Durante los últimos años la violencia y la (falta de) seguridad se convirtieron en temas de primer orden para nuestro país. Tanto el período de la llamada guerra contra el narco, en 2008, como la reciente oleada de rencillas por el poder en el mundo criminal han puesto el ojo público sobre las acciones que el estado tomará para resolver estos conflictos. A pesar de que abundan asuntos en la esfera internacional (la reciente polémica con Ecuador, por mencionar uno de ellos), la seguridad interna sigue siendo relevante, quizá más que nunca.
En ese sentido, la Dra. María Artemisa López León, del Dpto. de Estudios de Administración Pública, señaló que esta violencia ha dejado sentir sus efectos desde hace, por lo menos, un cuarto de siglo en nuestro país, lo cual ha desembocado, consecuentemente, en una sistemática violación de los derechos humanos, en especial los que conciernen a la vida y al libre desplazamiento y asentamiento.
Con ese marco de fondo, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presentará este 8 de mayo un proyecto de sentencia para el amparo de más de 80 personas de varios núcleos familiares interrelacionados de Chihuahua, que tuvieron que abandonar su lugar de vivienda a causa de la narcoviolencia, y que esperan verse reparadas y compensadas por el daño sufrido. La CNDH se encargó de exigir ante las instancias gubernamentales resultados en sus diligencias, puesto que la inactividad del estado frente a estas violaciones constituye una ausencia del derecho al acceso a la seguridad y la vida.
El caso, resaltó la académica, es notable no sólo por constituir el primer caso que se aborda de desplazamiento forzado interno, ni por la presencia de varios niveles de gobierno, sino también porque existen infancias y mujeres que han tenido que sufrir esta experiencia de manera directa y cuyos derechos se han visto vulnerados.
Puede accederse al programa completo a través del enlace: https://www.youtube.com/watch?v=I_lRKM4pqPo
