La nueva administración del presidente estadounidense Joe Biden acaba de terminar sus primeros 100 días. Es un momento simbólico que sienta las pautas para los años venideros, acompañado de un discurso del nuevo presidente frente al Congreso. También, es el momento donde se empieza a apreciar las diferencias entre las promesas de campaña y la realidad de gobernar.
En el caso de la migración, y en particular la migración indocumentada y las ciudades santuario, todo parece indicar que la ruptura radical con la administración anterior de Donald Trump sigue en pie. En su discurso ante el Congreso, Biden repitió su objetivo de crear una vía a la ciudadanía para los 11 millones de indocumentados en el país, de los cuales, cerca de la mitad son mexicanos. También ha realizado cambios en el discurso mismo entorno a la migración: el 19 de abril ordenó que la Patrulla Fronteriza y la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) dejaran de emplear los términos “illegal alien” (extranjero ilegal) y “asimilación”, que serán reemplazados por “undocumented noncitizen” (no ciudadano indocumentado) e “integración”.
Asimismo, un día antes del discurso de Biden, el Departamento de Justicia afirmó que ya no habrá restricciones en el otorgamiento de fondos federales hacia las llamadas jurisdicciones santuario. Las ciudades (o condados, o estados) santuario son lugares donde las autoridades locales han promulgado ordenanzas o leyes para limitar la cooperación entre la policía y los agentes migratorios y han facilitado el acceso de los residentes indocumentados a los servicios públicos. Durante la administración de Trump, las ciudades santuario fueron atacadas por el presidente y sus partidarios como enemigos del Estado y se les negó el acceso a ciertos fondos federales, en particular uno destinado a reforzar los cuerpos policiacos locales.
La decisión de reestablecer el acceso a las jurisdicciones santuario a estos fondos se inscribe en la misma línea como cuando hace un mes, el gobierno de Biden pidió que la Suprema Corte desestimara tres demandas pendientes que había contra ciudades santuario. Con estas decisiones y los cambios en el discurso hacia la migración indocumentada, al parecer el conflicto entre el gobierno federal y las jurisdicciones santuario está llegando (por el momento) a su fin. Por otra parte, la pandemia de Covid-19 ha servido como telón de fondo a estas tendencias, lo que se puede apreciar en el comunicado del Departamento de Seguridad Nacional del 1 de febrero en el que se exhorta a los migrantes indocumentados a que fueran a vacunarse asegurando que las autoridades migratorias no harían redadas o inspecciones en los centros de salud donde se aplicaría la vacuna.
El viraje en la posición del gobierno federal con respecto a la migración indocumentada y las ciudades santuario tendrá sin duda un impacto rápido y positivo al disminuir el sentimiento de miedo en las comunidades afectadas y abrir más posibilidades para que las autoridades locales apoyen a sus residentes indocumentados. Sin embargo, hay que vigilar que el mismo fenómeno de oposición no se repita, pero ahora en el otro sentido. Durante los últimos cuatro años, proclamarse ciudad santuario e implementar políticas santuario era una de las mejores maneras para señalar su oposición al gobierno de Trump. Ahora con los demócratas en control de la Casa Blanca, así como las dos cámaras del Congreso, no será extraño que las jurisdicciones locales conservadoras decidan manifestar su oposición al gobierno federal a través de sus propias políticas locales anti-migrantes.
Un ejemplo de lo anterior ya ha ocurrido en Oklahoma, donde un senador estatal ha presentado un proyecto de ley para prohibir las políticas santuario a nivel local, tal y como lo han promulgado otros estados como Texas en los últimos años. La oposición de los legisladores republicanos se extiende hasta la cuestión de las vacunas, donde han manifestado su oposición a que los indocumentados tengan acceso a ellas al igual que los ciudadanos estadounidenses.
A medida que el péndulo político cambia a la izquierda, crece el riesgo que los líderes republicanos vean la promoción de políticas locales anti-migrantes como nueva estrategia política sin que tomen en cuenta el impacto que podría tener en estas comunidades y en términos de salud pública. Esta posibilidad es aún más preocupante en el contexto de la pandemia actual, debido a los recelos que puedan tener los migrantes indocumentados a salir para recibir la vacuna, a pesar del comunicado del gobierno federal y aún si muchos los califican como “trabajadores esenciales”. Por lo tanto, sigue siendo imprescindible el apoyo de las organizaciones de migrantes locales, así como de los consulados mexicanos, para monitorear estas situaciones y trabajar en conjunto con las nuevas autoridades federales con el fin de comunicarse de manera efectiva con las comunidades locales y brindarles la información y la seguridad que necesitan.
Dr. Benjamin Bruce
El Colegio de la Frontera Norte
