Por aplicación del Título 42, la mayor parte de los migrantes que llegaron recientemente a la frontera entre México-Estados Unidos para solicitar asilo ante las autoridades estadounidenses fueron rechazados. Las excepciones que se establecieron a dicha normativa supusieron un alivio para miles de migrantes que pudieron acceder a Estados Unidos, pero pusieron de manifiesto lo disfuncional, arbitrario, politizado, e incluso racista, del sistema de asilo estadounidense y de otras formas de protección internacional de aquel país.
El presidente Donald Trump trató de diversas maneras que el sistema de asilo estadounidense quedara desmantelado, su administración encontró en la pandemia de COVID-19 la excusa idónea para suspenderlo, al menos temporalmente. El 20 de marzo con base en una normativa sanitaria –codificada en el Título 42– y so pretexto de los riesgos sanitarios, se ordenaba la expulsión expedita a México –o según el caso, a Canadá– o a sus países de origen a los migrantes en situación irregular que llegaban por la frontera sur. Esto supuso un rechazo generalizado de las solicitudes de asilo, pese a que no existía razón sanitaria de peso para hacerlo y en contravención de las indicaciones de organismos internacionales.
Con la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos se generó la expectativa de que más pronto que tarde se pusiera fin a la política del Título 42. Sin embargo, no fue hasta abril de 2022 que el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) anunció la terminación de la aplicación de esta disposición para el 23 de mayo de 2020. La retirada del Título 42 fue llevada a juicio ante los tribunales federales, que serán quienes a la postre definirán ciertas guías de la política de protección internacional estadounidense. Con independencia de como acabe la cuestión de la aplicación del Título 42, al menos por un año y cuatro meses la administración Biden siguió mayormente la línea trazada por la administración anterior.
En tiempos de aplicación del Título 42, los migrantes que pretenden solicitar asilo ante las autoridades estadounidenses han visto limitada la posibilidad de lograr protección a una serie de excepciones puntuales que requieren de procesos complejos para lograr tener la oportunidad de acceder a Estados Unidos, y a una serie de medidas que permitieron la entrada de un número limitado de migrantes. Entre abril y agosto de 2021 derivado de una resolución judicial por una demanda de ACLU al gobierno de federal de Estados Unidos, las autoridades estadounidenses por razones humanitarias dejaron pasar diariamente a un pequeño número de personas que estuvieran en condiciones especialmente vulnerables en territorio mexicano y que fueron seleccionados por diversas organizaciones de la sociedad civil. Además, de que son solo “migajas” de protección en el marco de la desprotección generalizada a los solicitantes de asilo que esperan en la frontera, el problema de estos programas de excepciones es que no miden sus consecuencias sobre las personas que buscan/requieren protección, así como sobre los defensores de los derechos humanos de los migrantes. Los migrantes compiten desesperadamente por lograr que alguna organización de la sociedad civil les apoye con uno de los trámites de excepción al Título 42, lo que hace sino elevar sus niveles de ansiedad, se generan estafas en torno a estos procesos, etc. Para los migrantes estos procesos son un “ticket dorado” para ganar acceso al territorio estadounidense y con ello al “sueño americano”. Los activistas y miembros de organizaciones de la sociedad civil que participaron en los procesos de excepciones no solo tuvieron que atender al reto logístico de seleccionar a migrantes vulnerables, sino que se expusieron a riesgos de violencia y criminalidad cuando era conocido que estaban gestionando un recurso tan sensible como poder acceder a un proceso legal de excepción en una frontera repleta de incertidumbre sobre cuándo y de qué manera podrán solicitar el asilo.
Otra medida que condujo a una entrega sistemática de excepciones fue la que se puso en marcha para que los migrantes ucranianos cruzaran sin mayores problemas la frontera México-Estados Unidos y solicitaran asilo en Estados Unidos. En este caso las autoridades estadounidenses permitieron de manera expedita varios miles de excepciones mientras que esta política estuvo en vigor principalmente entre marzo y abril de 2022. En este último mes, Estados Unidos apertura el programa U4U (Unidos por Ucrania) para que los migrantes ucranianos viajaran directamente a Estados Unidos. Las acusaciones de trato discriminatorios y racista al tratar a las diversas poblaciones de solicitantes de protección –esto es, mucho mejor a los ucranianos que a los mexicanos, centroamericanos, haitianos etc.– vinieron acertadamente de periodistas, activistas, académicos y otros actores sociales. En este sentido, es importante recalcar que esto no es algo atípico que el sistema de asilo –al igual que la movilidad humana internacional–, no se maneja con criterios altruistas y humanitarios sino económicos, políticos e inclusive racistas.
Dr. Eduardo Torre Cantalapiedra
El Colegio de la Frontera Norte
