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Al circular por las principales arterias de esta metrópoli se hace evidente el incremento de vehículos compartiendo esos espacios, en especial los automóviles particulares, y los congestionamientos que se producen incluso fuera de las horas pico. El término de la contingencia vivida por la pandemia del covid parece haber marcado el inicio de una tendencia al alza en los niveles de servicio de la infraestructura vial, producto de la reactivación de la actividad económica y sus impactos en el crecimiento urbano.
En la actualidad Nuevo León posee el tercer parque más grande de vehículos particulares en el país, solo después del Valle de México y de Jalisco, con cerca de dos millones de unidades registradas, de las cuales 90% se encuentra concentrada en el Área Metropolitana de Monterrey (AMM). Paulatinamente, los municipios conurbados en las márgenes de la zona urbana han ido ganando más peso en el crecimiento metropolitano, alargando consecuentemente rutas y tiempos de traslado de los habitantes. En todo este desarrollo, las políticas de planeación urbana y de infraestructura vial han favorecido grandemente el uso del automóvil en detrimento de otros medios de movilidad.
En el centro de las problemáticas que rodean el uso del automóvil particular están las estadísticas de accidentes viales y las fatalidades resultantes. En el primer caso el AMM ha encabezado sistemáticamente las cifras correspondientes a las zonas urbanas a nivel nacional. En 2022, Nuevo León ocupó el primer lugar con 76 mil 615 accidentes viales, de los cuales 87% ocurrieron solamente en el AMM, con el municipio de Monterrey a la cabeza con poco más del 40% del total del Área Metropolitana, un número muy superior a otras zonas urbanas más densamente pobladas como la Ciudad de México, la que apenas registró 7 mil 596 incidentes en el mismo año. El número involucrado de fatalidades no es menor: más de 250 decesos en el estado, la mayoría en el AMM.
Las estadísticas y condiciones descritas hablan por sí solas de una total ausencia de cultura vial entre la gente al volante de un vehículo automotor en el AMM. Ante esta situación los municipios metropolitanos han introducido modificaciones en sus reglamentos de tránsito buscando nuevas vías para frenar este comportamiento que data de décadas atrás. Entre estas formas está la adopción del concepto de la pirámide de movilidad, una herramienta que han venido utilizando en los últimos años organismos como la Organización Mundial de la Salud, y que en su forma más básica clasifica a los cinco modos generales de movilidad de acuerdo a su importancia y características. Así en la parte superior de la pirámide se encuentra el peatón como el grupo más vulnerable, seguido por la bicicleta, el transporte urbano, el transporte de carga y finalmente los vehículos particulares y las motocicletas.
La idea detrás de este concepto es revertir la situación actual de prioridad que tiene el automóvil particular en la planeación metropolitana e inversión de infraestructura, a pesar de su problemática de congestionamientos, accidentes viales y contaminación, a favor de otras formas de movilidad. Esta clasificación ha sido adaptada en diferentes versiones por municipios como San Pedro, Monterrey y Guadalupe, pero en todos los reglamentos hay una coincidencia en el peatón y la bicicleta como los más fundamentales para fomentar, equipar y proteger. Un dato interesante en este sentido es el que reporta la reciente encuesta de percepción ciudadana de la asociación Cómo Vamos, Nuevo León sobre la utilización de la bicicleta como medio de transporte cotidiano por poco más de 215 mil personas en el AMM, lo que representa niveles de utilización mayores de este tipo de transportación a comparación con la Ciudad de México.
En particular, las autoridades de seguridad vial de San Pedro han ido más allá al poner en marcha un programa educativo para los infractores en tres causas consideradas fundamentales: el exceso de velocidad, la falta de uso del cinturón de seguridad y el uso del teléfono móvil al ir conduciendo. El programa lo lleva a cabo la Secretaría de Seguridad Pública del municipio y consiste en citar a la persona infraccionada a presentarse ante un juez, quien con base en su historial de infracciones la remite a tomar un curso sobre movilidad y seguridad vial y un examen corto, de cuyo resultado depende el monto de la multa a cubrir. Si la persona es reincidente, la sanción como mínimo puede incluir la remoción de la licencia de manejo por un tiempo determinado y su participación en actividades comunitarias.
Ciertamente el proyecto de mejorar la movilidad de la población en el AMM integrando principios básicos de cultura y seguridad vial parece difícil en un futuro cercano, considerando las tendencias que se han descrito aquí. Sin embargo, esto no debe inhibir los esfuerzos que realizan los municipios metropolitanos de buscar nuevas e innovadoras formas de control no solo plasmándolas en los reglamentos de tránsito, sino llevándolas al terreno operativo.
José Luis Castro
El Colegio de la Frontera Norte
