Dos eventos laborales recientes muestran la incertidumbre que existe entre la clase trabajadora, de todos los niveles y calificaciones, en el momento actual. La primera, la quiebra de Aeromar que dejo a más de 600 trabajadores sin empleo, algunos de ellos con más de 20 años de antigüedad. Pilotos, sobrecargos, personal administrativo de un día a otro se quedaron sin empleo, https://elpais.com/mexico/2023-02-17/los-directivos-saquearon-la-empresa-mas-de-600-trabajadores-de-aeromar-estallan-la-huelga.html. De con testimonios, los gobiernos dejaron llegar a este grado de insolvencia de la empresa sin hacer algo, dado que permitieron el funcionamiento de la línea a pesar de sus adeudos, y ahora son los trabajadores los que asumen los costos; el segundo, se relaciona con la aprobación del denominado “Plan B” de la Reforma Electoral, realizado el día 22 de febrero, cuya implementación prevé el despido de poco más de 2000 trabajadores en todo el país. En el están incluidos mandos superiores, pero también trabajadores de campo, administrativos. Lo más preocupante, los despidos no serán de trabajadores eventuales sino de trabajadores de planta, es decir que habían logrado su permanencia laboral, y a los cuáles se despedirá no por su desempeño laboral sino por una reestructuración administrativa gubernamental.
Los trabajadores de Aeromar han estallado una huelga, sin embargo, el futuro no es halagüeño. No se puede dejar de pensar en el caso de los trabajadores de Mexicana de Aviación, declarada en quiebra en el 2014, con una historia muy similar a Aeromar, que afectó a 8600 trabajadores, que estallaron en huelga, https://piedepagina.mx/mexicana-de-aviacion-la-historia-de-una-quiebra/. En el año 2022, en septiembre, en plena madrugada, fueron desalojados por la Marina Nacional, de la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de México, y cerrada su cafetería de donde obtenían ingresos. Recientemente, a raíz de la venta de la aerolínea al gobierno, los trabajadores con un sabor agridulce han expresado “era venderla o no recibir nada”. Esta experiencia, y otros casos de huelgas no resueltas como la de Notimex, iniciada casi al comienzo de la administración actual; la huelga de las prepas de la Ciudad de México y la posible huelga en la Universidad de la Ciudad de México, de quien Claudia Sheinbaum ha expresado no le preocupa, muestran que el sector laboral no pasa por su mejor momento.
La incertidumbre se ha convertido, paradójicamente, en la característica central de un período, en donde debería privar la certeza en los procedimientos que buscan la protección de los derechos laborales y la resolución de conflictos, dado la relevancia que se le ha concedido a la impartición de justicia laboral, como uno de las bases del nuevo sistema laboral. Sin embargo, no ha sido así, existe incertidumbre en la permanencia en el empleo, dado la facilidad que parece existir para despedir a los trabajadores, incluso algunos a través de las redes sociales; en la posibilidad de que se reconozcan los nuevos sindicatos independientes como el caso de la empresa VU en Piedras Negras, salvo que una instancia internacional los apoye, como fue el caso de GM-Silao; en la petición por la titularidad del contrato, como los trabajadores de 3M que les llevó varios meses que se aceptará su petición por cuestiones burocráticas, el mismo caso del SNITIS, sindicato emergido de la movilización obrera de Matamoros en el 2018, que les llevó casi dos años que se aceptaran su recuento por titularidad de contrato y que aún con un dictamen que les da la titularidad, se les reconozca como sindicato titular por parte de la empresa. Hay también incertidumbre en el proceso de legitimación de contratos colectivos de cientos de sindicatos, dado los requerimientos y el protocolo que hay que cumplir, pero en especial por la ausencia de información suficiente para realizar el proceso, y sobre todo por enfrentarse a funcionarios de los centros de Registro y Conciliación Laboral, no solo por su inexperiencia en materia laboral, sino por las interpretaciones que hacen por lo estipulado en la Ley Federal del trabajo, que ha afectado la lucha de los trabajadores. Por ejemplo, en una conferencia, en donde estuvieron autoridades gubernamentales, los trabajadores de 3M mencionan que se les había regresado su solicitud para buscar la titularidad de contrato, la cual les había llevado semanas preparar, debido a que los solicitantes ¡no firmaron con tinta azul!
