El Gobierno federal actual ofreció mejorar la situación de los trabajadores en cuanto a incremento salarial, libertad sindical, democracia sindical, respeto al contrato colectivo y la eficiencia en la impartición de justicia. A cinco años, los resultados no son los esperados. Parte de las razones descansan en que la “transformación laboral”, que se inició, no fue acorde a las historias laborales regionales y la heterogeneidad de la fuerza laboral mexicana. Los cambios fueron construidos a partir de percepciones laborales de líderes alejados de la base laboral y abogados laborales que consideran que con modificaciones legales se solucionan problemas estructurales y prácticas culturales endémicas, sin acompañarlas con suficiente información y otras acciones que permitan permear hasta las bases los cambios que se intentar realizar. No menos importante, en este no cumplimiento de las expectativas laborales, fue la relevancia de las exigencias internacionales, a través de la actualización del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), con la finalidad de frenar la competencia desleal, mediante salarios bajos y sindicatos subordinados, más que un interés genuino en impulsar el mejoramiento de los trabajadores.
Para lograr sus objetivos, en un primer momento, el Gobierno, en el año 2019, incrementó el salario mínimo al doble, y entre los años de 2020 y 2024, lo incrementó en un 20% en promedio anual, que condujo a un salario diario actual de 248.93 pesos en el área no fronteriza y 374.9 pesos en el área fronteriza, estimando que los salarios crecieron en 110%. A pesar de ello, el poder adquisitivo no se recuperó debido a la ausencia de una política de control de precios, en los artículos de la canasta básica, además habría que mencionar que los salarios superiores a los mínimos experimentaron aumentos que fluctuaron entre el 3 y 7%, porcentajes alejados de los incrementos que se hicieron en los salarios mínimos. El otro aspecto central en la transformación fue la promulgación de una Nueva Ley Federal del Trabajo (NLFT), que fue una continuación de las modificaciones laborales que se habían iniciado desde los años ochenta del siglo XX. La NLFT buscaba favorecer la democracia sindical y la participación de los trabajadores en los distintos aspectos de la vida sindical: formación sindical, elección de líderes y ratificación de los contratos colectivos que están firmando sus sindicatos.
Los resultados que se han registrado en cuanto a democracia sindical tampoco son halagüeños. Primero, porque a excepción del reconocimiento expedito de unos cuantos sindicatos, como el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios (SNITIS), derivado de Movimiento de Matamoros de 2019; el registro de otros sindicatos independientes ha estado plagado de trámites burocráticos para ser registrados o ser reconocidos como titulares de contratos colectivos. A pesar de cumplir con todos los requisitos, los Centros de Conciliación y Registro laboral, que sustituyeron a las Juntas de Conciliación, no han sido eficientes en los trámites, especialmente cuando se trata de sindicatos independientes. Un caso es el Tridonex en Matamoros del SNITIS, que le llevó casi cuatro años obtener su reconocimiento como sindicato titular del contrato colectivo. En caso contrario, estos centros han sido sumamente eficientes en el reconocimiento de distintos sindicatos que han surgido de divisiones de las centrales oficiales, como CTM o CROC, o bien dirigidos por políticos como sería la CAEM, dirigido por Pedro Haces, y el Sindicato Joven de México, una escisión de la CTM dirigido por Ignacio del Olmo, familiar del dirigente nacional cetemista. Estas “nuevas” organizaciones se han extendido con profusión por todo el territorio nacional, en virtud de sus redes políticas, solvencia económica, sindicalizando a ramas industriales y de servicios de lo más disímbolas, dado la permisión actual de poder sindicalizar en cualquier lugar de la República Mexicana. Una revisión de contratos de estos sindicatos los asemeja más al sindicalismo de protección empresarial, que a un sindicalismo real de defensa de los trabajadores. Otros aspectos también cuestionan la supuesta democratización, como sería el caso de la legitimación de contratos colectivos. En una exploración reciente, se encontró que los trabajadores a pesar de haber realizado este procedimiento, lo hicieron más como un requerimiento burocrático a cumplir que con una concientización clara de lo que representa. Finalmente, la justicia laboral expedita que se ofreció sigue sin llegar: 600 trabajadores en Matamoros, después de un año de haber sido abandonados por una maquiladora, y de un dictamen favorable, siguen sin ser indemnizados. Los ejemplos presentados muestran que los trabajadores están muy lejos de haber sido los primeros beneficiarios con la transformación laboral implementada.
Cirila Quintero Ramírez
El Colegio de la Frontera Norte, Unidad Matamoros
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