México está pasando nuevamente por un período crítico en torno a las entregas de agua al rio Bravo como parte de sus obligaciones en el Tratado de Aguas Internacionales signado con E.U. en 1944. Desde el mes de octubre de 2020, en que dio inicio un nuevo ciclo de entregas de cinco años, nuestro país apenas ha cumplido con un poco más de 25% del total que deberá entregar al término de dicho período en octubre de 2025.
Invocando el mismo ánimo de cooperación que llevó a la firma del Acta 325 en 2020, que materializó un acuerdo binacional para solucionar el déficit que presentaba el compromiso de México al término del ciclo anterior, el pasado 7 de noviembre los gobiernos de México y E.U. signaron el Acta 331, un documento que da seguimiento a lo establecido en el Acta 325 sobre constituir grupos de trabajo con la meta de desarrollar un Acta a finales del año pasado con medidas que proporcionaran una mayor confiabilidad y predictibilidad en las entregas de agua del rio Bravo.
Un aspecto sobresaliente en el contenido de la nueva Acta es la resolución de que México haga entregas de agua por adelantado en el transcurso del presente ciclo provenientes de los excedentes en las presas de los seis afluentes incluidos en el Tratado de 1944, sobre su capacidad normal de conservación (NAMO), o de los volúmenes pertenecientes a México almacenados en las presas internacionales, bajo el argumento de que las entregas de México se encuentran por debajo del promedio mínimo anual establecido en el Tratado durante el presente ciclo. Una resolución adicional a esta medida es la posibilidad de utilizar los volúmenes provenientes de los ríos San Juan y Álamo -no contemplados en el Tratado de 1944- para complementar las entregas anteriores, condicionada a su aprobación por parte de México.
Si bien la firma de esta Acta ha sido bienvenida en los ámbitos gubernamentales en ambos países como un avance en la búsqueda de nuevas herramientas que permitan a México cumplir sus obligaciones en el Tratado de 1944 manteniendo su soberanía sobre el recurso, el punto mencionado anteriormente da pie a cuestionamientos en relación con los futuros escenarios climáticos en la región y la postura de los actores inmediatos a quienes afectaría la resolución propuesta, como son los usuarios de las presas en los ríos referidos en Tamaulipas y Nuevo León, cuyo insumo de inicio parece no haber sido tomado en cuenta. A esto habría que agregar las presiones y el activismo legislativo siempre presentes de los granjeros de Texas, conforme se acerca el cierre del presente ciclo de entregas.
Otro punto importante de la nueva Acta que merece mención es sin duda el reconocimiento de ambos gobiernos de la dimensión ambiental en torno al rio Bravo, a través de la creación de un grupo de trabajo que abordará específicamente este tema, un aspecto fundamental que quedó pendiente en el Acta 325, y cuyo estudio y generación de conocimiento son cada dia más urgentes ante los desafíos que antepone el cambio climático en la región.
La fase operativa del Acta 331 requerirá sin duda de un trabajo minucioso de la CONAGUA para buscar arreglos que permitan llevar a cabo los términos del primer punto referido aquí, sin afectar a los sectores que dependen del sistema de presas en los ríos San Juan y Álamo. La mejora en las condiciones de disponibilidad de agua en la región parece ser un marco factible para llevar a cabo esas negociaciones, sin embargo no se puede dejar de lado el precedente de los conflictos que se sucitaron con los agricultores en Chihuahua y Tamaulipas al cierre del ciclo anterior.
José Luis Castro Ruiz
El Colegio de la Frontera Norte, Unidad Monterrey
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