A pesar de tratarse de uno de los delitos menos denunciados a nivel general, la trata de personas, como forma contemporánea de la esclavitud, abarca un sinnúmero de países, agentes políticos y asociaciones comerciales. En casos de criminalidad exacerbada, como suele tristemente ocurrir en territorio mexicano, esta inhumanidad se mezcla con otras como el narcotráfico, la venta de órganos, la extorsión y el secuestro, para dar pie a una especie de posmodernidad tardía del crimen organizado, en el que ha asumido de manera absoluta su esencia al servicio del neoliberalismo.
A través del artículo “Análisis de la Implementación de la Política Pública Contra la Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual en Nuevo León, México”, escrito por la doctora Carolina Guadiana Sánchez (Universidad de Monterrey) y el doctor Jesús Rubio Campos (El Colegio de la Frontera Norte), se realiza una revisión sistemática y dialógica de los resultados obtenido por el programa gubernamental contra la explotación humana y la trata de personas, funcional desde 2007, con resultados recogidos hasta 2018. El estudio se focaliza, geográficamente, en la zona de Monterrey, Nuevo León. Respecto a la investigación desde un ángulo epistemológico, los especialistas se apoyan en un modelo de revisión de literatura especializada sobre el tema (así como documentos legales y otros análisis) y en las entrevistas semiestructuradas, tanto a actores del estado como de la sociedad civil, a fin de recabar una perspectiva más amplia del fenómeno.
México sobresale como el quinto país con más casos de explotación humana de esta índole, en relación a los países pertenecientes a Centroamérica, Sudamérica y el Atlántico. Dentro de las cifras disponibles, pueden leerse ciertas correspondencias políticas vitales para que el negocio de la trata aflore en determinados estados. Resulta paradigmático el caso de Monterrey, Nuevo León, que ingresa mensualmente alrededor de 400 mujeres en la trata. Aquí, los autores establecen una lectura referencial, que asocia la cercanía con Estados Unidos y el turismo sexual como una de las principales causas.
Al abordar el tema de la literatura elegida, resaltan como importante la perspectiva del género, pues sus citadas estadísticas y reportes se inclinan en cantidad hacia la demografía femenina. En ese sentido, también enlaza la incidencia de la trata con la de la prostitución, lo cual enfatiza aun más la mirada desde los estudios de género. Alrededor también se conjugan otras circunstancias multifactoriales: la condición migrante, la pertenencia a alguna etnia y cultura específica, entre otras.
A la luz de dicho marco contextual, se analiza críticamente la implementación del mencionado programa federal contra la trata de personas, que pretendía acabar efectivamente con estos casos de criminalidad. Respecto a este esquema gubernamental, los académicos apuntan que se debe considerar implícita la intensa corrupción patente en el sistema de justicia mexicano. La mayor parte de las veces, señalan, los responsables de los delitos de trata y prostitución cuentan con un escudo de sobornos, que impide, de base, toda investigación.
Se le añade a esa larga ristra de obstáculos el hecho de que muchas de las leyes y reformas jurídicas contenidas en dicho plan no consideraban factores importantes dentro del proceso de la trata como punibles. Esto deviene en contradicciones, como que se busca detener la trata, pero no se castiga o se toma en cuenta la prostitución forzada.
Los resultados reflejan a un estado que ha movilizado ciertos mecanismos jurídicos y judiciales para frenar el problema del comercio humano y la moderna esclavitud. Sin embargo, estos esfuerzos, comprobables por demás, no se sintetizan en las cifras ofrecidas por los principales estudios respecto al tema.
A modo de conclusión, los investigadores suman las precarias condiciones bajo las que operan las leyes y campañas que están destinada a combatir el lenocinio. La corrupción medular del sistema judicial mexicano, las asimetrías entre leyes estatales y federales, códigos penales desactualizados, nula presencia de campañas de concientización a nivel público, pocos e inadecuados albergues para las víctimas que logran escapar de esta trágica situación, juicios que se llevan a cabo en contra de ciertos protocolos.
En general, se requieren esfuerzos coordinados entre estado y sociedad civil; una mayor compenetración en las causas estructurales que mueven estas redes transnacionales y las hacen generadoras de riquezas ilícitas.
El artículo se encuentra disponible para consulta y descarga a través de: https://www.revistas.usach.cl/ojs/index.php/politicas/article/view/4383
