El debate actual en la política migratoria en Estados Unidos es si existe una crisis humanitaria o un cambio en la gestión migratoria. Desde la perspectiva del gobierno del presidente Biden está en proceso un cambio en la gestión del sistema migratorio, el cual lo consideran como un desastre y además el gobierno de Trump, no promovió políticas eficaces para reducir las causas de la migración desde los países de origen, en especial de Centroamérica.
Uno de esos cambios es que el gobierno tenía programado comenzar a procesar a menores sin compañía de un adulto en el Centro de Convenciones de Dallas, días después de abrir una instalación temporal en Midland, Texas. E igualmente la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) tendrá un papel central en la gestión de los menores migrantes en los próximos 90 días (marzo a junio 2021)
¿Cuáles son algunos matices de la actual coyuntura de la política estadounidense en términos de la agenda gubernamental migratoria?
Los menores no acompañados retenidos en el Rio Grande Valley en Texas suman entre 4,000 y 5,000. Sin embargo, según CBP en febrero pasado se detuvieron a 9,457 niños y jóvenes sin sus padres. En enero habían sido detenidos 5,800 menores y jóvenes.
El número de menores migrantes detenidos se visibiliza por su vulnerabilidad y porque para el gobierno de Biden es una prioridad la reunificación familiar de los menores migrantes separados de sus padres en la administración de Trump.
Para Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional, la separación de los menores de sus padres si es una verdadera crisis humanitaria. Por ello el gobierno de Biden no desea que se repita una problemática similar a la crisis de menores migrantes del 2014. Por lo cual, el actual gobierno de Biden pretende una gestión migratoria más humanitaria, y que funcione y que la migración hacia el país sea segura, ordenada y humana.
El secretario Mayorkas difiere de las críticas de republicanos, destacando que los menores no están siendo expulsados del país, a diferencia de lo sucedido en la administración de Trump, y admitió que la cifra de migrantes podría aumentar y ser la mayor “en los últimos 20 años”.
La cantidad de menores en el suroeste de Texas es casi similar a los cerca de 3 mil migrantes irregulares que cada día -desde enero 2021- se expulsan desde Estados Unidos bajo el amparo del Título 42, creado por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) bajo la Administración Trump, un decreto que expulsa y deporta a México a todas las personas que sean “un riesgo alto de salud pública” durante la pandemia.
Este criterio no ha cambiado en la actual administración demócrata. Este número de deportaciones –cerca de 100, mil por mes en los últimos tres meses- no se ha visibilizado, no obstante que también son seres humanos y que se margina la cooperación binacional e internacional sanitaria
En cambio, el número de solicitantes de asilo bajo el programa del Estatus de Protección Temporal, suma cerca de 20 a 25 mil solicitantes. Los cuales en su mayoría no serían aceptados y serían expulsados a México o sus lugares de origen. Lo más probable es que los migrantes rechazados pretendan quedarse irregularmente en Estados Unidos y la mayoría serían deportados a sus países de origen.
Si a estos flujos migratorios se suman el flujo permanente de migrantes que pretenden ingresar irregularmente hacia Estados Unidos, por la crisis de la pandemia tanto en México como en Centroamérica, aumentará la visibilidad de la agenda migratoria.
Por ello los exhortos de autoridades estadounidenses a que los migrantes no se trasladen a la frontera con Estados Unidos son insuficientes, se requiere de una eficaz corresponsabilidad migratoria de los países involucrados.
El cambio de prioridades en la política migratoria ha polarizado la agenda interna de Estados Unidos, de cara a la propuesta de reforma migratoria y a las críticas de los republicanos al gobierno de Biden de excesiva flexibilidad y apertura en las fronteras.
Por ejemplo, el gobernador de Texas Greg Abbott criticó que la actual situación migratoria es caótica en su frontera y refleja la irresponsabilidad de la actual administración federal. También el gobernador Abbott declaró que los carteles mexicanos están utilizando a menores y mujeres migrantes para mantener ocupados a los agentes fronterizos y ellos cruzar drogas a Estados Unidos.
Con esos antecedentes, el gobernador Abbott ordenó movilizar tropas de la Guardia Nacional y del Departamento de Seguridad de Texas para vigilar su frontera con México (Ibídem). Por su parte, Kevin McCarthy, líder de los republicanos en la Cámara de Representantes, dijo en el marco de una visita a El Paso, Texas, que la ola de migrantes es “más que una crisis; es sufrimiento humano”
En ese marco, el gobierno de Biden fortalecería su control migratorio en la frontera con México, como una alternativa para tener el aval de los republicanos en la propuesta de reforma migratoria y en el resto de las iniciativas de ley pendientes:
El proyecto de Ley de Promesa y Sueño Americano 2021, que busca ofrecer residencia permanente a más de 4.4 millones de los beneficiarios del programa DACA, en donde si existiría un consenso bipartidista. Al igual que la discusión del Estatus de Protección Temporal (TPS).
También está previsto la revisión del borrador de Ley de Modernización de la Fuerza Laboral Agrícola, que propone otorgar un estatus legal a los inmigrantes que trabajan en el campo y reformar el programa federal de trabajadores agrícolas, conocido como H-2A.
El problema de los menores migrantes está polarizando a la política estadounidense y será parte del debate coyuntural y de las elecciones legislativas del 2022. Por ello, el desafío del presidente Biden es cambiar el modelo de gestión migratorio, por un modelo más inclusivo, humanitario y acorde al debido proceso, considerado en el Derecho migratorio estadounidense.
Dr. José María Ramos
El Colegio de la Frontera Norte
