Las últimas semanas la prensa nacional y regional han documentado los eventos relacionados con los migrantes que viajan en caravana: su trayecto, su arribo a Tijuana, B.C., y Piedras Negras, Coahuila, y por su puesto la reacción de las comunidades frente al hecho. Los dos casos conocidos contrastan por la forma en que autoridades reaccionaron al evento, pero tienen en común el temor generado entre la población de esas comunidades. Si bien el rechazo no se da en todos su residentes, sí en ciertos grupos que ven como amenaza la llegada de migrantes de origen centroamericano. Las personas comparten sus opiniones en redes sociales, básicamente, aduciendo el riesgo de incremento en la criminalidad. Como si existiera una asociación directa entre migrantes y actos delictivos. Lo cierto es que estas reacciones no son nuevas, las comunidades fronterizas históricamente han sentido la amenaza de quienes “no son de aquí”, ya se trate de mexicanos –como quienes proceden de Veracruz– o extranjeros –como quienes vienen de Centroamérica-. Los argumentos son regularmente los mismos: quitan oportunidades de trabajo a los locales, deterioran los parques y plazas donde deambulan, atemorizan a los vecinos de barrios, aumentan los delitos, etc.
Sin embargo, durante los primeros meses de 2017, cuando Nuevo Laredo vivió el arribo de cientos de cubanos, fueron notorias las muestras de solidaridad que la población tuvo para con ellos proporcionándoles comida y bebida caliente alrededor de las calles aledañas al Puente Internacional I. Casi de inmediato, autoridades locales y estatales, Casas para migrantes y el Instituto Nacional de Migración reaccionaron para albergar y facilitar la estancia temporal de quienes aún tenían la esperanza de ser admitidos en los programas de refugiados y asilo político en Estados Unidos. Con el paso de las semanas, incluso, la prensa documentó cómo algunos de ellos se integraron a actividades económicas de la ciudad y otros tantos decidieron apoyar a grupos locales de la sociedad civil a partir de su experiencia profesional.
En noviembre pasado, cuando se especulaba que la primera caravana tomaría la ruta hacia Nuevo Laredo, las reacciones fueron distintas. La posibilidad generó alerta en autoridades y en la población por “la invasión de migrantes”. Las autoridades comenzaron a planear escenarios, en tanto en redes sociales algunos ciudadanos compartían su preocupación por el aumento de robos, el uso de recursos públicos e infraestructura para apoyar a los migrantes hondureños en trayecto.
Frente a ambas situaciones, la pregunta es inmediata: ¿qué hace diferente a los dos casos? Quizá la certeza del interés de la comunidad cubana por llegar a Estados Unidos y, por otra parte, la idea de que los migrantes hondureños que no logran ingresar ilegalmente al país del norte terminan por quedarse en la ciudad; quizá la idea de que los cubanos tienen limitadas sus libertades en su país y por ello pueden ser considerados asilados políticos, en tanto a los hondureños se les asocia con pandillas y grupos delictivos; quizá la idea de que los cubanos son migrantes con educación profesional en tanto los hondureños tienen baja escolaridad. Pueden ser estas algunas explicaciones, pero en todo caso se trata de visiones prejuiciosas sobre las razones de los migrantes para dejar sus países de origen y buscar mejores oportunidades de vida. Se trata también –como lo he dicho en otras ocasiones– de desconocimiento sobre el derecho de tránsito de quienes están protegidos por convenciones y/o tratados internacionales firmados por el Estado mexicano. Por ello, el principio es básico: sin importar su procedencia, no podemos cuestionar sus motivos, debemos procurar su protección y respeto a sus Derechos Humanos.
Dra. Blanca Vázquez
El Colegio de la Frontera Norte