Investigadores y trabajadores de El Colegio de la Frontera Norte preocupados por el operativo de “limpieza” realizado en El Bordo, Tijuana
Debido al elevado número de repatriaciones de personas que vivían desde hacía años en Estados Unidos, y que ya no tienen familiares cercanos en México, muchos migrantes han quedado estancados en Tijuana durante los últimos años, sin tener la oportunidad de volver a cruzar la frontera para reunirse con sus familiares y sin disponer tampoco de recursos para reintegrarse socialmente en su propio país. En tal sentido, la situación de calle en la que se encuentran muchos deportados se ha convertido en una condición sistemática y sólo tenderá a agravarse, a menos que los gobiernos generen programas que garanticen protección a la seguridad e integridad de las personas, y faciliten la reintegración social.
A principios de este mes, el Lic. Jesús Alberto Capella Ibarra, Secretario de Seguridad Pública del Municipio de Tijuana, informó que próximamente se harían labores de limpieza de la canalización del Río Tijuana, a la altura del Bordo. Debido a que estas labores contemplan la remoción de los migrantes que viven en esa zona, aseguró que se crearían las condiciones humanas para que estas personas pudieran vivir en otro lugar. Sin embargo, el día lunes 5 de agosto iniciaron las labores de limpieza con retroexcavadoras, y se empezó a “sacar” a los migrantes que se encontraban en la zona, sin darles alternativas de vivienda.
Los operativos de limpieza de la canalización atentan contra los derechos humanos de las personas que ante la falta de opciones de vivienda, han optado por permanecer en la zona del Bordo. Nos preocupa que tales acciones se lleven a cabo sin antes asegurar un espacio digno para esas personas.
En tal sentido, las autoridades municipales y el Secretario de Seguridad Pública del Municipio de Tijuana han informado a los medios que para tal propósito de reintegración, están por ejecutarse 40 millones de pesos recibidos de la Federación. Consideramos que ese presupuesto debe ejercerse con transparencia, en beneficio de la población que vive en el Bordo. Asimismo, debe realizarse previamente un diagnóstico sobre las características sociodemográficas de la población que vive en esa zona, para conocer, entre otros aspectos, cuáles son las capacidades, los oficios, los niveles educativos y los conocimientos lingüísticos de la población deportada que ahí reside. Esto permitiría el diseño de programas de atención fomentando la reinserción social a través de la capacitación profesional y el cambio residencial.
Sin una acción orientada y coordinada, que conjunte esfuerzos de todos los ámbitos gubernamentales y de la sociedad, Tijuana continuará siendo una ciudad en la que se violan los derechos humanos de los migrantes deportados.
Atentamente
María Dolores París, José Manuel Valenzuela, Laura Velasco Ortiz, Rodolfo Cruz Piñeiro, Olga Odgers Ortiz, Guillermo Alonso, Lina Ojeda, Patricia Rivera, Nora Bringas, María Isabel Chong Martínez, Ietza Rocío Bojórquez, Ana Lilia Nieto, René Zenteno, Redi Gomis, Jorge Carrillo, Márgara de León, Claudia Marcela Achoy, Juan Manuel Ávalos González, Mariel Miranda, Yhaira González, Angélica Estrada, Nancy Utley, Laura Jáuregui, Guadalupe Ramírez, Rosio Barajas, Luis Miguel Villa, Gerardo Ordóñez, Cristina Von Glascoe, María Eugenia Anguiano, Alejandra Castañeda, Raúl Sergio González Ramírez, Ana Claudia Coutigno, Eva Palacios, Martha Pineda, Joel Pedraza Mandujano, Georgina Guerra, Larissa Posada del Real, Amalia E. Campos Delgado, Silvia Mejía, Araceli Almaraz, María José Rodrigo, Kristofer Patrón Soberano, Ana Barajas, Flor Arballo, Ruth Gaxiola, Jhonnatan Curiel, David García, Marlene Solís Pérez, Deysi E. Soto, Erika Ivett Trinidad, Margarita Valencia Triana, Lorena Pérez Floriano, Sergio Zermeño Ochoa, Elizabeth Méndez Mungaray, Juan Antonio del Monte Madrigal, Nallely San Juan Hernández.