La forma en la que el nuevo gobierno se propone administrar el agua forma parte importante de la vida pública de México. No obstante, la pretendida relevancia histórica con la que AMLO busca marcar su presidencia no incluye hasta ahora la transformación en la forma de administración de este recurso. Al menos eso parece indicar que ninguna propuesta sustantiva se haya hecho hasta ahora en referencia a la política hídrica en ninguno de los 25 programas prioritarios que el gobierno electo ha definido ni en otras instancias controladas por el nuevo gobierno.
Sin embargo, López Obrador ha señalado una posición clara en contra “privatización del agua” y bajo esa postura ha definido una iniciativa de reforma que enviará al Congreso de la Unión y que se propone “revoca decretos sobre privatización del agua”. Se refiere a los decretos de reserva de agua publicados el 6 de junio de 2018 en el Diario Oficial de la Federación, en los que se sustituyó el régimen de veda que protegía cerca de 300 cuencas hidrológicas en el país por un régimen de reserva, que autoriza la extracción de agua, aunque con límites establecidos. Esos decretos fueron cuestionados por voceros de organizaciones civiles y algunos académicos en los medios de comunicación. Se argumenta que ese régimen de reserva implica la intención de liberar agua para usos privados de la industria como la fracturación hidráulica o el llamado fracking; con sus implicaciones negativas de contaminación del agua en regiones con escasez. Por otro lado, se replica por los defensores que los decretos de liberación de veda y establecimiento de reserva de agua permiten el aprovechamiento del agua disponible solo después de asegurar el volumen para el medio ambiente, con base en la Norma Mexicana de Caudal Ambiental, y para consumo humano. Un aspecto polémico es que el volumen disponible puede ser solicitado por usuarios privados conforme al procedimiento ordinario de solicitud de concesión de agua actualmente establecido.
Otro punto controvertible es que la suficiencia y confiabilidad de la información sobre los volúmenes reales de agua disponible ha sido ampliamente cuestionada. Sin embargo, el aspecto más débil de esos decretos es que el agua oficialmente disponible seguirá concesionándose bajo el actual sistema de concesiones en el que se registran tanto fallas técnicas y operativas como corrupción. Recientemente se propuso la operación de la plataforma Conagu@-Digital, con la que oficialmente se propone agilizar el proceso de solicitudes de concesiones electrónicamente, reducir costos de los trámites, así como la discrecionalidad en otorgamientos y asegurar el cumplimiento de los requisitos. Esta propuesta según los críticos de la Conagua es solo una forma de gestionar de manera rápida la concesión de agua a grandes usuarios privados.
Otra iniciativa del nuevo gobierno relacionada con el tema de administración del agua fue propuesta por el presidente del Senado de República, Martí Batres, y publicada el 6 de septiembre en la Gaceta de Senado: una reforma a la Ley de Aguas Nacionales que prohíbe la inversión privada. El argumento central de esa propuesta es que el agua es un derecho humano establecido en la Constitución. Sin embargo, esta iniciativa no garantiza la implementación del derecho humano al agua por el contrario puede afectarlo, puesto que prohíbe toda la inversión privada, incluidos el tratamiento y rehúso del agua, la modernización y mantenimiento de infraestructura.
La aversión del nuevo gobierno a la intervención del sector privado en agua debería orientarse al punto central: el sistema de concesiones de agua. Una breve revisión de los datos oficiales de Conagua permite ver que más del 50% del agua concesionada en muchos municipios está destinada a industrial o incluso agrícola. Así, mientras que las ciudades deben traer agua de fuentes cada vez más lejanas, la industria y la agricultura pueden extraer agua de las fuentes locales y hacer uso de grandes cantidades de recurso. Una implicación directa de política pública es que antes de aprobar cuantiosas inversiones en infraestructura hídrica se deben revisar las concesiones, su vigencia y la regulación aplicable. En ese mismo sentido una transformación radical de la política hídrica, con un enfoque sustentable, debería incluir la revisión de los criterios de prelación en el uso del agua. El artículo Decimoquinto de la Ley de Aguas Nacionales vigente establece ese orden de prelación, en el cual los usos para la conservación ecológica o uso ambiental aparece en sexto lugar, después del uso agrícola el uso más ineficiente. Una política de sustentabilidad en el uso del agua debe incluir la conservación con una prioridad mayor.
A la futura directora de la Conagua, Blanca Jiménez, se le presentan grandes retos; entre ellos la reestructuración de la Conagua con sus profundas deficiencias para la administración eficiente del agua y reenfocar la política hídrica del país.
Dr. Ismael Aguilar Benítez, El Colegio de la Frontera Norte