El estado de Baja California presenta un contexto sociocultural relacionado con su condición de frontera con Estados Unidos. Este contexto implica una serie de contrastes y condiciones de alta violencia hacia las mujeres. Principalmente, debido a que varias localidades, como Tijuana y Mexicali, representan nudos migratorios en el flujo global de personas. Se trata de ciudades de paso en las que se han excerbado las violencias asociadas al trasiego de drogas, al crimen organizado, y al tráfico de personas. Asimismo, por varias décadas la frontera norte de México representó la región histórica del desarrrollo de la industria maquiladora de exportación, que se caracterizó por la incorporación masiva de mujeres a estos mercados de trabajo, con la consecuente tensión en las familias y las comunidades por la inédita participación de las mujeres en estos espacios de trabajo.
En los últimos años, a nivel nacional, Baja California se ha encontrado entre los primeros lugares por sus altos índices de violencia contra las mujeres. De acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2019 ocupaba el sexto lugar en víctimas por lesiones dolosas al sumar mil 448; y entre enero y agosto del 2020, se ubicó en la posición número 8 entre las entidades con mayor número de casos de feminicidio, con 25 casos reportados.
A fin de actualizar la discusión acerca del cumplimiento a nivel local de los compromisos adquiridos por el gobierno mexicano en el marco de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), se organizaron foros para el caso de Baja California, por parte de El Colegio de la Frontera Norte (Colef) y la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos (Red-IDH).
Las participaciones dentro del primer foro nos permiten identificar algunas de las poblaciones que requieren especial atención por su alto grado de vulnerabilidad. Se destacó a las migrantes, pues se ha observado que su proceso migratorio se asocia con la experiencia de violencia de género, tanto familiar como comunitaria, además de los abusos de diverso tipo que enfrentan en la travesía rumbo al norte y en su llegada a las ciudades fronterizas. Por otra parte, se consideró que la trata de personas con fines sexuales o de explotación laboral requiere una vigilancia más sistemática ya que se han identificado informes incompletos o imprecisos por parte de las instancias encargadas de dar seguimiento a estos temas. También, se mencionó la necesidad de atender integralmente a las migrantes, reconociendo su derecho a la información, a la no discriminación y al acceso a los servicos de salud.
Una problemática que se ha hecho cada vez más evidente, se refiere al aumento de las adicciones entre las mujeres. Sin embargo, se han detectado enormes carencias en la infraestructura para su atención y en una ausencia de la perspectiva de género dentro de los centros de atención, por lo que son susceptibles de discriminación y abandono.
Las trabajadoras de las maquiladoras también presentan rezagos, se señaló que muy pocas empresas brindan información y mecanismos para atender situaciones de abuso y violencia dentro del centro de trabajo o en los hogares de las trabajadoras. Además de carencias añejas en el tema del cuidado, la paternidad responsable, y la coinciliación del trabajo y la familia.
Finalmente, se señaló que la asignación incongruente de presupuesto a las instituciones y programas del gobierno estatal para las mujeres es otro obstáculo para avanzar en los compromisos adquiridos en la CEDAW. Mientras esta tendencia continúe, es muy poco lo que las instituciones pueden incidir en la mejora de la condición social y el empoderamiento de las mujeres.
Dra. Marlene Solís Pérez
El Colegio de la Frontera Norte
