Dentro de las grandes zonas metropolitanas del país como la de Monterrey, el lugar donde las personas residen ha adquirido una importancia vital, porque puede convertirse en un factor significativo y adicional de vulnerabilidades sociales de los grupos de bajos y medianos ingresos.
En la medida que crece la mancha urbana, los habitantes que residen más alejados de los centros de trabajo, de salud, educativos y de otros sectores económico-sociales, son los que más resienten los males de la ciudad que se resumen en una baja calidad de vida presente y futura.
No siempre esta relación había sido directa. Hubo una etapa, cuando vivir en la periferia significaba una considerable mejora de estatus. Desde el éxodo voluntario de las clases altas en los años cincuenta hasta principios del siglo XXI vivir en los suburbios significaba darse la oportunidad de evitar el tráfico infernal del centro de la ciudad; disfrutar de espacios grandes, tranquilos y seguros; además de los parques y lugares de diversión para los niños. Pero ahora, debido al gran incremento del parque vehicular y de la insuficiencia del entramado vial, además de las deficiencias del transporte urbano, los habitantes, más que una recompensa, se han dado cuenta que vivir en las periferias de los principales municipios de la zona
metropolitana es un castigo, porque ya sea en transporte público o privado, se pasan hasta tres horas diarias trasladándose de un lugar a otro.
Este suplicio también fue propiciado por las políticas de vivienda de interés social del Gobierno Federal, que en resumidas cuentas se manifestaron mediante enclaves de alta densidad habitacional, por las diminutas casas, infraestructura precaria y deficientes servicios, además de su aislamiento urbano. En los últimos 13 años esta situación se agudizo porque algunos de los municipios de la subregión periférica de Monterrey, que son los anfitriones de las nuevas zonas habitacionales precarias, tuvieron las más grandes tasas de crecimiento poblacional en el país. Pesquería tuvo una tasa de 35.2% anual; El Carmen, 20% y Ciénega de Flores, 12.4%.
Las desventajas de esta población son estructuralmente multiplicadoras de vulnerabilidades. Uno de los indicadores que nos ayudan a ilustrar estas carencias es la asistencia a la escuela: en promedio, en el estado de Nuevo León, el 44% de la población dentro del grupo de edad de 15 a 24 años, es decir jóvenes, asiste a la escuela. Mientras que en estos municipios periféricos, los promedios son considerablemente menores. Por ejemplo, en el municipio de Salinas Victoria, el porcentaje de los jóvenes que asisten a la escuela es de 21.3%. En Ciénega de Flores es de 21%; Zuazua, 26.6%; y en Pesquería, 18.9%.
Esta falta de accesibilidad a la educación está relacionada con las políticas territoriales claramente sectoriales que no están atadas a las necesidades de la población, sino del mismo sector en específico. Por eso los hospitales, las escuelas, los centros de capacitación y los laborales, entre otros espacios, no siempre están donde debieran.
Si no existen las medidas territoriales pertinentes, entonces las consecuencias serán desastrosas para esta población que por su bajo nivel de escolaridad, tienden a emplearse en sectores de baja productividad y, seguramente, las posibilidades residenciales futuras, de ellos y sus familias,
serán más restrictivas que las actuales.
Dr. Mario Alberto Jurado Montelongo
El Colegio de la Frontera Norte