A unas semanas de que inicien las campañas políticas de los aspirantes a ocupar la silla presidencial en México, vale la pena reflexionar sobre los principales retos en materia de bienestar a los que se enfrenta nuestro país. Es sabido que la Constitución mexicana de 1917 sentó las bases para que los derechos sociales fueran incluidos en la legislación mexicana, sin embargo, nunca existieron proyectos para su incorporación integral, es más, no es claro cómo podemos exigirlos ni la forma en que el Estado tiene que cumplirlos, por lo que nunca han sido base absoluta para la hechura e implementación de los planes y programas de gobierno.
Durante la mayor parte del siglo XX, la política de bienestar en México tuvo dos objetivos: el control político de la población y el logro del crecimiento económico, por lo que privilegió a las áreas urbanas para fomentar la industrialización del país protegiendo a los fabricantes nacionales de competencia internacional. En resumen, la política social privilegió al sector formal. Durante la década de 1990, México sufrió una grave crisis de deuda, provocada por una caída de los precios del petróleo, que infligió altos niveles de inflación, desempleo, desigualdad socioeconómica y pobreza. En este contexto, se decidió abrir los sectores económicos y reducir el tamaño del Estado para que los mercados pudieran adaptarse al nuevo orden global.
No obstante, la apertura de la economía desató un aumento exponencial de la informalización del desempleo, es decir, el crecimiento del empleo informal aunado a la precarización de las condiciones laborales de los trabajadores. Ante ello, desde 1988 la política social en México ha sido compensatoria, buscando brindar servicios básicos como salud, educación, vivienda a las personas más pobres. Incluso los programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (Progresa-Oportunidades-Prospera), cuyo objetivo era centrarse en las causas más que en las consecuencias de la pobreza, estaban dirigidos a proporcionar ingresos a las familias más pobres con la condición de que sus hijos asistieran a la escuela y que toda la familia se sometiera a controles médicos periódicos.
Estos programas fueron replicados y reconocidos en todo el mundo, sin embargo, en México nunca fueron parte de una estrategia de desarrollo más amplia que incluyera políticas públicas que pudieran complementarlos. De hecho, la pobreza de ingresos en nuestro país ha seguido creciendo y en los periodos en los que ha disminuido ha sido más el resultado de aumentos en las remesas que del fortalecimiento del mercado laboral mexicano.
En 2018, el partido político de izquierda MORENA tomó el poder en México. Este gobierno se autodenominó anti-neoliberal y decidió eliminar definitivamente los programas de Transferencias Monetarias Condicionadas con el argumento de que las condicionalidades eran una forma neoliberal de asignar recursos, y en su lugar se implementaron cuatro programas dirigidos a otorgar becas a alumnes en situación de pobreza en niveles preescolar, primaria, media superior y licenciatura, además de jóvenes entre dieciocho y veinte años desempleados para poder recibir capacitación laboral.
No obstante lo anterior, según el Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL), hay más de 40 millones de pobres en el país y la caída del precio del petróleo de 2015 y la pandemia de Covid-19 han demostrado claramente que el régimen de bienestar mexicano es muy vulnerable a las crisis económicas. El principal desafío, entonces, sigue siendo incorporar los derechos sociales en un proyecto de Estado en el que puedan ser exigibles y sean la base absoluta la hechura e implementación de los planes y programas de gobierno.
Christian Ivan Becerril Velasco
El Colegio de la Frontera Norte
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