En México y el mundo se ha dado un incremento de los desplazamientos internos forzados por diversos motivos, entre ellos la violencia criminal y la inseguridad delictiva. De acuerdo con el reporte global del Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas inglés) en 2020, los conflictos y la violencia provocaron 9.8 millones de nuevos desplazamientos internos en 149 países, en donde México sumó 9 700 nuevos desplazados por conflictos y violencia, para llegar a un estimado de 357 mil personas internamente desplazadas entre 2009 y 2020. Además, según los registros preliminares de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos durante 2021 fueron desplazadas internamente 44 905 personas en México, principalmente de Michoacán, Chiapas, Guerrero, Zacatecas y Chihuahua, lo que representa su mayor nivel desde 2016.
Este incremento de los desplazamientos internos en México se debe principalmente al aumento de la violencia e inseguridad desde el comienzo de la denominada Guerra contra el Narcotráfico a finales de 2006. Estrategia de seguridad federal que consistió en el enfrentamiento directo de las fuerzas armadas contra algunos de los cárteles de drogas con el objetivo de capturar o abatir a sus líderes, lo que generó una división de los cárteles en células más pequeñas que se enfrentan por el control de los territorios de producción, distribución y venta de drogas. Los mayores incrementos de violencia y desplazamientos se han dado en regiones con una larga historia asociada al narcotráfico como Tierra Caliente en las entidades de Michoacán y Guerrero, el Triángulo Dorado en la sierra de Chihuahua, Durango y Sinaloa, además de regiones asociadas con las rutas de trasiego de drogas hacia Estados Unidos (EE. UU.).
A pesar de que ya han pasado más de 15 años desde la fallida Guerra contra el Narcotráfico, la violencia e inseguridad que se vive en distintas regiones del país se ha mantenido e inclusive se ha propagado propiciando nuevos desplazamientos hacia otras comunidades, municipios, entidades y países. Sin embargo, fue hasta 2019 que el gobierno de México reconoció esta problemática, sin que hasta la fecha se haya aprobado una ley general para atender y evitar nuevos desplazamientos internos. Pese a que la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno el 29 de septiembre de 2020, aún no ha sido ratificada por la Cámara de Senadores. Por tanto, no se cuenta con una ley federal en la materia, ni con programas específicos para la atención de las víctimas, solo Chiapas, Guerrero y Sinaloa cuentan con leyes sobre desplazamiento interno.
Diversos medios de comunicación han documentado el incremento desde 2019 de los desplazamientos forzados que se dirigen a la frontera norte de México hacia ciudades como Tijuana, Baja California y Juárez, Chihuahua provenientes principalmente de comunidades de Michoacán, Guerrero y Zacatecas, entidades con una larga historia migratoria hacia EE. UU. y cuyas víctimas de la violencia criminal ven en el asilo una forma para salvaguardar sus vidas y las de sus familias. No obstante, las barreras de la política migratoria y al asilo en EE UU. se han intensificado desde inicios de 2019, primero con el surgimiento del Protocolo de Protección a Migrantes que obliga a los solicitantes de asilo a permanecer en México, y segundo con las expulsiones inmediatas de migrantes indocumentados bajo el Título 42 que impiden que las personas que huyen de la violencia puedan solicitar asilo desde el comienzo de la pandemia de la COVID-19.
Las barreras al asilo han provocado el incremento de las estancias de los migrantes internacionales y de los desplazados internos en la frontera norte de México, que conviven en los espacios de ayuda brindada por diversas organizaciones, sin saber cuánto tiempo más esperarán, ni la certeza de sus procesos, dados los bajos niveles de aprobación de asilo. Situación que los coloca en mayor vulnerabilidad ya que los eventos de desplazamiento suelen ocurrir de manera intempestiva y sin planeación, obligándolos a depender de la ayuda de organizaciones, instituciones, así como de redes sociales y familiares. Por tanto, es necesario el trabajo de los tres niveles de gobierno, academia y sociedad civil para cuantificar y caracterizar a las personas desplazadas, así como la elaboración de programas de atención y reparación del daño, mediante el retorno seguro y asistido a sus lugares de origen o su integración en los lugares de destino.
Dr. Oscar Rodríguez Chávez
El Colegio de la Frontera Norte
