Mucha tinta se ha derramado sobre cartas firmadas por diversas organizaciones de la sociedad civil, se han organizado varias mesas de análisis político, se han llevado a cabo movilizaciones ciudadanas, y finalmente el pasado viernes 3 de marzo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Plan B de la Reforma Electoral 2023.
Las reacciones fueron diversas, tanto de malestar como de apoyo, lo que permitirá tener elementos, además de los jurídicos, sobre las 30 controversias constitucionales que fueron admitidas al momento por la Suprema Corte de Justicia de la Nacional (SCJN) del Plan B de la Reforma Electoral.
En esta columna señalamos que algunos de los cambios institucionales son radicales en la estructura, en procedimientos y en cambios en las reglas de competencia, que impactarán en los siguientes procesos electorales. Es importante decir, que los miembros del propio Instituto Nacional Electoral (INE) han manifestado su preocupación, derivada por supuesto, de que son ellos de quien dependerá realizar o no los ajustes a los nuevos procedimientos y normas que marca dicha reforma electoral. Al ser aprobada hasta marzo los tiempos se redujeron de manera considerada, y quizá se solicite una extensión de plazo. Sin embargo, el presidente del INE ha manifestado que esta «cirugía mayor» no estaría lista en 90 días antes del Procesos Electoral Federal de 2024 y de ser ese el caso, no podrían aplicarse los cambios legales para esos comicios.
Los principales cambios marcados por el Plan B, están en La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, con 216 artículos reformados que representa el 43.81% del total de artículos; en la Ley General de Partidos Políticos con 44 artículos reformados que representa el 45.36% del documento; y en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con 6 artículos reformados que representan el 2.5% del total.
Lo anterior, se traduce principalmente en la reducción de las estructuras de los órganos desconcertados, fusión de direcciones ejecutivas, de unidades técnicas, y cambios en las estructuras de los Organismos Públicos Locales. Es decir, la compactación al mínimo indispensable lleva a la redistribución de actividades lo que conducirá a la saturación por persona, lo que muy probablemente refleje una ineficiencia, y afectación en la capacidad del Instituto en la práctica.
Entre algunos de los cambios procedimentales que se tendrán que ajustar serán los nuevos proyectos emprendidos por el Instituto, como son el Voto en prisión preventiva, el Voto de personas en estado de postración y discapacidad, el Voto electrónico, y el empadronamiento de las y los mexicanos que residen en el extranjero.
En los modelos de la organización institucional queda muy claro que depende de la actitud de los agentes involucrados, el éxito o el fracaso, en la implementación de un cambio organizacionales, sumado el grado de motivación o de conocimiento que tiene de la materia a modificar. El principal factor que puede obstaculizar este cambio es la resistencia del talento humano, por esa razón, es importante informar, socializar, motivar y comprometer al personal involucrado de la Institución. En estas circunstancias puede también existe una resistencia al cambio, derivado del mecanismo de defensa que se promueve a través del miedo. Es decir, ante el temor de perder lo que tengo, me retraigo, me aparto, me alejo e intento pasar desapercibido para no perder lo que de algún modo ya he ganado.
En suma, la piedra angular, es el talento humano para la elaboración de los nuevos procesos que ahora se implementarán a partir de 2023 por parte del INE. En este sentido, y bajo el profesionalismo de los miembros que forman parte del Sistema Profesional Electoral Nacional del Instituto confiamos que el ritmo se seguirá y mientras no se ordene alguna suspensión, el INE continurá la ruta ordenada para cumplir la reforma electoral del Plan B.
Dra. Ana Claudia Coutigno Ramírez
El Colegio de la Frontera Norte
