Debido a su ubicación geográfica, a lo largo de la historia en Chiapas se han suscitado procesos de movilidad de personas que se desplazan de países de Centro y Sudamérica, el Caribe y, recientemente, de personas originarias de otras latitudes del mundo. Este estado del sur de México cuenta con grandes rezagos en materia de economía, salud, educación, seguridad y protección a los derechos humanos, y aunque ahora se ha caracterizado por ser un espacio de tránsito migratorio, también ha sido un territorio de desplazamiento interno forzado.
El desplazamiento forzado en Chiapas no es un tema emergente. Aquí se han vivido procesos de migración forzada por los enfrentamientos entre grupos paramilitares y de gobierno, por discriminación e intolerancia, por disputas de tierras y recursos naturales, por una mala ejecución de proyectos gubernamentales. Ha habido desplazamientos por conflictos sociales, religiosos, étnicos. También los relacionados por desastres o contingencias socioambientales y, más recientemente, por violencia generalizada, violación de derechos humanos vinculados al crimen organizado y por la disputa por la ocupación de plazas, donde se utilizan tácticas violentas para controlar territorios o imponer intereses para el libre trasiego de productos ilícitos.
Medios de comunicación y autoridades de Guatemala han asegurado que poco más de 600personasse han desplazado de manera forzosa hacia las localidades fronterizas de Guatemala con la Sierra Madre de Chiapas. Las autoridades guatemaltecas han implementado protocolos de ayuda a través de la instalación de albergues y la protección a los derechos humanos.
Sin embargo, en pasados días, durante su conferencia de prensa “mañanera”, el presidente de México señaló que los medios de comunicación y activistas de la sociedad civil están realizando exageraciones de lo sucedido. Indicó que están ponderando los números de personas desplazadas, pues estas eran 200 o 300 familias y no un “éxodo de mexicanos a Guatemala”. Sin embargo, aceptó que estaban sucediendo enfrentamientos entre dos grupos de crimen organizado y que existía un desplazamiento de familias hacía Guatemala y apeló a la vinculación fronteriza que tienen estos pueblos para minimizar lo sucedido.
No es extraño que el presidente de México reduzca la importancia de los sucesos sociales de este tipo, como muchos otros que acontecen en el país. Es importante visibilizar que en Chiapas se vive un continuo de violencia que ha ido aumentando con el paso de los años y que, también, ha ampliado su espectro de alcance. Esto implica, por ejemplo, un alto índice de feminicidios, desapariciones, cobros de piso, ejecuciones y enfrentamientos públicos.
Es posible ver a Chiapas como un espacio en el que se viven políticas del miedo y de la violencia, donde existen necropolíticas o necroestructuras que están penetrando los espacios de las vidas cotidianas. Donde no nada más se habla de enfrentamientos exclusivos entre bandas, sino también donde peligran las vidas de las personas que cohabitan los espacios con el crimen organizado.
La apropiación de las vidas por parte del narcotráfico la experimentan las personas que se desplazan siendo víctimas de la violencia y las extorsiones de bandas delictivas. Pero también quienes son desplazados por parte del personal de las instituciones de seguridad en el país, que reproducen prácticas rapaces y violentas que inciden en la expulsión obligatoria de los espacios de vivienda.
En vista de las declaraciones del presidente de México, conviene recordar que, frente a los procesos de movilidad y desplazamiento en el país, han sido las organizaciones civiles y algunas agencias no gubernamentales las que han tomado el papel de la procuración del bienestar de las personas. También existen estrategias colectivas de cuidados que las personas en desplazamiento interno o internacional han llevado a cabo para la protección de sus vidas.
El Estado se ha visto superado, no ha querido analizar y crear políticas de actuación para las personas que son obligadas a desplazarse. Mucho menos ha realizado estrategia alguna para acabar y mitigar con los conflictos de violencia que imperan en las regiones, como lo que acontece en Chiapas.
La nula actuación del Estado como benefactor y procurador de la paz y la seguridad es una clara institución de la violencia como política de gobierno. Ésta se vive sobre los cuerpos y representa una medida de reorganización social, donde hay ciertas personas y regiones que son importantes, y otras que no forman parte de los intereses de la construcción de desarrollo para el gobierno.
Chiapas ha sido y sigue siendo una región ultrajada y despojada. Tal parece que sigue pensándose como un espacio lejano, recóndito, olvidado y solamente reconocido como un museo abierto para la admiración de sus recursos naturales y la enarbolación de las comunidades indígenas como un escaparate étnico.
Es curioso, entonces, ver cómo un espacio que ha sido lugar de paso de sur a norte ahora se ha convertido en un lugar expulsor, donde los procesos migratorios suceden desde una óptica del sur-sur. Esta figura de desplazamiento de norte a sur (aunque desde los sures globales), permite ver que las condiciones de vida de este lado de la frontera no han sido las mejores y que ha producido una búsqueda inmediata fuera de los límites del Estado-nación que no les protege, hacia un territorio que en repetidas ocasiones se ha presentado como más precarizado.
Es importante señalar que ya existían vínculos de los municipios chiapanecos con la aldea de Cuilco, pues las porosidades de la frontera y la conexión cultural fronteriza ha permitido el fortalecimiento de los lazos de ambas comunidades. Esto permitió un rápido acogimiento de la población en desplazamiento por parte de la población guatemalteca que, hasta ahora, impera en los procesos de protección que han implementado como ayuda a los mexicanos.
En varias comunidades fronterizas, especialmente en las de Chiapas con Guatemala, han existido procesos de desplazamiento histórico, no sólo de Guatemala a México, sino también de “norte a sur”. Éstas se han caracterizado por la constante vinculación a través del comercio, el trabajo, la recreación, la comida, el lenguaje, entre otros. Podríamos decir que estos espacios fronterizos se han construido como regiones linderas, territorios que comparten la cotidianidad de sus vidas, pero que han sido diferenciadas por divisiones políticas del territorio.
Así pues, desplazarse a Guatemala ha sido un proceso para salvaguardar las vidas. Las personas chiapanecas han decidido recurrir a los vínculos con Guatemala para solicitar protección de los conocidos, de sus familiares, de los amigos, pero sobre todo de las autoridades del país vecino, como una especie de reclamo hacia las autoridades de México.
Por otro lado, estos lamentables sucesos ponen en la mesa de discusión que la migración es una estrategia para salvaguardar las vidas de las personas. También, que los procesos migratorios no sólo suceden desde el sur al norte de las geografías o de las economías globales, sino que también se llevan a cabo de forma inversa, entre territorios colindantes y vinculados desde las precariedades.
Las violencias generadas por el crimen organizado y el narcotráfico se han reproducido a lo largo de la geografía mexicana y se han establecido en espacios del sur de México por el olvido histórico de estos territorios. Ello ha provocado que estas regiones —como Chiapas— sean de fácil acceso para organizaciones a las que afectar a las poblaciones no les importa.
Ernesto Zarco Ortiz
Investigador posdoctoral Conahcyt en El Colegio de la Frontera Norte
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