Desde su lejano nacimiento como un tumulto ateniense, la democracia ha debido basarse, obligatoriamente, en el principio de la transparencia, pues toda forma democrática de gobierno queda anulada y contravenida si no se da en un andamiaje institucional que permita al pueblo evaluar el rendimiento de sus gobernantes, y actuar efectivamente en caso de que sus propuestas políticas se vean incumplidas.
La Dra. Artemisa López-León, investigadora del Dpto. de Estudios de Administración Pública y coordinadora de la Maestría en Desarrollo Regional de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), en su artículo “Transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad administrativa en Tamaulipas: resoluciones y laudos de la ASE”, plantea que la democracia es una obligación civil y jurídica, sin embargo, en ocasiones, el carácter electoral de los cargos públicos sirve de comodín para justificar un deslinde responsabilidades, sin que ninguno de los problemas encuentre resolución, mientras las condiciones estructurales que originan los problemas permanecen ignoradas. La democracia mexicana cuenta, desde luego, con su propio sistema de autovigilancia, que pretende salvaguardar la división de poderes y la legitimidad del poder político del estado.
Para Tamaulipas, la transición democrática ha sido exponencial, pasando de ser uno de los estados con mayor índice de corrupción y falta de transparencia, a brincar 18 puestos en la escala de transparencia a nivel nacional, coordinado este cambio con el declive del Partido Revolucionario Institucional, a partir de 2016.
Como metodología investigativa, la doctora se vale del programa de software Statistical Package for Social Science, en el cual ingresa los datos correspondientes a las resoluciones y los laudos de la auditoría superior del estado de Tamaulipas, para los años 2015, 2016 y 2017. Como marco de referencia para la legalidad de los procesos democráticos y la legitimidad de la gobernanza, la autora considera la ley de transparencia promulgada durante 2016 en el propio estado de Tamaulipas.
El estudio se enmarca en la mejoría de las condiciones políticas de la democracia de Tamaulipas, que, como ya se mencionó, en poco más de un lustro mejoró considerablemente sus condiciones. En esta noción se despliega la dialéctica del interés público y el interés privado, según la cual el estado democrático debe velar por el bienestar de la mayoría de los ciudadanos, y no por el interés particular y acumulativo de sus funcionarios.
Por desgracia, tal como lo adelantó desde su introducción, los resultados no le favorecen a Tamaulipas. Sus presidentes municipales, a nivel general, han sido los principales acreedores de multas y procesos judiciales que llegan hasta el juicio por incumplimiento en cuanto a transparencia y responsabilidad administrativa. Las multas, cabe señalar, emitidas por la propia ASE tamaulipeca. Además, una parte de las auditorías (la que corresponde al año 2018) no se encuentra disponible en la página consultada por la académica. Otros actantes en la política de dicho estado, como los contralores, también han protagonizado casos de corrupción u omisión del factor transparencia, necesario para la consolidación democrática
Tal como señala la doctora, a modo de comentario final, los recientes avances en materia democrática no justifican un estancamiento del estado democrático en Tamaulipas, y no debe de perderse de vista el desarrollo de este proceso político.
El artículo se encuentra disponible para consulta y descarga a través de: https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-informacion/article/view/16930
