La Asamblea General de las Naciones Unidas, promulgó como el 22 de marzo el Día Mundial del Agua, la conmemoración anual busca atraer la atención en la importancia del agua dulce y la defensa de la gestión sostenible de los recursos.
De acuerdo a datos de la ONU, 2.1 millones de personas viven sin agua potable en sus hogares. Más de 700 niños menores de cinco años mueren todos los días de diarrea, a causa del agua insalubre o un saneamiento deficiente. El tema de este año es ‘‘No dejar a nadie atrás’’ una adaptación de la promesa central de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: todo el mundo debe beneficiarse del progreso del desarrollo sostenible.
En ese sentido, el Dr. Alfonso Cortez, Investigador del Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef) sede Mexicali, hace una reflexión acerca de la inclusión en la distribución del agua en nuestra región fronteriza.
De acuerdo al especialista, la inclusión es una materia importante que aún está pendiente por resolver, ya que todavía existen zonas, tanto en el campo como en la ciudad, donde no hay acceso o no se incluye a todos los usuarios al acceso al agua (sobre todo a los más desprotegidos y en zonas vulnerables). A nivel nacional existe una diferencia aún más notoria en esta falta de acceso e inclusión (entre la gente del norte, del centro y sur del país).
Señala que para lograr una mayor inclusión, es necesario buscar consensos, que propicien la facilidad para una amplia participación ciudadana en la toma de decisiones respecto al cuidado y distribución del vital líquido. Lo anterior implica un cambio en la gobernanza del agua; que sea entendida como una gobernanza ambiental democrática, que incorpore las voces de los diferentes actores involucrados en el tema; quienes trabajan en favor del medio ambiente, quienes trabajan en la agricultura, individuos de escasos recursos que viven en colonias marginadas y sufren la escasez de agua potable. Para lograr una toma de decisiones que sea mucho más horizontal.
La ONU destaca que 700 millones de personas en el mundo podrían verse forzadas a desplazarse debido a la escasez de agua de aquí al año 2030. En este sentido, el especialista hace énfasis en la situación actual del valle de Mexicali, una región amenazada por el cambio climático que está ocurriendo a nivel de la cuenca del río colorado, y que vive la problemática de la instalación de una planta cervecera altamente extractiva de agua.
‘‘El caso de la cervecera es emblemático de este tema. Acabo de terminar un estudio, realizado a petición de Conacyt, para revisar todo lo que sucede en torno al caso de la cervecera (manifestación de impacto ambiental, antecedentes, proceso, aceptación social) y los resultados me tienen preocupado’’.
De acuerdo al estudio realizado por el Dr. Cortez, la cervecera pretende obtener una parte del recurso hídrico de las aguas subterráneas del valle y otra parte, de la ciudad de Mexicali. Amenazando a una zona semiárida por naturaleza.
Asegura que es necesario, para tener una sociedad inteligente, que se vigile cómo se utilizan sus propios recursos para el desarrollo. En ese sentido, enfatiza que si la decisión se sometiera a consenso, que tomara en cuenta la inclusión en el acceso de agua, así como la vigilancia de que los servicios de agua abastezcan las necesidades de los habitantes del valle de Mexicali, la opinión de la sociedad debería ser tomada en cuenta.
En torno a este tema manifiesta que para resolver la problemática, la decisión de continuar o suspender definitivamente la construcción de la planta cervecera, debería determinarse por medio de la voluntad popular, a través de un proceso de consenso, inclusión social y participación ciudadana amplia así como la vigilancia social efectiva.
El Dr. Alfonso Cortez concluyó que hay mucho por resolver en materia de política pública, infraestructura e inversión pública; remarcando en que este último aspecto debe ser atendido, ya que lo que predomina actualmente es la incorporación del sector privado en el tema del agua, y esto no contribuye a alcanzar la meta de garantizar la inclusión en la distribución de agua potable, como se contempla en los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU.
