Este lunes 19 de junio se llevó a cabo la sesión inaugural del Seminario permanente sobre asilo, protección internacional y desplazamiento forzado interno, el cual es resultado de la vinculación de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef) y El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). El tema de esta primera sesión, realizada en la sala Federico Campbell del Centro Cultural Tijuana, fue “Reflexiones sobre el Desplazamiento Forzado Interno en México”.
En términos generales, el objetivo fue el de analizar los principales retos y oportunidades en la atención de estas cuatro situaciones de desplazamiento forzado en el territorio mexicano, desde un enfoque de derechos humanos, humanitarismo y desarrollo.
Las palabras de bienvenida fueron dadas por el Dr. Víctor Alejandro Espinoza Valle, presidente de El Colef; Minerva Espinoza, subsecretaría de Asuntos Migratorios de Baja California; y Dagmara Mejía, jefa de oficina de terreno del ACNUR. Resaltaron la importancia de desarrollar iniciativas conjuntas en donde, cada quien desde el área que le corresponde, aporta insumos para la comprensión y solución de fenómenos sociales o problemáticas específicas, como es el caso de los desplazados.
El Dr. Espinoza Valle enfatizó que la institución que encabeza tiene por objetivo, además de la investigación y docencia de alto nivel, generar conocimiento aplicable e insumos para la elaboración de políticas públicas, así como tejer sinergias que permitan acercar los saberes a todos los sectores de la sociedad y la ciudadanía.
Para hablar sobre el desplazamiento forzado interno en México, se tuvo la participación de Belén Barrera, oficial nacional de protección en ACNUR en Tijuana, y el Dr. Rafael Alonso Hernández López, coordinador del Doctorado en Estudios de Migración de El Colef.
La oficial de ACNUR orientó su intervención hacia la conceptualización de la persona desplazada, así como el marco jurídico que atiende el fenómeno. Además de abordar los principios rectores, el principal instrumento internacional para la protección y asistencia de personas desplazadas internas; a nivel internacional no existe instrumento jurídico vinculante que regule específicamente el desplazamiento forzado.
Comentó que, en el caso de México, el principal motivo que orilla al desplazamiento es la violencia. Sin embargo, puntualizó que también el establecimiento de mineras o consorcios turísticos en regiones del país, han obligado a comunidades enteras a tener que desplazarse, por lo cual enfatizó que el Estado mexicano debe de revisar cada caso que origina los episodios de desplazamiento. Así mismo, reconoció que hay instituciones que buscan ayudar a este tipo de población, pero que al no existir un fuente oficial o un registro, la labor se vuelve más compleja.
El Dr. Rafael Alonso Hernández López, coincidió que la falta de datos oficiales es un problema a la hora de establecer cuál es la magnitud del fenómeno de las personas desplazadas, pero comentó que a través de fuentes indirectas se puede construir un estimado. Comentó que el censo 2020 de INEGI, agregó una pregunta sobre migración interna o internacional, lo que se conoció fue que poco más de 262 mil personas migraron de manera interna por motivos de inseguridad delictiva o violencia, lo que equivale a 4.1% de la población total de México. Las tres ciudades de origen que agrupan más de la mitad de la población desplazada son Estado de México, Ciudad de México y Guerrero.
En 2022, de acuerdo al Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, se estimó la existencia de 386 mil personas desplazadas en México, lo cual, de acuerdo al Dr. Hernández López, genera una serie de retos. Uno de ellos es que al tratarse de población mexicana que emigra, no suele atenderse de la misma manera, por parte del Estado, que a quienes son solicitantes de refugio o migrantes, los desplazados se encuentran en un punto intermedio y no se han establecido políticas públicas puntuales para esta población. Por lo cual resaltó la labor realizada por albergues y asociaciones pro-migrantes.
Por último, señaló no basta la buena voluntad, hay que asignar recursos humanos y económicos para atender a la población desplazada, sumar esfuerzos desde la academia, organismos internacionales, gobierno y sociedad civil, para trabajar en la construcción de políticas públicas que atiendan a quienes ya han sido víctimas del desplazamiento forzado, pero también para prevenir la expulsión de más personas y trabajar en la reparación del daño.
El Seminario permanente sobre asilo, protección internacional y desplazamiento forzado interno, tiene pactadas dos sesiones más en 2023 y se invitó a la comunidad a hacerles llegar sus dudas o propuestas de temas para abordar en futuras sesiones.
