Recientemente el Departamento de Estado de Estados Unidos denegó una solicitud de México para el suministro de agua del río Colorado a la ciudad de Tijuana en Baja California. El argumento detrás de esta medida unilateral que contraviene los términos del Tratado de 1944, apunta a la incapacidad de México para cumplir con su compromiso de entregas de agua en el rio Bravo a escasos meses del término del presente ciclo.
La acción referida, que tiene la marca del nuevo gobierno estadounidense, establece sin duda un delicado precedente en una historia de desencuentros entre ambos países que tuvo un origen importante en el episodio de la llamada deuda del agua en la década de 1990. En aquella ocasión una sequía extraordinaria que afectó a toda la cuenca no permitió a México cumplir con sus obligaciones por dos ciclos completos, generando reacciones de diferentes sectores fuera del ámbito binacional de negociación con que cuentan ambas naciones para esos efectos. Lo que inició con denuncias de parte de los granjeros texanos en la parte baja de la cuenca, pronto escaló a los niveles estatal y federal, involucrando a los Ejecutivos de ambos países.
El episodio de la deuda del agua fue finalmente resuelto en el ciclo que concluyó en 2007, y a pesar de que en años subsecuentes México ha enfrentado condiciones similares, estas se han solventado satisfactoriamente bajo los términos del Tratado y a través de la buena gestión binacional de la CILA-IBWC; un ejemplo claro de esta cooperación fue la firma del Acta 325 en octubre de 2020. A pesar de lo anterior, y lejos de abonar a un mejor clima de entendimiento, la reincidencia de estos procesos ha alimentado un descontento creciente entre los mismos actores estadounidenses fuera del ámbito de la CILA, acerca de la capacidad de México para hacer frente a las entregas de agua en los ciclos subsecuentes.
La situación de déficit que enfrenta la deuda de México a pocos meses del final del presente ciclo no ha dejado de ser abordada por ambos gobiernos a través de los canales binacionales previstos por el Tratado de 1944, como sucedió en noviembre pasado con la firma del Acta 331, una propuesta de medidas para mejorar la confiabilidad y predictibilidad de las entregas de agua del río Bravo. Sin embargo, e independientemente, la cercanía del cierre del ciclo ha reavivado el activismo de los actores texanos lidereados por su gobernador el republicano Greg Abbott, cuya relación con México ha distado mucho de ser cordial.
La entrada del nuevo gobierno estadounidense y su política exterior agresiva en diferentes órdenes ha proporcionado un terreno fértil para la canalización de las demandas texanas. Algunos medios han reportado que incluso se ha solicitado al presidente Trump se incluya este asunto en el marco de las negociaciones arancelarias con México, con el argumento de los impactos en la agricultura estadounidense que está teniendo la falta de cumplimiento por parte de México.
La medida tomada por el gobierno estadounidense es totalmente opuesta a los principios de cooperación y buena amistad que sustentaron la firma del Tratado de 1944, y que han privado a lo largo de la firma de 332 Actas de la CILA-IBWC. Como se comentó en un principio, esta acción sienta un precedente delicado no sólo por contravenir acuerdos binacionales cuya observancia ha garantizado la resiliencia del Tratado, sino que pone en entredicho las funciones y personalidad de la CILA-IBWC como el organismo reconocido por ambas naciones para abordar y buscar soluciones a todos los asuntos que surjan en la operación del Tratado.
José Luis Castro Ruiz
El Colegio de la Frontera Norte, Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente
Las opiniones expresadas son responsabilidad de quien las emite y no reflejan necesariamente una postura institucional de El Colegio de la Frontera Norte.
