Los primeros exploradores que recorrieron la región, a finales del siglo XIX e inicios del XX, reconocieron la abundancia de vida silvestre en el mar, particularmente peces como la totoaba, curvina golfina, chanos y sierra, y también con presencia del camarón azul, entre otras especies. Esta variedad llevó a que el Alto Golfo de California fuera el asentamiento de actividades pesqueras.
Esta actividad permitió el desarrollo de la región y representa el sustento de cientos de familias. Con datos del portal dataMares (2015) suspender la pesca durante un año generará una pérdida aproximada de 263.3 millones de pesos para San Felipe y 645.3 millones de pesos para Golfo de Santa Clara. Sin embargo, se han cumplido más de cuatro años de la veda pesquera en aras de preservar especies como la vaquita marina o la totoaba (especímenes en peligro de extinción).
No han sido pocas las discusiones y encuentros entre pescadores y autoridades de los tres órdenes de gobierno para resolver la situación de crisis económica que viven los pescadores y personas que dependían de esta industria en la región que han perdido su sustento y la condición de las especies en peligro de extinción tampoco ha mejorado. Este escenario ha llevado que el 6 de enero del 2020 la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) pasara la coordinación de la atención de la crisis de la región a la Secretaría de Gobernación.
En los medios de comunicación se ha abordado el tema desde la perspectiva medio ambiental y de la industria pesquera, sin embargo, una arista del fenómeno que no ha sido abordado de manera tan amplia ha sido el de la implementación de políticas públicas que llevaron al fomento de la industria pesquera pero que también han sido parte fundamental del estado de crisis en la región del Alto Golfo de California.
El origen
Fue durante la década de 1970 cuando el gobierno de México fomentó la actividad pesquera. “La principal política regulativa aplicada en este periodo de fomento a la actividad pesquera, fue el otorgamiento de derechos exclusivos a las cooperativas para la explotación de especies con alto valor comercial mediante concesiones, además del acceso a créditos para el avituallamiento t transferencia tecnológica”, explica el Dr. Carlos Vázquez, investigador del Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente de El Colef, en el artículo “Políticas públicas y el estado de crisis en la región del Alto Golfo de California, México”.
Fue en 1972 cuando el gobierno emite la Ley Federal para el Fomento de la Pesca, lo que otorgó, a las cooperativas, derecho exclusivo de pesca de: camarón, langosta, abulón, totoaba, almeja pismo, ostión y cabrilla, especies con alto valor comercial. Además se crearon programas que daban créditos para la compra de embarcaciones.
Sin embargo, es en esta década que comienza lo que hoy se conoce como la crisis. En la década de 1960 se reportaron, en promedio, una pesca de 2,200 toneladas de totoaba; para 1975 el volumen fue de 59 toneladas. Esto generó que la pesca de esta especie se reportara como pesca sobreexplotada y en 1976 se enlista como especie en peligro de extinción. “Circunstancia determinante para la declaración de la veda total por tiempo indefinido de esta especie”.
El otro acontecimiento relevante, detalla el Dr. Vázquez, fue que la población de la vaquita marina se estimó entre 200 y 300 individuos y una mortalidad de hasta 10 por día. Estimación que propició una serie de esfuerzos para contener la mortalidad relacionada a las redes de pesca de totoaba y camarón.
“Ambos sucesos son relevantes para describir el complejo proceso que se gestaba en esta región, el cual inició por el endeudamiento de las cooperativas y derivó en crisis económica fomentada por las restricciones a la pesca de la totoaba debido a la sobreexplotación y captura clandestina”.
El tiempo de crisis
Lo que se había impulsado en la década de 1970, respecto al fomento del cooperativismo pesquero, se perdió. Debido a la crisis financiera, muchas embarcaciones adquiridas fueron transferidas al sector privado o embargadas. Pero, durante la década de 1980, pese a la veda y regulación en la pesca de ciertas especies, la pesca de camarón llegó a ser la más importante de la región por sus volúmenes de captura y económicos.
Sin embargo, al igual que con la totoaba en 1975, el camarón fue sobreexplotado. De 1985 a 1986 el volumen de captura fue de poco más de 14 mil toneladas. En 1989 fue de poco más de 7 mil toneladas y para la temporada 1991-92 lo fue de apenas de 6 mil. Lo que generó el clima para una crisis económica.
