En su edición del 24 de noviembre, el Washington Post informa que el gobierno de Donald Trump tiene el apoyo del próximo gobierno de México encabezado por Andrés Manuel López Obrador, para impulsar el plan denominado “Quédate en México”. Ese plan consistiría en que los solicitantes de asilo que llegan a Estados Unidos por su Frontera Sur podrían ser devueltos a México para esperar la resolución de su caso en las cortes estadounidenses.
Ese mismo día, la oficina de prensa de la Senadora Olga Sánchez Cordero, quien asumirá la Secretaría de Gobernación el 1º de diciembre, aseguró que no existe ningún acuerdo entre el próximo gobierno federal de México y el de Estados Unidos; que en relación a las caravanas, la prioridad será proteger los derechos humanos y auxiliar a los migrantes centroamericanos; que sobre el actual gobierno recae la responsabilidad de prestar ayuda humanitaria a los migrantes y definir su situación migratoria; y finalmente que “El futuro gobierno no considera en sus planes que México asuma la condición de “tercer país seguro” para la atención de los migrantes centroamericanos, o de otros países, que se encuentran en territorio de México, o para los que lo hagan en el futuro.”
El Plan “Quédate en México” no significa, efectivamente, un acuerdo de “Tercer país seguro”. Sin embargo, tiene implicaciones de enorme magnitud en materia de protección y asilo en ambos países.
Si bien el número de solicitantes de asilo en México ha crecido muy rápidamente en los últimos cinco años (multiplicándose por 10), el número total de solicitudes sigue siendo una ínfima parte de las que se presentan en Estados Unidos. En 2017 México recibió 14,596 solicitudes de la condición de refugiado mientras que Estados Unidos recibió 143,000 solicitudes de asilo afirmativo. De ese número de solicitudes, 79,000 se presentaron en algún puerto de entrada de la frontera con México. Se trata de personas provenientes de decenas de países del mundo que transitan por territorio mexicano.
Ambos países presentan problemas graves de retraso en las resoluciones y acumulación de casos pendientes. Por ejemplo, mientras que en México la resolución de una solicitud de la condición de refugiado debería resolverse en 45 días hábiles, la mayoría de los solicitantes deben esperar más de 6 meses y algunos más de un año en recibir respuesta de la COMAR, lo que redunda en un número muy alto de abandonos o desistimientos. Así, en diciembre de 2017, el 53% de las solicitudes que se habían presentado durante ese año seguían en trámite y 16.4% habían de los solicitantes habían abandonado o desistido.
En el caso de Estados Unidos, el tiempo establecido por la ley para la duración del trámite es de 180 días. Sin embargo, en la actualidad la gran mayoría de los casos exceden los dos años de espera, y algunos duran hasta 5 años. De tal manera, en junio 2018 existía un número de 320,000 casos pendientes de asilo afirmativo y un total de 746,000 casos pendientes de asilo de cualquier tipo.
De acuerdo al Programa de las Américas: “cuando un país reconoce a otro como ‘tercer país seguro’ se refiere a un arreglo que le permite al primer país reenviar al otro país a los solicitantes de asilo que lleguen a su territorio por considerar que éste es seguro para los solicitantes de asilo y refugiados. Este tipo de arreglo conlleva, obviamente, una compensación financiera para el país que acepta encargarse de los solicitantes de asilo y de los refugiados. (…) Este mecanismo se usa en varios países del primer mundo que externalizan así sus fronteras, pues el reconocimiento de un tercer país seguro permite que las personas que huyen no lleguen hasta su territorio. Se suele justificar con el argumento de que, si la gente huye, no tendría por qué irse más allá del primer país seguro que cruzó en su camino.”
Así, un acuerdo entre México y Estados Unidos declarando al primero como tercer país seguro, significaría que las personas de terceros países (por ejemplo, centroamericanas) que se presentan a pedir asilo en la frontera sur de Estados Unidos, serían sistemáticamente rechazadas y obligadas a pedir refugio en México.
El Plan “Quédate en México significaría que las personas de terceros países que lleguen a la frontera sur de Estados Unidos a pedir asilo, tendrán que esperar primero en México a ser recibidas por las autoridades estadounidenses para pasar una entrevista de temores fundados. Después de dicha entrevista, serían devueltas a México y tendrían que esperar ahí a que sus casos fueran tramitados en las cortes estadounidenses (es decir entre dos y 5 años).
A pesar de que no existe formalmente ningún acuerdo entre ambos países, desde 2016 los solicitantes de asilo que llegan a la frontera sur de Estados Unidos deben esperar en México a ser recibidos para la entrevista de temores fundados. Es decir, el gobierno estadounidense ha impuesto ya en los hechos la primera parte del Plan “Quédate en México”. Esto explica por qué existen ya listas de espera de miles de personas en las ciudades de la frontera norte de México, antes administradas por el propio Instituto Nacional de Migración y actualmente por los solicitantes de asilo más o menos organizados. Por ejemplo, en el puerto de San Ysidro colindante con Tijuana, existe actualmente una lista de espera de cerca de 5,000 personas. La agencia de Aduanas y Fronteras (CBP por sus siglas en inglés), permite cada día la entrada de entre 40 y 100 solicitantes para llevar a cabo entrevistas de temores fundados. Los nuevos solicitantes de asilo que llegan a esta ciudad deberán por lo tanto esperar cerca de 3 meses para tener su entrevista con las autoridades estadounidenses.
En la actualidad, después de su entrevista los solicitantes de asilo son dirigidos a un centro de detención. Cuando se trata de familias, es frecuente que sean liberadas en espera de presentarse en la corte. En caso de que se aplique el Plan “Quédate en México”, después de esta entrevista, los solicitantes deberán regresar a México y esperar en este país su cita en la corte estadounidense para la resolución de su caso.
La situación que viven actualmente las personas de las caravanas llegadas a Tijuana durante los últimos 10 días ha demostrado la incapacidad del gobierno mexicano para proteger y asistir a migrantes, refugiados y solicitantes de asilo. Sin embargo, las más de 5,000 personas que se encuentran actualmente hacinadas en la Unidad Deportiva Benito Juárez representan un número muy pequeño de posibles solicitantes de asilo en relación a los que llegan cada año a la frontera norte de México.
Dra. Dolores París Pombo
Investigadora del Departamento de Estudios Culturales de El Colegio de la Frontera Norte y Coordinadora del Observatorio de Legislación y Política Migratoria
