El pasado lunes 29 de noviembre entraron en vigor los nuevos lineamientos de la Oficina de Migración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), la agencia a cargo de la búsqueda, detención y deportación de personas indocumentadas en Estados Unidos.
Las nuevas líneas directrices son el resultado de un proceso que empezó con el arribo del actual presidente Joe Biden, quien emitió una orden ejecutiva el día de su inauguración, donde se articularon las prioridades de la nueva administración con respecto a los migrantes indocumentados. La orden ejecutiva del presidente reconoció el papel fundamental de los migrantes indocumentados en la sociedad y economía estadunidenses, y enfatizó que el hecho de ser un migrante indocumentado “no debería ser el único criterio” para ser detenido y deportado. Asimismo, derogó una orden ejecutiva del anterior presidente Donald Trump que daba la instrucción que ICE realizara acciones de detención y deportación en contra de cualquier individuo sin papeles y que amenazaba las jurisdicciones santuario con cortes de fondos federales.
Esta evolución en la política migratoria del gobierno federal representa un giro importante para los 11 millones de personas indocumentadas que residen en Estados Unidos (de los cuales aproximadamente la mitad son mexicanos). Durante la administración de Trump, los reportes sobre las deportaciones de personas indocumentadas que habían vivido décadas el país, sin antecedentes penales, con familia y en lugares lejanos de la frontera con México, causaron miedo y una fuerte conmoción en las comunidades migrantes. El riesgo de ser detenido se volvió de repente una posibilidad en cada momento de la vida cotidiana, desde llevar los niños a la escuela hasta visitar a un familiar enfermo en el hospital. Mientras tanto, organizaciones de la sociedad civil empezaron a diagnosticar síntomas del trastorno de estrés postraumático en niños de padres indocumentados por el temor constante que sufrían que sus padres podrían ser deportados.
En cambio, el gobierno de Biden pretende redirigir los recursos de ICE hacia los casos que representan una amenaza a la seguridad nacional, la seguridad pública o la seguridad fronteriza. Los lineamientos denuncian a los empleadores y propietarios “inescrupulosos” que explotan de sus empleadores o inquilinos, amenazándolos por su estatus migratorio, y presentan un listado de los factores atenuantes que deberían ser tomados en cuenta a la hora de decidir de detener o deportar a una persona: la edad, el número de años viviendo en Estados Unidos, el impacto negativo que la deportación del individuo podría tener en su familia en Estados Unidos, etcétera. Además busca establecer procesos administrativos internos para el seguimiento de los casos de detención y deportación para asegurar el respeto de los derechos civiles.
Los nuevos lineamientos de ICE son la prueba de un cambio fundamental en la política migratoria del país. Sin embargo, también representan un regreso al statu quo que existía antes de la llegada de Trump y dejan mucho que desear en un momento cuando una minoría vocal del partido demócrata, encabezada por políticos como Alexandria Ocasio-Cortez, está activamente abogando por la abolición de ICE. Es más, los nuevos lineamientos otorgan un papel central a las facultades discrecionales de los agentes de ICE como principio fundamental, acordándoles un nivel de poder demasiado importante, y abandonan un mecanismo de control que estipulaba que las Oficinas de campo de ICE necesitaban recibir una pre-autorización para cualquier operación de detención o deportación que no cumplía con los criterios para casos prioritarios.
En fin, la discusión de estos nuevos lineamientos demuestra que se necesitará un esfuerzo político mucho más importante para resolver el problema verdadero: que 11 millones de residentes estadunidenses siguen careciendo de un estatus legal.
Dr. Benjamin Bruce
El Colegio de la Frontera Norte
