La participación organizada de la sociedad es crucial en la defensa de la destrucción de los recursos naturales que afecta al medio ambiente y a la sociedad ante decisiones económicas o políticas. Y en muchas ocasiones es la vía más importante para la defensa del medio ambiente.
En el caso del agua, tal vez el ejemplo más emblemático de casos de defensa por ese recurso sea el de Cochabamba, Bolivia, cuando en el año 2000 la ciudadanía se organizó y defendió la no privatización del servicio de agua potable concesionado a la iniciativa privada y luchó porque se mantuviera como un servicio público. La denominada guerra por el agua dio fruto en ese sentido.
Más cercano, hemos tenido guerras por el agua entre Tamaulipas y Nuevo León en 1995. Es el caso de la lucha por ese recurso entre usuarios agrícolas y urbanos de esos estados, respectivamente. A raíz de la construcción de la presa El Cuchillo –construida para el uso urbano del Área Metropolitana de Monterrey– sobre las aguas del río San Juan y que hasta su construcción las utilizaron los agricultores de Tamaulipas para el riego de sus parcelas. Los arreglos al final –se decía por ese entonces– fue en beneficio para ambas partes. Independientemente de los resultados, la presión social en ambos estados derivó en la solución a dicho conflicto.
Recientemente por estos meses se ha suscitado en Nuevo Laredo la defensa ciudadana del área natural conocida como la Ruta Jabalí, uno de los pocos espacios que aún no han sido impactados en su totalidad por el desarrollo urbano, que además de proporcionar servicios ambientales como ser refugio de fauna de esta región como venado, jabalí, coyote, entre otros; escenario natural que conjuntamente con el río Bravo que corre paralelo a la ruta le da belleza a esta parte; y un territorio natural utilizado para la práctica deportiva y el esparcimiento de la población de la ciudad. Defensa hecha ante la decisión de la administración municipal actual de construir en esta parte diversas obras entre ellas un centro de convenciones y un parque de beisbol. Se argumenta entre otras cosas que dichas obras no fueros licitadas y además el sector es una zona de inundación y tampoco se consultó a la sociedad; y también se quitaría parte de los pocos espacios naturales en donde –como se mencionó– la gente se recrea y realiza actividades deportivas. Mediante un amparo interpuesto por la ciudadanía organizada se ha evitado que dichos proyectos continúen, aunque el lugar ya ha sido impactado por la maquinaria que estuvo trabajando y que desmontó parte de la vegetación de la ruta. Con la decisión de la cancelación de los proyectos de construcción, la ciudadanía ahora se ha organizado para reforestar las áreas impactadas y mantener este espacio natural para el uso y beneficio de los neolaredenses.
Otro tema pero no desligado del anterior. Hace poco se daba a conocer que el problema de descargas de aguas residuales sin tratar a los arroyos de la ciudad –tributarios del río Bravo– se seguía presentando en la ciudad, y contrario a su disminución han venido incrementando; se menciona que aún se vierten 500 l/s de dichas aguas(https://elmanana.com.mx/nuevo-laredo/2021/7/5/sin-freno-las-descargas-de-aguas-residuales-55369.html). Esperemos que, como en el caso anterior, la participación de la sociedad pudiera ser un aliciente importante para la solución de ese problema que afecta al medio ambiente y a la calidad de vida de la población.
Así, la participación social es necesaria para la solución de los problemas ambientales generados con las acciones del ser humano y entre ellas decisiones de política urbana que anteponen más aspectos económicos o políticos sobre los ambientales y sin escuchar las necesidades de toda la ciudadanía.
Dr. Jesús Frausto Ortega
El Colegio de la Frontera Norte
