Hoy se cumple un año de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconociese la pandemia mundial de COVID-19 ante el incremento de casos graves de la enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV-2. Un repaso a las actuaciones del gobierno mexicano respecto a la migración centroamericana durante este periodo permite dar cuenta de la continuidad de una política migratoria enfocada en la contención de los flujos migratorios, pero que desprotege los derechos humanos de los migrantes.
La respuesta más destacada de México respecto a los flujos migratorios que cruzan de manera irregular a su territorio durante la emergencia sanitaria ha sido detener y deportar. La mayoría de los migrantes proceden de Honduras, Guatemala y El Salvador –el denominado Norte de Centroamérica (NCA)– y pretenden llegar a Estados Unidos; no obstante, una pequeña parte tiene como destino final México. En los primeros meses de la pandemia la cifra de deportaciones se redujo a la par que disminuyó la llegada de migrantes, pero en el último semestre del año 2020 las devoluciones realizadas por el Instituto Nacional de Migración (INM) a países del NCA alcanzaron la nada desdeñable cifra de 12 mil eventos.
En cuanto a los migrantes en centros de detención, las medidas de liberación, así como la debida adecuación de las instalaciones para salvaguardar a los migrantes de ser contagiados, solo se produjeron después de que diversas organizaciones de la sociedad civil presionaran mediante declaraciones públicas, comunicados de prensa y acciones judiciales. Asimismo, el gobierno mexicano mostró su anuencia con las medidas emprendidas por el gobierno estadounidense –como la devolución exprés de migrantes centroamericanos al territorio mexicano tras intentar cruzar de manera irregular a Estados Unidos. Aun cuando esto implica que los migrantes deberán mantenerse a la espera en ciudades fronterizas de México en condiciones que les hacen especialmente vulnerables al contagio del COVID-19.
En lo que respecta a las medidas protección de los migrantes, la emergencia sanitaria postergó las importantes reformas que requiere el sistema de refugio mexicano; entre ellas, incrementar la capacidad de procesamiento de las solicitudes para reducir los dilatados plazos de espera que provoca que muchas personas necesitadas se desesperen y desistan de seguir sus trámites. Aunque la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) ha seguido recibiendo nuevas solicitudes en tiempos de pandemia y se eximió la necesidad de la firma semanal, la resolución de los casos sigue implicando que los solicitantes tengan que hacer frente a largas esperas que les colocan en una situación precaria que puede durar más de un año. Además, las autoridades han sido partidarias de acciones de contención migratoria en contra de las caravanas de migrantes que partieron de San Pedro Sula (Honduras); la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) pidió frenar la marcha de enero de 2021 enarbolando el discurso de las “razones sanitarias”, pese a que muchos de los integrantes de esta son refugiados o requieren de otra forma de protección internacional.
El cada vez más cercano escenario pospandemia y la llegada a la presidencia estadounidense de Joe Biden ameritan una reflexión en cuanto algunos pasos que podrían darse en la materia migratoria desde una perspectiva de la protección de los derechos humanos de los migrantes. La crisis sanitaria ha reforzado las motivaciones para salir de los países del NCA, pues ha generado mayor desprotección social sobre todo entre aquellos que poseen escasos recursos económicos, a lo que hay que añadir la devastación generada por los huracanes Eta e Iota; como resultado, en meses pasados se observó un auge de personas especialmente vulnerables en los flujos migratorios centroamericanos, como lo indica el surgimiento de varias caravanas.
Nuevos contingentes de migrantes seguirán llegando al territorio mexicano, en respuesta a los mismos, resulta muy poco probable que la administración de Andrés Manuel López Obrador les permita el libre tránsito hacia Estados Unidos dadas las presiones e influencia del gobierno estadounidense para que México los detenga,algo en lo que han coincidido gobiernos demócratas y republicanos en las últimas décadas. Sin embargo, el gobierno mexicano tiene el deber moral y legal de mostrar su cara más solidaria y proteger a los migrantes centroamericanos, que se encuentran en circunstancias especialmente adversas, con el fortalecimiento de su sistema de refugio, con programas especiales de otorgamiento de Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH) y generando nuevas vías para la migración regular; en vez de priorizar únicamente el control migratorio.
Dr. Eduarto Torre Cantalapiedra
El Colegio de la Frontera Norte