Para la década de 1990, la pesca del camarón era insostenible y la industria colapsó. “Volúmenes decrecientes de captura del camarón, la variabilidad del precio de este producto en los mercados y las crisis económicas con tendencia a largo plazo provocaron que en las temporadas de 1992-93 y 1993-94 la captura de este crustáceo se redujo hasta 70 por ciento”.
De igual manera, ante las estimaciones del volumen de la vaquita marina y la totoaba, el gobierno interviene promoviendo políticas dirigidas a la conservación y protección de ambas especies. En 1993 se decretó la región del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado como área natural protegida.
Sin embargo esto esfuerzos no fueron suficientes, en la primer década del 2000, el consenso internacional llevó a el gobierno de México a implementar nuevos programas y políticas en busca de preservar a la vaquita marina.
Se prohibieron el uso de ciertas redes de pesca. En 2004 y 2005 se otorgaron compensaciones económicas a los pescadores para que cambiaran de actividad productiva. Se prohibieron completamente actividades de pesca en ciertas zonas de protección, además de hacer de manera obligatoria el sistema de localización y monitoreo satelital.
Aunque, con todos los esfuerzos a cuestas, en la década de 2010 se materializó la amenaza de la extinción de la especie. “Se generaliza la percepción del riesgo y aumenta la idea de la inminente extinción de la especie vaquita marina. Esto origina diversas imputaciones, se incrimina principalmente al sector pesquero”.
Pero, diferente a las crisis de décadas anteriores, fue en ésta en donde la respuesta del sector pesquero se visibilizó a través de los medios de comunicación. En 2014, pescadores de la cooperativa Pueblo Indígena Cucapá obstruyeron la carretera exigiendo diálogo con la SAGARPA con el objetivo de ampliar el periodo de pesca de la curvina.
“Los pescadores de la Federación de Sociedades Cooperativas Pesqueras de San Felipe manifestaron que son sujetos a riesgo de extinción por las políticas limitantes y de impedimento para pescar”. Declararon que la compensación económica solo beneficiaba a los permisionarios y no a los pescadores.
Y, ante la discusión y preocupación de los pescadores por su fuente de ingreso y el sostenimiento de sus familias y comunidades, en 2015 se notificó que la población de la vaquita marina contaba con 60 individuos; la estimación en 2017 fue de apenas 30 ejemplares.
En 2018, “permeó la percepción entre los habitantes de San Felipe en Baja California que la criminalidad y alcoholismo, así como el abandono en infraestructura en la comunidad aumentó debido al desempleo y pobreza. Por otra parte, la presión de grupos ambientalistas por una solución a la debacle poblacional de la vaquita marina se intensificó”.
Las políticas públicas implementadas no fueron las óptimas para propiciar el desarrollo pesquero y tampoco han logrado desarrollar espacios seguros para las especies en peligro de extinción.
Sobre intervenciones y políticas públicas
En lo que respecta a participación y tipología de políticas públicas es el gobierno (a través de independencias y programas) el actor principal. De acuerdo al análisis realizado por el Dr. Carlos Vázquez, de 1970 a 2018, el gobierno fue el principal generador de políticas públicas, representa el 80% del total de las participaciones. Otros actores provienen del sector pesquero, organizaciones, pesca industrial, federaciones de cooperativas, estos tienen una participación menor pero es en los cuales inciden las políticas públicas que se han impuesto.
Él explica que “considerando las políticas impuestas en la región, se concluye que el gobierno ha implementado durante los últimos 15 años un mecanismo de restricción y compensación de manera reiterada, es decir, impone políticas regulativas acompañadas de políticas distributivas que no son evaluadas con base en indicadores sociales y económicos en las comunidades directamente impactadas”.
A lo largo de estas décadas, las políticas públicas no han logrado sus objetivos. Condiciones de deterioro socioeconómico, ambiental, la disminución de especies protegidas, conflictos entre pescadores y gobierno, han generado un estrés social en la región. De acuerdo al Dr. Vázquez, las políticas públicas “carecen de planes para el sostenimiento de la pesca a largo plazo como principal actividad económica, y tampoco incluye indicadores de desarrollo social y económico que permitan evaluar el objetivo de elevar la calidad de vida de los habitantes en la región”.
Referencias:
