El Colegio de la Frontera Norte y el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica ofrecen este programa con el fin de responder a la necesidad de capacitación de servidores y servidoras públicas para que conozcan, desde una perspectiva multidisciplinaria, las características del delito de Trata de Personas así como las formas de prevenirlo, atenderlo y combatirlo. El programa contempla un Diplomado en Trata de Personas. Un análisis multidisciplinario de 120 horas que se imparte simultáneamente en 12 estados, y un Seminario Internacional a realizarse próximamente en la Ciudad de México.
El programa del diplomado que ha dado inicio de forma exitosa con un grupo de 430 participantes, está diseñado principalmente para servidores y servidoras públicas que operarán en los Centros de Justicia para las Mujeres y/o personal de las Procuradurías Generales de Justicia de los Estados y/o Fiscalías de los Estados, involucrados/as en la prevención, atención y persecución de la Trata de Personas y/o atención a víctimas de este delito, de las siguientes entidades federativas:Aguascalientes, Chiapas, Durango, Estado de México, Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala.
El diplomado busca entre sus objetivos, otorgar a las y los participantes las herramientas necesarias para la prevención y persecución del delito de Trata de Personas, así como en la identificación, asistencia y protección de las víctimas del mismo, apegándose al marco del respeto a la dignidad, la equidad de género y los derechos humanos. Y contribuir al fortalecimiento de la capacidad de las áreas gubernamentales con competencia en este tipo de delitos.
El diplomado es coordinado por la Dra. María Dolores París Pombo, de El Colegio de la Frontera Norte y por el Dr. Rodolfo Casillas Ramírez de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
Para conocer más sobre la planta docente, metodología e información general visite: http://www.colef.net/
Contexto
La Comunidad Internacional adoptó en el 2000 la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional; así como el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños que la complementa (Protocolo de Palermo). Su objetivo es prevenir y combatir la Trata de Personas, proteger y socorrer a las víctimas de este delito y promover la cooperación entre los Estados para alcanzar esos objetivos.
La entrada en vigor en diciembre de 2003 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada transnacional, junto con sus Protocolos sobre la Trata de Personas y el tráfico ilícito de migrantes, ha realzado la importancia sobre la problemática en torno a este delito. El Protocolo sobre la Trata de Personas de la nueva Convención de las Naciones Unidas estipula que los Estados ratificantes deben adaptar su legislación nacional y los procedimientos para aplicar los principios establecidos por este instrumento.
Para solventar los graves y crecientes problemas que genera el delito de Trata de Personas. Los órganos encargados de velar por el cumplimiento de las leyes y el personal encargado de la operación del sistema de justicia necesitan una formación integral que les permita entender todos los componentes del delito de Trata de Personas.
En este sentido, México ratificó el Protocolo Adicional sobre la Trata de Personas, en especial Mujeres y Niños en diciembre del 2000, que complementa la Convención Internacional contra el Crimen Trasnacional Organizado que entró en vigor en diciembre del 2003; sin embargo, sus contenidos son aún poco conocidos lo que dificulta hasta este momento una comprensión integral de la problemática.
México ha iniciado un claro compromiso para prevenir y reprimir la Trata de Personas en el país, muestra de ello es la expedición en el 2007 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y su Reglamento en el 2009; así mismo, varias entidades de la República Mexicana han realizado reformas al interior de su legislación penal con la finalidad de tipificar la Trata de Personas como una conducta criminal grave, adoptándose medidas complementarias que integren el enjuiciamiento y el cabal cumplimiento de la legislación, además de otras basadas en el empoderamiento y la asistencia/desarrollo social, que propicien la prevención, la rehabilitación y la reinserción de las víctimas.
A fin de desarrollar estrategias integrales, el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana en la Sesión XXXI del Consejo Nacional de Seguridad Publica sometió aprobación como Programa de Prioridad Nacional el Acceso a la Justicia para las Mujeres el cual fue aprobado en el Eje de Fortalecimiento de la Procuración de Justicia. Derivado de ello, mediante el programa de Acceso a la Justicia para las Mujeres se le otorgó presupuesto del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados (FASP) 2012 y del Subsidio para Apoyo a las Entidades Federativas en materia de Seguridad Pública (PROASP). Este programa tiene como meta la creación y/o fortalecimiento de los Centros de Justicia para las Mujeres en donde se contempla como parte de sus atribuciones la prevención, atención y persecución del delito de Trata de Personas, de forma secuencial y multidisciplinaria.
En este contexto se apoyan los esfuerzos de los Centros de Justicia para las Mujeres y/o Procuradurías Generales de Justicia de los Estados y/o Fiscalías de los Estados a fin de generar estrategias de combate contra este flagelo social, confrontando la problemática a través de acciones dirigidas a la promoción, protección y respeto de los derechos humanos de las víctimas de la Trata de Personas con perspectiva de género.
