El Acta 330 de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), firmada el pasado 21 de marzo en El Paso, Texas, tiene antecedentes que se remontan hasta el Acta 318 del 2010, en la que se estipularon medidas de emergencia para almacenar agua mexicana en la presa Hoover -Lago Mead- debido a los daños ocasionados por el sismo del 4 de abril en la red del Distrito de Riego 014. Otros antecedentes son las actas 319 del 2012 y 323 del 2017; en esta última, las disposiciones relacionadas con la distribución de aguas en condiciones de presas con elevaciones bajas, establece que: “Cuando la elevación en el Lago Mead se proyecte que para el 1 de enero esté en o por debajo de 1,045 psnm, la Comisión deberá reunirse para discutir medidas que se podrán adoptar reconociendo que podría ser necesario incrementar las reducciones en ambos países.”
Con base en lo anterior y considerando que a finales de 2022 se registraron niveles críticos en las presas -Glen Canyon y Hoover-, en abril de 2023, iniciaron las actividades del Grupo de Trabajo Relativo a la Emergencia por Sequía en el Río Colorado (GTRES). Se llevaron a cabo cuatro reuniones, la última en febrero de 2024 y participaban la CILA, Conagua-BC, Seproa-BC, Distrito de Riego 014, Sociedad del Distrito de Riego representando a usuarios agrícolas, Pronatura-Noroeste, Instituto de Ingeniería-UABC y el que escribe, en representación de El Colegio de la Frontera Norte. El propósito de las reuniones era informar sobre los pronósticos del río Colorado, dialogar sobre las “medidas adicionales” necesarias para enfrentar la sequía y difundir y transparentar el proceso de construcción de una futura acta.
En este sentido, subrayo las “fallas” del proceso de difusión de avances. Y es que, a pesar de mi insistencia en el seno del GTRES sobre la necesidad de que las instancias gubernamentales dieran a conocer oportuna, amplia y claramente la información que se iba generando, esto no se dio. Menciono por ejemplo que, en la tercera reunión del 5 de diciembre del 2023, la CILA tenía una propuesta inicial: un volumen máximo de agua que México ofrecería, del orden de 617 Mm3, a cambio de un monto base de 35 MDD de compensación. Recomendé compartir dicha información a la brevedad, sobre todo a los usuarios del riego de quiénes se obtendrían los volúmenes de agua, pero tampoco ocurrió. Los cifras finales acordadas con la contraparte estadounidense, se tuvieron listas antes de la última reunión del pasado febrero, en la que también sugerí que se socializara la propuesta, enfatizando que esto fuera previo a la firma del acta: se cederían 493.4 Mm3 (164 en 2024, 247 en 2025 y 83 Mm3 en 2026) a cambio de 65 MDD de compensación, tal como se estableció en el Acta 330, misma que, por cierto, se difundió en la esfera local hasta el 18 de abril pasado. Se comentó en el GTRES que dichos fondos se utilizarían para financiar infraestructura hidroagrícola y un programa de descanso de tierras en el Valle de Mexicali, esto último tomando en consideración zonas con suelos de baja productividad, de cultivos con precios deprimidos -trigo, algodonero y alfalfa- y áreas irrigadas con agua de gravedad.
Mi insistencia para que se informara tenía una justificación: no cometer los mismos errores previos de opacidad durante los procesos de las actas 319 y 323 y, también, porque el Acta 330 establece que se dispone de un plazo de 45 días naturales a partir de su firma para que la CILA y Conagua-BC presenten un programa al gobierno de Estados Unidos. Pero a la fecha, poco o nada se conoce al respecto y esto ha generado un alto nivel de incertidumbre entre los usuarios del riego. Este típico comportamiento institucional opaco, solo puede ser corregido por los productores agrícolas en alianza con la academia con compromiso social y la ciudadanía solidaria. Afortunadamente, ya se están tomando acciones coordinadas y efectivas en beneficio del agro regional.
Alfonso Andrés Cortez Lara
El Colegio de la Frontera Norte, Unidad Mexicali
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