Hablamos de hacer las paces y no de hacer la paz porque coexisten en la historia muchas maneras de entender y de hacer la paz, desde la griega Eirene o la famosa pax romana hasta otras ideas contemporáneas como paz neutra, paz negativa, paz positiva o paz imperfecta, donde todos esos enfoques son ciertamente complementarios.
El crecimiento de la población del mundo, el mercado de consumo asociado al crecimiento económico de corte extractivo o los enclaves de monocultivos agroindustriales de exportación, entre otros, son factores que han generado un sostenido aumento global en la demanda de agua. Si la demanda aumenta constantemente, pero no la oferta, es evidente que existe un problema natural de sostenibilidad ambiental y económica frente al cambio climático, la sequía, la contaminación y el estrés hídrico de muchas fuentes de agua. Así, tenemos un escenario internacional de crisis hídrica con aspectos sociales y económicos complejos, puesto que en muchas cuencas y acuíferos alrededor del mundo se documentan casos de sobreexplotación y contaminación, lo que evidencia que se hace un uso no sustentable de un recurso vital que ni es infinito ni está garantizado. Ello nos obliga a poner miras en los posibles conflictos sociales internos e internacionales que se pueden generar por una escasez de agua prolongada. Se dice incluso que en el futuro de la humanidad será el agua y no el petróleo, una fuente de guerras y conflictos armados entre estados-nación. Sobre todo en las aguas y cuencas transfronterizas. Así, los conflictos por el agua son susceptibles de generar escaladas violentas o dinámicas de guerra que pueden comprometer la paz y la seguridad de las regiones y del mundo, puesto que la gestión del agua puede bien transformarse en un instrumento de presión y de chantaje ante conflictos territoriales y políticos, y de ello existen numerosos ejemplos alrededor del mundo. Pero las así llamadas “guerras por el agua” no son ficciones teóricas, puesto que los territorios están llenos de casos de ejemplo donde las luchas sociales existen y se alimentan por el uso y gestión del agua. Sabemos ya que la construcción de paces va mucho más allá que la mera ausencia de guerras o conflictos violentos, así que la sociedad mexicana debe prepararse para el futuro ahora, tomando decisiones de política pública acertadas.
En dicho contexto, sabemos que el derecho al agua y su saneamiento son derechos humanos fundamentales en México. ¿Qué significa esto en términos reales cuando se dice que nuestro país vive la peor crisis del agua de la que se tenga noticia, dado que aproximadamente el 70% de la población padece algún tipo de escasez o sequía? No es entonces baladí decir que replantear el camino nacional en materia de agua y medioambiente será un reto inminente para la próxima presidenta de México y su gobierno en un escenario donde se ve amenazada no solo la disponibilidad, sino también la calidad del recurso hídrico para las personas ¿Resulta muy ambicioso pedir agua potable para todas las y los mexicanos en 2030, tal como estableció la ONU en su objetivo 6 del desarrollo sostenible?
Diversos sectores sociales proponen en tiempos electorales una especie de “agenda del agua” con mínimos indispensables para abordar unos desafíos multidimensionales en torno al agua y su gestión al ser un tema donde la gestión pública se fragmenta en diferentes instancias y niveles de gobierno, pero sabiendo que el agua es un bien común y público que no debería ser objeto de las fuerzas del mercado. Algunas propuestas de la agenda atañen al poder ejecutivo, otras a la Federación (al poder ejecutivo, legislativo y judicial), mientras otras más son responsabilidad de las entidades federativas y de los municipios. A la Federación corresponde, por ejemplo: procurar y administrar justicia ambiental y del agua sin pausa, sin simulación y sin corrupción, estudiar y mejorar el seguimiento al uso del agua, especialmente en los sectores económicos que hacen un uso intensivo de ella (basado en mediciones precisas y no en estimaciones) para disponer de bases de datos y generar indicadores reales de uso por sector y región. También corresponde a la Federación planear para el uso eficiente del agua (ya sea a través de la CONAGUA o de cualquier otro organismo ad hoc) y para que los usuarios no dispongan irresponsablemente de más aguas que las autorizadas. Colaborar con organismos locales y distritos de riego para usar métodos y técnicas más eficientes para el uso del agua: riego por goteo o por aspersión, depuración y reciclaje de aguas servidas o captación de agua de lluvia. Y tan importante como lo dicho es el uso de ciencia y tecnología para revertir la reforestación y trabajar en la conservación de los suelos para que mejore la absorción y retención de las aguas en la naturaleza. Evaluar y actualizar la delimitación de los acuíferos en que se encuentra dividido el país con criterios científicos y humanistas en vez de tecnocráticos y mercantilistas, o lo que algunos movimientos sociales llaman, con razón, la “hidrocracia” (Moctezuma, Pedro. Agua para Todos, 2023). Puede y debe la Federación garantizar anualmente recursos crecientes para la CONAGUA o el organismo que la sustituya, si fuera el caso, donde se invierta en tecnología para desarrollar sistemas de información hídricos públicos, abiertos y confiables. Se requiere ajustar los volúmenes de agua concesionados para que la extracción de fuentes subterráneas no rebase en ningún caso los volúmenes de recarga, mientras que para las aguas superficiales no se debe superar el agua renovable de los requerimientos ambientales. Hay que transparentar y supervisar la transferencia y comercio de los títulos de concesión en tanto que el agua es un bien público que debe ser desmercantilizado en todo lo posible. Debe haber entonces concesiones transparentes y datos abiertos. Inspecciones y vigilancia suficientes en calidad y cantidad de CONAGUA y también de una PROFEPA operativa. Mejorar los sistemas de información tarifaria por parte de la CONAGUA. La Federación debe realizar una recolección de datos periódica sobre tarifas, incluyendo metodologías y criterios considerados para su cálculo. Estos deben estar desde luego disponibles para consulta y discusión pública.
A las entidades federativas correspondería por su parte fortalecer su marco normativo y regulatorio en la materia, ordenara el desarrollo urbano con criterios sustentables, ayudar e intervenir en la planeación de la gestión del agua en su territorio, vigilando que la recaudación global se corresponda con el gasto de manera equitativa. También trabajar en coordinación con la CONAGUA, los Consejos de Cuenca y los gobiernos municipales en materia de cuidado y conservación de recursos hídricos. Por su parte, a la esfera municipal le correspondería cumplir con el mandato constitucional fortaleciendo su autonomía técnica y de gestión hídrica, elevar su recaudación por aguas servidas, eliminar poco a poco el impago por el servicio, invertir críticamente en infraestructura, fomentar e intervenir en el mayor volumen posible en el tratamiento de aguas residuales, garantizar recursos para la operación de los sistemas de agua y saneamiento municipales. Es posible y urgente elevar la recaudación del predial y otras contribuciones municipales con estos fines.
Sostenemos entonces que para generar una agenda nacional amplia, plural e inclusiva de la gestión del agua y la consiguiente construcción de paces en los territorios de México y con ello justicia hídrica y ambiental; se debería involucrar de modo coordinado a todos los niveles de gobierno, los sectores económicos, academia, organizaciones no gubernamentales y comunidades de usuarios, porque a México le urge transitar hacia una gestión de aguas eficiente y sostenible, donde su puesta en marcha no es solo cuestión de dinero e infraestructuras o megaproyectos de dudoso desarrollo para pueblos y comunidades, sino sobre todo, de voluntades políticas y compromiso social. Y sobre todo, de prioridades literalmente vitales para la nación.
Enrique F. Pasillas Pineda
Investigador Postdoctoral por México (Conahcyt-El Colef) adscrito al DEAP.
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