La educación en el nivel básico y medio superior es obligatoria, universal e inclusiva según la Ley General de Educación 2017; sin embargo, las desigualdades de origen social siguen limitando que la niñez se mantenga en la escuela en Baja California, especialmente en estos tiempos de la pandemia Covid-19. La residencia rural o en periferias urbanas, el estatus socioeconómico y la condición de migración reciente se vinculan a un bajo acceso a la educación en esta entidad. Si bien es cierto que Baja California se ubica en los niveles más altos de desarrollo, también se distingue por sus niveles intermedios de inequidad. Los indicadores de asistencia escolar de niños, niñas y adolescentes (NNA) que arrojó el Censo de Población 2020, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, reflejan esta situación.
En marzo de 2020, la inserción escolar de los NNA hasta los 14 años tanto en zonas urbanas como rurales era alta, 92 de cada 100 estaban incorporados a algún centro escolar. Sin embargo, entre los 15 y 17 años, la asistencia escolar decreció a 77 de cada 100 adolescentes. No es sorprendente que los adolescentes con menor inserción escolar fueron aquellos de áreas rurales y periferias urbanas. Solo 64% estudiaban en las áreas con menos de 2500 habitantes y sólo 69% en las áreas entre 2500 y 99,999 habitantes. La oferta de educación media superior aún es limitada en muchas localidades de la entidad, y la pobreza dificulta que los hogares puedan enviar a sus hijos a la escuela y motiva la inserción laboral temprana de los jóvenes.
Se observan también desigualdades amplias por estatus socioeconómico y condición de inmigración interna reciente en el periodo 2015-2020. Si clasificamos a los adolescentes de 15 a 17 años de acuerdo al ingreso por trabajo de sus hogares, entre los más pobres (primer decil) solo 75 de cada 100 adolescentes asistía a la escuela, versus 84 de cada 100 de los adolescentes con mayores recursos económicos (décimo decil). Además, solo 57% de los inmigrantes recientes de otra entidad asistía a la escuela, versus 79% de la población no inmigrante; es decir, existía entre estos adolescentes migrantes una brecha de 18 puntos porcentuales.
Las cifras que arroja el Censo Poblacional 2020 refieren al periodo previo a la crisis generada por el Covid-19. En este nuevo escenario de pandemia es de esperarse que las desigualdades en inserción escolar se hayan ampliado, ya que se han perdido empleos y el ingreso laboral per cápita se ha desplomado según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Además, los hogares más pobres tienen menor acceso a internet, herramienta necesaria para el aprendizaje virtual.
Es evidente que ante tales desigualdades educativas, los programas sociales gubernamentales deberían expandirse para proveer becas a más estudiantes en riesgo de desertar la escuela o que han tenido que abandonar sus estudios y quieren regresar a estudiar. Al mismo tiempo, muchos estudiantes requieren tutorías personalizadas para atender rezagos, mejorar su aprovechamiento y continuar con sus trayectorias educativas. En este sentido, el presupuesto para la educación debería ir al alza y no a la baja, y destinarlo a la expansión de la infraestructura educativa para ampliar modalidades escolarizadas en el nivel medio superior y de programas compensatorios que permitan elevar la matrícula y la calidad de la educación que se ofrece. El compromiso de universalizar la educación media superior debería ser una prioridad de los nuevos gobiernos, si lo que se quiere es mejorar el desarrollo humano, la estructura de oportunidades de los jóvenes y la cohesión social en nuestra entidad.
Dra. Eunice Vargas Valle
El Colegio de la Frontera Norte
