Es evidente que, en los Estados Unidos Mexicanos, el surgimiento de centros urbanos ha estado marcado por ritmos desiguales. Basta ver cómo no es sino hasta bien entrada la década de los ochentas en que ciudades como Tijuana experimentan un crecimiento demográfico y urbanístico significativo, devenido, en gran medida, por la aparición de la industria maquiladora y los flujos migratorios que desembocan en el umbral de la franja fronteriza. Tal ha sido el caso de gran cantidad de ciudades ubicadas en dicha región.
Esta mentalidad de planificación, enfocada en el rendimiento industrial y económico, ha dejado de lado los espacios recreativos y las áreas caminables, necesarios para cualquier urbe desde que los seres humanos dejaron de ser tribus nómades y empezaron a asentarse. La filosofía del urbanismo liberal ha lastrado los índices de desarrollo humano, recluyendo a los individuos en fraccionamientos poco adecuados para las necesidades sociales, plagando la geografía de recintos familiares con dimensiones impropias, y disparando los costos en el desplazamiento de las poblaciones.
La Dra. Lourdes Romo Aguilar, investigadora de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), y la Mtra. Leticia Abigail Pérez Pulido, egresada de la Maestría en Acción Pública y Desarrollo Social de El Colef, en su artículo “Planes de desarrollo urbano: instrumentos de legitimación en la expansión urbana de Ciudad Juárez, Chihuahua”, analizan la incursión del neoliberalismo (a través de la figura de los empresarios) en la política de desarrollo urbano de las ciudades fronterizas durante el curso del siglo XX y hasta la segunda década del siglo XXI, y su contribución al crecimiento de la mancha urbana en términos de inadecuación socioterritorial.
La transición de la ciudad como centro urbano-obra a centro urbano-producto es explicada por las autoras mediante los textos del teórico marxista focalizado en materia de urbanismo Henri Lefebvre, quien dictamina este proceso como una apropiación del espacio público por parte de la nueva burguesía, en que el ordenamiento de las calles y las avenidas se configura dentro de la lógica del capital posfordista; ciudades diseñadas para los autos y las grandes naves industriales, no para las personas, parques, plazas y callejones caminables. En consecuencia, las ciudades estratifican su fenomenología urbana en función de quién tiene el dinero para acceder a las mejores zonas de las urbes, a pagar los mejores servicios y aprovechar las vialidades en mejores transportes.
Aterrizando estas nociones en el contexto mexicano, las doctoras notan que las propuestas de muchos autores respecto a la crisis de planeación urbanística parecen haber sido tomadas en cuenta de manera prematura por el estado mexicano de principios del siglo XX. Sin embargo, pasada la mitad de ese siglo, las medidas demostraron ser ineficaces debido a la ausencia de una infraestructura institucional sólida que permitiese incluir activamente a las poblaciones de clase obrera en la planificación de sus centros urbanos, y palear de esta manera las mentadas desigualdades.
La política de desarrollo urbano, como gran cantidad de políticas públicas, señalan las académicas, devino en un vacío legal que permitió la creciente toma de poder por parte de los intereses empresariales de las ciudades mexicanas.
En ese sentido, apuntan, el crecimiento de la mancha urbana se conjuga dialécticamente con otras formas de explotación sobre las poblaciones obreras: la precarización salarial, el daño medioambiental, el hacinamiento y la delincuencia, entre otras. Para el caso particular de Ciudad Juárez, esta problemática se exacerba porque está presente en la ciudad desde 1950, y los planes y políticas emprendidas por el gobierno han tenido un efecto poco palpable.
A partir de esta base, las autoras emprenden una exhaustiva revisión, tanto de la bibliografía generada alrededor de la problemática de la planeación urbana (a nivel general y regional), como de la transición en materia de leyes que regulan la ordenación del territorio en pos de fines económicos, políticos y sociales. La conclusión resulta clara; a pesar de los esfuerzos, tanto estatales como civiles por aumentar el grado de participación ciudadana en la elaboración de planes urbanísticos, son los intereses privados los que acaban imponiéndose durante el proceso de ejecución, diluyendo los pocos avances políticos en favor de la materia económica.
Las autoras señalan, asimismo, como un grave problema la combinación de diferentes niveles de gobierno en la resolución del conflicto, que para el caso de Ciudad Juárez, ha dado con un gobierno estatal que diseña planes para el nivel de gobierno municipal, que luego este no puede cumplir satisfactoriamente, sea por la falta de recursos o por la prevalencia del poder empresarial.El artículo se encuentra disponible a través de: https://estudiosdemograficosyurbanos.colmex.mx/index.php/edu/article/view/1924
