado en una determinada región, que es aprovechada por los cárteles de la droga para imponer sanciones y funciones que en una democracia le competen únicamente al Estado. Esto va desde el cobro de renta y piso, hasta la imposición de sistemas de seguridad, salario y en general formas de vida. Sin embargo, este concepto se ha quedado insuficiente, a la luz del desarrollo que han experimentado los grupos delictivos mexicanos en la última década.
Para el doctor Andrés Sumano Rodríguez, investigador de El Colef, en su artículo “Gobernanza en entornos de alta violencia y prevalencia de grupos criminales organizados: una aproximación desde la nueva gobernanza pública”, plantea que, es necesario entender el fenómeno del Narcoestado desde unos horizontes semánticos mucho más amplios que una mera falta de instituciones democráticas en un determinado territorio; corresponde, más bien, a una dialéctica de gobernanzas entre Estado y narcotráfico, en la que ambas partes juega un rol agente, que acaba por mermar en la seguridad y autonomía de los pueblos.
A través de la crítica al sistema burocrático, como pretendida panacea de las cuestiones públicas, el académico analiza la complejidad del problema de la seguridad pública en méxico y su ola de crimen organizado; la burocracia es eficaz para ser asimétrica, es inamovible en su creatividad resolutora. Al punto de lo experimentado en los recientes sucesos de violencia en diferentes estados del país, la vía burocrática ha demostrado ser ineficaz.
A pesar de ello, el autor no deja de reconocer los admisibles cambios traídos por la nueva administración pública, que enfoca sus esfuerzos en la calidad del resultado, y no en la fidelidad del proceso. Sin embargo, reaparece el hecho de que se trata de técnicas traídas de los servicios privados, y que apenas han entregado resultados satisfactorios. En ese sentido, Sumano recupera el argumento del replanteamiento del Estado, no como un ente abstracto y unificado, sino como una suma de órganos que se comunican dialécticamente entre ellas y con la sociedad a la que administran. En ese marco, Sumano ejemplifica con los contados casos de éxito en materia de seguridad del gobierno, que están caracterizados por haber sido alianzas cuasi-horizontales entre gobierno, sociedad y sector privado.
Hacia la conclusión de su artículo, el doctor remarca la necesidad del enfoque de la nueva gobernanza pública, porque actualiza los visores políticos del Estado, ayuda a entender en un sentido estructural la problemática del crimen, y propone soluciones que involucran agentes plurales, que puedan sumar sus voluntades y experiencias para solucionar la violencia armada.
En su fundamento ontológico, la nueva gobernanza responde a la necesidad de mirar el crimen no como una ausencia de Estado, sino como una negociación de éste con aquel, administrando los porcentajes de poder, en un movimiento que parece describir la necesidad de todo estado político de improvisar soluciones adecuadas que fluctúan según el contexto y el momento histórico.
