En el 2013 la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo una recomendación al gobierno del estado de Tamaulipas (CNDH, 80/2013) relacionada con el diseño de política pública de prevención, investigación y persecución de delitos de privación ilegal de la libertad de personas migrantes. La misma fue resultado de una queja interpuesta en el 2010 resultado de la masacre de San Fernando, donde fueron asesinados 72 migrantes, en su mayoría de origen centroamericano.
Para cuando se hizo la recomendación en Tamaulipas ya había tenido lugar el hallazgo de las fosas clandestinas, también en San Fernando, donde se encontraron 193 cuerpos presuntamente de migrantes; además de otros hechos asociados a delitos contra personas en movilidad por la entidad y rumbo a Estados Unidos.
Es decir, ha habido elementos suficientes para diseñar instrumentos de política pública de atención al problema. Sin embargo, a lo largo de la última década en Tamaulipas se han venido suscitando reiteradamente desapariciones, secuestros y muertes de personas migrantes sin que –en principio– se note una estrategia de seguridad pública para prevenir el problema.
Al contrario, la omisión en la prevención, investigación y persecución de delitos contra personas migrantes parece explicar asesinatos masivos como lo ocurrido en Camargo, Tamaulipas, durante el 2021; pero también eventos individuales que están en la narrativa e historia de muchas de las víctimas de delito acogidas, por ejemplo, a los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP), quienes se quedan en albergues y casas de apoyo en la frontera mexicana, en espera de resolver su solicitud de asilo.
Justo se ha cumplido un año, el 22 de enero pasado, de la muerte de 19 personas asesinadas y calcinadas en ese municipio de la frontera chica tamaulipeca, Camargo; 16 personas guatemaltecas, una de El Salvador y dos mexicanos, entre mujeres, menores de edad y hombres que eran traficados a través de esta frontera.
Poco se sabe de la investigación, tanto en el nivel estatal como federal se dijeron dispuestos a perseguir a los responsable y aplicar la ley; los dichos de siempre, pero información hay muy poca sobre el avance de la investigación. La Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la FGR investiga delitos del fuero federal como lo es el tráfico de personas; la Fiscalía del Estado de Tamaulipas persigue a los responsables materiales e intelectuales del hecho.
Luego del incidente se supo de la detención de policías estatales, funcionarios del Instituto Nacional de Migración en Nuevo León y policías municipales de Escobedo como parte de la investigación; de ahí en más el expediente está reservado en términos de su acceso público. Sin embargo, la semana pasada la Fiscalía contra Delitos de Tráfico Ilícito de Migrantes de Guatemala detuvo a presuntos integrantes de la red de tráfico que transportaron desde su pueblo natal y hasta Tamaulipas a los 16 guatemaltecos muertos en el incidente.
La última década se han repetido una y otra vez las mismas historias de violencia contra personas en movilidad por todo el país, pero sin duda Tamaulipas es una de las entidades donde ellas viven mayor riesgo.
Así las cosas, lamentablemente es posible que volvamos a atestiguar otros eventos como los de Camargo, violencia extrema hacia grupos numerosos; por lo demás, la amenaza es latente en la experiencia y sentir de quienes transitan o permanecen en Tamaulipas buscando llegar a Estados Unidos. ¿Cuántos “San Fernando” más serán necesarios para considerar el tema como uno de prioridad en las agendas de seguridad pública.
Dra. Blanca Vázquez
El Colegio de la Frontera Norte
