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Hace unos días la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó suprimir un mensaje (posdata) que se incluía en las conferencias matutinas del Presidente de la República actual. A propósito de este suceso, y a nueve meses de las próximas elecciones presidenciales en nuestro país, vale la pena reflexionar de manera más amplia sobre el funcionamiento del sistema político mexicano.
Un sistema político se compone de las normas que regulan cómo se accede a los cargos públicos de elección pública y cómo se toman las decisiones. En México, por un lado, el acceso a los puestos de representación como los senadores, los diputados federales y estatales, regidores y síndicos municipales, además de los titulares del Poder Ejecutivo en los tres niveles de Gobierno se realiza a través de elecciones libres y secretas, por lo que se considera que somos un país democrático.
Lo curioso es que el Estado mexicano ha llevado esta etiqueta desde su nacimiento como Estado moderno en 1917. Esto, a pesar de haber sido gobernado durante setenta años por un mismo partido político, todo un Récord Guinness a nivel mundial. No fue sino hasta 1990 que se crea el Instituto Federal Electoral (IFE) con el objetivo de otorgar certidumbre, transparencia y legalidad a las elecciones federales, en respuesta a la crisis que arrastraba el sistema político mexicano después de los lamentables hechos del 2 de octubre de 1968 y la falta de legitimidad en las elecciones de los años 70 y 80.
Sin embargo, la autonomía constitucional del IFE se concreta hasta 1996, un año después el partido hegemónico gobernante de entonces perdería por primera vez la mayoría en la Cámara de Diputados y en el 2000, también la Presidencia de la República. Se creyó entonces que en México la democracia electoral funcionaba de manera efectiva y en el 2014 se reforma la Constitución nuevamente para sustituir al IFE por el Instituto Nacional Electoral (INE), con el objetivo de homologar los estándares de organización electoral a nivel local.
No obstante lo anterior, años después de la sucesión presidencial del 2006, el presidente saliente declaraba en una entrevista que había hecho todo lo que estuvo en su terreno dentro de la ley, para que el candidato del Partido de la Revolución Democrática no ganara las elecciones de ese año. Acciones que se asemejan en mayor medida a la forma de operar de las autocracias electorales en donde se respetan las elecciones, pero se utilizan el resto de los medios gubernamentales para tratar de incidir en ellas.
La reforma electoral presentada y rechazada entre 2022 y 2023 por el Gobierno actual y las manifestaciones realizadas en su contra demuestran, entre otras cosas, que aún existe malestar, descontento y desconfianza en las instituciones electorales mexicanas, tanto por parte de la ciudadanía como de los actores políticos. Es en este clima en el que se llevarán a cabo las elecciones del 2024 en las que se elegirá –quizás– a la primera presidenta de México, se renovará en su totalidad las Cámaras de Diputados y Senadores federales y se podrá votar de manera electrónica desde el extranjero.
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) cumplió con su trabajo al ordenar la eliminación de la postdata. Sin embargo, de cara a las elecciones del 2024, es importante tener una visión más amplia sobre el funcionamiento de las instituciones del sistema político mexicano y cómo inciden en su resultado.
Christian I. Becerril
El Colegio de la Frontera Norte
