Una de las más recientes estrategias políticas de Trump para atraer votos en las próximas elecciones presidenciales se vincula nuevamente con el tema migratorio y el conteo de población 2020. Por medio de un memorándum, el aún presidente de los Estados Unidos pretende evitar que los inmigrantes indocumentados, entre ellos 4.5 millones de mexicanos, sean censados en aquel país. Varias interrogantes surgen de este decreto cuya aprobación todavía está en manos de la Corte Suprema. Quizá algunas preguntas básicas a raíz de esta ocurrencia son: ¿Cómo lograría Trump tun conteo selectivo sabiendo de antemano que legalmente es imposible certificar si una persona tiene o no documentos migratorios? y ¿Qué implicaciones sociales y políticas acarrearía para los gobiernos locales, la sociedad civil y, particularmente, los mexicanos el no ser censados?
Por el momento, alrededor de la primera pregunta hay más especulaciones que certezas. Una posible respuesta es que el gobierno trumpista tendría que recurrir a métodos estadísticos para aproximarse al número de personas indocumentadas que fueron censadas y descontarlas de la base de datos. En dado caso, tal procedimiento no tendría un fundamento legal y difícilmente estaría exento de sospechas por una eventual manipulación de la información. Según la Ley del Censo está prohibido el uso de muestreos estadísticos para definir la población cuando de ello depende la distribución de representantes en el Congreso. Otra posible respuesta, de la cual se habla poco, es el efecto inhibidor del discurso de Trump en las personas indocumentadas. Los mensajes xenófobos emitidos por el mandatario antes y durante su periodo presidencial, así como el endurecimiento de las acciones de los agentes migratorios, han intimidado a esta comunidad al grado de agudizar la situación de invisibilidad en la que ya vivían y de “recluirlos” en un entorno de miedo colectivo por eventuales arrestos y deportaciones. Por tanto, en el actual contexto del censo, ese sentimiento colectivo de miedo incrementa el alcance intimidatorio del presidente y fomenta que las personas se autodescarten del conteo.
Por otro lado, para entender las implicaciones de esta propuesta cabe recordar la utilidad y el alcance social y político del censo de población. Además de ser la principal herramienta para medir variables demográficas, el censo en EE.UU. se utiliza para decidir la asignación de presupuesto para los siguientes diez años, dónde y cómo se gastarán los impuestos recaudados, así como el número de representantes en el Congreso. A nivel local, estas decisiones repercuten directamente en la vida cotidiana de toda la población, no sólo de los indocumentados, ya que en virtud del número de personas censadas se planea la construcción de escuelas, hospitales, vivienda, y se calcula cuántas familias requerirán de apoyos sociales. El no-conteo o la no participación en el censo de las personas indocumentadas repercutiría mayormente en las jurisdicciones donde tradicionalmente se ha concentrado esta población, como California, Texas, Illinois y Nueva York, mismas que ya han sido amenazadas previamente por el gobierno federal con recortes presupuestales por no cooperar con los agentes migratorios, con excepción de Texas.
Para los mexicanos indocumentados, el tema del presupuesto no implicaría grandes diferencias con su situación actual, ya que no son elegibles para beneficios que contengan subsidios federales, como aseguranza médica o programas sociales. De llevarse a cabo su exclusión del censo, la afectación se reflejaría probablemente en un retroceso en la representación latina en el Congreso de cada estado y en la Cámara de Representantes. Como ya es sabido, las minorías étnicas han ido ganando terreno en el plano político de aquel país, lo que significa una amenaza para supremacistas como Trump, quien mientras pueda tratará de evitarlo.
El levantamiento del censo comenzó en marzo y finalizará en septiembre próximo. Hasta el 12 de agosto de 2020, la tasa de autorespuesta vía internet, correo y teléfono a nivel nacional era de 63.5%. En California se reportó en la misma fecha 65%, Illinois 68.5%, Nueva York 59.3% y Texas 58.6%, los cuatro por debajo aún de la tasa de autorespuesta obtenida en el censo 2010. Varias organizaciones pro-migrantes, universidades y consulados mexicanos en EE.UU. se encuentran difundiendo información sobre la privacidad y protección de datos personales, aclarando que estos no pueden ser compartidos, ni con la policía ni con agentes federales, para así incentivar la participación de las personas indocumentadas.
La idea deliberada de Trump de excluir del Censo a personas sin documentos ilustra de nueva cuenta las contradicciones de la política migratoria de EE.UU. Mientras esta población es requerida para realizar labores esenciales en la economía estadounidense y paga sus impuestos, el gobierno federal insiste en mantenerla al margen de cualquier beneficio y omitir desesperadamente su histórica y arraigada presencia en ese país.
Dra. Yetzi Rosales Martínez
El Colegio de la Frontera Norte
