Mexicali, B.C.- Lo que actualmente se conoce como Consejo Estatal de Ciencia e Innovación Tecnológica de Baja California -COCIT BC- es un “órgano desconcentrado especializado de consulta de la Secretaría (de Educación del gobierno del estado de B.C.), que funciona como cuerpo asesor, de opinión, análisis y deliberación en la materia…” de acuerdo con la reciente “Ley de impulso al conocimiento científico, tecnológico y a la innovación para el desarrollo del estado de Baja California” del 20 de marzo de 2020. Dicha ley trasladó al COCIT de la anterior Secretaría de Economía a la Secretaría de Educación, aunque las negociaciones políticas entre ambas entidades modelaron la nueva ley estableciendo una corresponsabilidad entre ambas, la Secretaría de Educación lo “preside”, pero la hoy Secretaría de Economía Sustentable y Turismo aparece continuamente en el articulado de la ley en una especie de “co-presidencia”, no es perfectamente claro el alcance legal de esta condición.
Por medio del COCIT se asigna presupuesto público para el sector ciencia y tecnología en Baja California, recursos que fundamentalmente han provenido del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología -Conacyt- a través del Fondo Mixto -FOMIX-, entre 2001 y 2021 acumuló una entrega de 813.9 millones de pesos. La llegada de la nueva administración federal significó una rigurosa revisión al manejo de los fondos y la suspensión de entregas en los últimos años, quedando retenidos poco más de 51 millones.
El margen de decisión de quienes ocuparon los cargos de mando en la anterior Secretaría de Economía, en los periodos gubernamentales estatales de los años 2007 y 2019, definió la entrega de cuantiosos recursos, en detrimento de la prioridad pública y social, a organismos privados, algunos con pruebas documentales de creación simulada. La normatividad hecha permitió casos escandalosos y cuestionables, estos son solo algunos ejemplos: entrega a Ingeniería Dennis S.A. de 16.3 millones de pesos para elaborar el proyecto de un acueducto privado para llevar agua residual tratada de Tijuana al Valle de Guadalupe, 2 millones a ZAHORI S.A. para desarrollo de procesos de nuevos asfaltos (estas y otras empresas ligadas al titular de SEDECO en 2009 han sido señaladas, con pruebas documentales, en medios de prensa de haber recibido más de 14 millones de pesos), 2 millones a Plamex S.A. para desarrollar un altavoz con micrófono inalámbrico, 3 millones para Promotora de Inversión Automotriz de B.C. para Estudios de Pertinencia de la inversión china, 4 millones al Consejo de Desarrollo Económico de Mexicali para comprar equipamiento para Centro de Entrenamiento Aeroespacial, 2.3 millones a Empacadora La Norteña S.A. para desarrollo de innovaciones en la línea de producción, 46 millones para la edificación del Museo del Vino en el Valle de Guadalupe, 14.4 millones a la Cámara de Industria Electrónica de Nuevo león para creación de un centro de software, 20 millones a SIGOB S.A. para desarrollo de una plataforma informática para el ayuntamiento de Tijuana, 16 millones a GYO Proyectos S.A. para desarrollo de una plataforma informática para el ayuntamiento de Ensenada, 34 millones a universidad privada CETyS para Centro de Innovación y Diseño de Manufactura Avanzada e Industria Aeroespacial, 67.5 millones a CETyS Ensenada para crear el Centro de Estudios Vinícolas de B.C. Por otro lado, centenas de millones de pesos han sido utilizados en la construcción de museos interactivos, edificios e infraestructura del Consorcio Tecnológico en la zona de El Florido en Tijuana, Corredor de artes y ciencias en Tijuana, Centro de Artes Musicales y otros más.
La controversia sobre las decisiones de asignación de recursos públicos para ciencia y tecnología desde el COCIT tiene dos severos cuestionamientos: el destino primordialmente privado y la priorización de cuantioso gasto en construcciones, esto ha significado hacer de lado el orden de jerarquización en la generación de conocimiento científico y tecnológico con el financiamiento de proyectos de investigación, divulgación del conocimiento, formación de recursos humanos para ciencia y tecnología y equipamiento e infraestructura, esencialmente en instituciones públicas quienes por antonomasia son beneficio público, producen valor público.
La debilidad institucional del COCIT es la condición creada para hacer posible la asignación de recursos públicos de la manera en que se ha ejemplificado líneas atrás, ha permitido decisiones con amplios márgenes de discrecionalidad por parte de quienes han ocupado, y ocupan, los cargos de mando en la secretaría de la cual ha dependido, y depende, también de quienes han ocupado, y ocupan, los mandos en el propio COCIT. El diseño institucional que intencionalmente se han dado ha sido, es, para asignar recursos arbitrariamente, pues la decisión personal de los mandos determina a quién entregarle dinero público. Según la nueva ley estatal en la materia, el COCIT tiene un Consejo integrado por 27 miembros, representantes de diversas dependencias del gobierno estatal, ayuntamientos, cámaras empresariales, organismos públicos de educación superior e investigación científica, organismo privado de educación superior, poder legislativo estatal, el delegado en el estado del gobierno federal, y al Conacyt federal como invitado sin voto, sin embargo, la operación práctica está en la administración de los fondos, el FOMIX y el Fondo COCITBC, este último se encuentra a cargo de la dirección del organismo, figura subalterna del secretario de educación (y de los más influyentes integrantes del Consejo), quien ocupa esta dirección determina a quién y para qué se entregan recursos a través de decidir quienes integran el grupo de pertinencia y la comisión de evaluación, con decisiones inapelables, así se han asignado varios millones de pesos provenientes de multas de carácter electoral, la cual es, en los últimos años, la fuente disponible de dinero.
Para el cumplimiento correcto de su función pública y social el COCIT BC requiere de manera ingente cambios institucionales que lo fortalezcan, la ruta es su desectorización, que la ley le provea de personalidad jurídica y patrimonio propio, que gane jerarquía y sea parte de las entidades que dependen directamente de quien sea titular del poder ejecutivo estatal, debe crear estructuras de decisión y operación propias, abiertas, inclusivas, con representatividad equilibrada, con comisiones temporales, rotativas. El Conacyt federal está inmerso en un proceso de cambio institucional con propósitos similares, está en puerta la aprobación de una nueva Ley de Ciencia y Tecnología federal la cual será referencia para la armonización de las leyes en las entidades federativas. Estamos ante condiciones propicias para el fortalecimiento institucional de los organismos estatales del sector ciencia y tecnología, cuya realidad es similar en la totalidad de los estados de la república.
Dr. José Zavala Álvarez
El Colegio de la Frontera Norte
