En mis casi diez años de residencia legal nunca tuve problemas para abordar un camión a Matamoros. Sin embargo, un domingo de mayo, en la Central de Monterrey, presenté en taquilla mi tarjeta de residente permanente y la vendedora de la compañía de autobuses NE preguntó:
– ¿No tiene otra identificación?
– Sí, pero con esta acredito mi residencia legal.
– Muchos latinoamericanos y argentinos intentan entrar a EU, con identificaciones así. Esa no sirve.
Tras invertir la carga de la prueba para anudar su pequeño mundo al revés, se calló, seguramente, sorprendida. Yo lo estaba, y contesté que, además, tenía mi pasaporte -es decir, acepté su tribunalito recién-. Se lo di y ella consultó con el vendedor contiguo. Este juececillo de apelacioncita, solemne en su potestad fugazmente ganada -anulación sumaria de la tarjeta del Instituto Nacional de Migración (INM) y juicio exprés sobre si podía moverme libremente por donde resido legalmente- resolvió, entre mirada al aire y bostezo:
– Sí sirve.
La vendedora, maternal pseudo Medea, me conminó a no mostrar la tarjeta a nadie -¿tampoco al INM?- e identificarme con el pasaporte: me convertí, por gracia privatizante, en turista de paso por el país donde resido -lo capcioso es que, además, soy un funcionario federal del CONACYT-.
Al abordar, el guardia de seguridad no me solicitó identificación; el conductor, tampoco. En el límite entre Nuevo León y Tamaulipas, al subir al bus el representante del INM me pidió la tarjeta. La miró, dijo “español” y añadió “buen viaje”. Quienes viajaban conmigo, todos -hombres solos, o familias de abuela, madre e hijos- dijeron ser de Chiapas, salvo un señor de Tampico. Ni los chiapanecos ni el tampiqueño portaban identificaciones: las resguardaban en las bolsas del maletero. Bastó responder generalidades sobre su viaje para seguir.
A principios de junio, el desconcierto aumentó. Al ir a comprar el boleto Monterrey-Matamoros a la compañía FU, tras seleccionar mi asiento, presenté mi identificación. Entonces, la vendedora rectificó:
– Ah, no. Boletos ya no hay. Es que están reservados para los del seguro.
– ¿Cómo? Pero si me acaba de ofrecer asientos libres.
– Sólo los del seguro, sólo los del seguro.
De esas no salía, como mayate, y añadió: “Allá en NE sí le venden”.
Aturdido, razonando yo mismo como quien lanza un trompo -eran elecciones a gobernador de Tamaulipas, ¿tendría que ver con ese extraño “seguro”?- fui a la otra compañía. Sin problemas seleccioné asiento; pero, al identificarme con la tarjeta de residente:
– Uy, no. Extranjero. No le puedo vender.
Repuse que ya había viajado con ellos meses atrás y que residía legalmente. “A ningún extranjero”, zanjó. Le pedí que llamara a un supervisor, dijo que sí, pero no hizo nada. Quedé atrapado por esa esfinge colibrí. Enmudecimos unos minutos, hasta que el supervisor se me acercó -resultaba que siempre había estado a unos metros-. Me explicó que el INM había “detectado haitianos” que falsificaban tarjetas como la mía, por lo que abroncaron a la empresa y deslizaron una supuesta alianza con polleros. Así que, preventiva y unilateralmente, ya no vendían boletos a extranjeros. Repuse que yo trabajaba en Matamoros, que vivía allí. No era tanto suspirar un matamorense “¡qué falta nos hace don Juan!”, aunque sí un atajo de esa naturaleza. El supervisor me sugirió presentar cualquier documento nacional:
– ¿Mi CURP?
– Ay, ese no. Si usted fuera bebé, pero…
Recordé mi licencia de conducir jalisciense -caducada desde 2021-. “Órale. Esa tiene foto. Pero los otros documentos se los guarda”. Pedí que él estuviera presente en la compra del boleto. Aun así, la vendedora, molesta, impedía el pago (“uy, la tarjeta no quiere pasar”). Por suerte tenía cash…
Ni el guardia de seguridad ni el conductor me pidieron identificación; el del INM se limitó a preguntarnos, a viva voz:
– ¿A dónde van todos ustedes?
– ¡A Matamoros!
– ¿¿Todos??
– ¡¡ Todos!!
P.D.: Los problemas se disipan si se compran los boletos por internet.