La incertidumbre, como decía al principio, no solo está en los trabajadores de las industrias, los servicios, sino también en los trabajadores de la educación y de la academia, ya mencionaba el escaso interés que se ha concedido a sus movimientos huelguísticos o bien los desconocimientos a los emplazamientos a huelga como aconteció con el Sindicato de la Universidad Autónoma Metropolitana, quienes necesitaron movilizarse para ser escuchados. En otras instituciones, como los Centros Públicos de Investigación (CPIs), coordinados por el CONACYT, en donde coincidimos 26 centros de investigación de diferentes áreas del conocimiento, (https://conacyt.mx/cpi/), algunos hemos confrontado una lucha por no ser trasladados del Apartado “A”, que supone el derecho a sindicalización, respeto del contrato colectivo y derecho a huelga, al apartado “B” que nos colocaría como personal de confianza y sin derecho a sindicalizarnos, ni a huelga, pero sí sujetos a la voluntad de funcionarios gubernamentales. El traslado a este apartado conduciría a la desaparición de los contratos colectivos existentes y pasaríamos a condiciones laborales generales, que constituiría una violación abierta a los derechos laborales adquiridos y a la tarea académica y de investigación que realizamos. Ciertamente, la propuesta arranca desde la administración de Ernesto Zedillo, y distintos gobiernos, como en Aeromar, han evadido su resolución. La presente administración quiso hacerlo, argumentando la regulación que algunas instancias gubernamentales deben tener, pero mediante una medida que implicaba la afectación de derechos laborales, en lugar de buscar alternativas que garantizaran la regulación con el respeto a los derechos laborales construidos. Ante las amenazas que se cernía sobre nuestros derechos nos movilizamos y recurrimos al amparo para protegernos, mismo que nos fue otorgado, con esta medida cautelar considerábamos que la amenaza había desaparecido.
Sin embargo, hoy nuevamente la incertidumbre laboral se cierne sobre las comunidades de los CPIs, ya no para algunos, sino para los 26 CPIs, cuando en la Nueva propuesta de Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, se prevé la reestructuración de los CPI, englobados en un Consejo Nacional, integrado por las secretarías de estado, y una casi nula participación, con voz pero no voto, de la comunidad académica. El objetivo central sería la homogenización de los CPI, lo que supondría la violación de Estatutos de Personal Académico, que fijan las condiciones de ingreso, permanencia, movilidad y despido mediante la evaluación de pares; y desconociendo con ellos los sindicatos y Contratos Colectivos de Trabajo, que existen en algunos de los CPIs, violando con ello, las convenciones internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, referente al derecho a asociación y la contratación colectiva. La incertidumbre y preocupación tiene bases reales cuando en el artículo 62 se lee “las relaciones de trabajo entre el Consejo Nacional y sus trabajadores se regirán por lo dispuesto en el artículo 123, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. Ante tal situación, nuevamente, una parte importante de académicos hemos expresado nuestras preocupaciones ante las autoridades correspondientes y los encargados de hacer las leyes en el país, hasta el momento, nuestras peticiones parecen haber sido escuchadas y se abre la posibilidad de un Parlamento Abierto, antes de aprobar la ley; de aceptarse, lo siguiente será que el parlamento sea inclusivo y que lo expuesto en este diálogo se concretice en una nueva Ley de Ciencia que garantice no solo resolución de problemas nacionales sino que contribuya al conocimiento científico universal, y sea respetuosa de los derechos laborales de quienes laboramos en esta tarea científica.
Dra. Cirila Quintero Ramírez
El Colegio de la Frontera Norte
