La privatización del cuidado infantil en las familias

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Opinión de Silvia López Estrada Investigadora de El Colegio de la Frontera Norte

jueves 28 de febrero de 2019

El actual gobierno del presidente López Obrador redujo el presupuesto del Programa Nacional de Estancias y Guarderías Infantiles bajo el argumento de que había discrecionalidad por parte de los funcionarios a cargo, ya que se asignaron recursos para estancias dirigidas por familiares y amigos de servidores públicos, además de cobros indebidos y sobornos a supervisores,  un débil control en la dispersión de los recursos, y el registro de niñas/os “fantasma”.

La nueva propuesta contempla terminar el subsidio a las guarderías infantiles y  entregar directamente a las familias el dinero que se otorgaba a las guarderías inscritas en el sistema. Uno de los principales argumentos que sustenta el nuevo programa es que, además de acabar con la corrupción, se debe terminar con la “privatización” neoliberal con la que, supuestamente, fueron creadas las estancias infantiles al subsidiarlas. Sin embargo, debemos estar alerta acerca del término privatización, si consideramos que la organización social de los cuidados tiene que ver con las formas en que una sociedad resuelve el cuidado de las personas, y que esta organización involucra la participación de la familia, el estado, el mercado y la sociedad.

La organización social de los cuidados contempla distintos tipos de políticas de acuerdo a la orientación de cada gobierno. Por una parte, están las políticas de desfamiliarización que tienen que ver con la provisión de servicios de cuidado fuera de la familia. Un régimen de bienestar que promueve la participación de las mujeres en la economía, así como una división sexual del trabajo más igualitaria, tenderá a diversificar la provisión de servicios que pueden estar bajo la rectoría del estado, o puede ser una estrategia mixta que considere provisión de servicios por parte del estado y del mercado, como sería el PEGI. Otras  estrategias pueden estar orientadas más hacia la mercantilización del cuidado a través de la provisión de servicios mayoritariamente por parte del mercado.

Por el contrario, las políticas de “familiarización” están orientadas a que las familias resuelvan el cuidado de sus integrantes (niños y niñas, adultos mayores, personas dependientes y también aquellas que son productivas) mediante arreglos privados en los cuales el trabajo de cuidados puede ser pago o impago. Entonces, la política que está favoreciendo el presidente López Obrador es de familiarización del cuidado infantil, y está promoviendo con ello la privatización de los cuidados en las familias, ya que es al interior de los hogares donde se tiene que resolver la estrategia. Y aun cuando con la nueva política se haya incrementado el porcentaje de dinero que será entregado a las madres y padres trabajadores, este es insuficiente ya que tratándose mayoritariamente de familias de escasos recursos, lo más probable es que no les alcanzará para pagar el servicio de guardería. Lo anterior tendrá importantes consecuencias para las familias al incrementar  la carga de trabajo no remunerado, que en particular recae en las mujeres. Además, un aspecto substantivo de las políticas de cuidado infantil es aumentar la cobertura de los servicios, y por el contrario la nueva política del gobierno federal tenderá a reducir el número de lugares disponibles para niñas y niños.

Por otra parte, las políticas para las familias afectan de manera diferente a sus integrantes. Con la nueva política de cuidado infantil, las mujeres que trabajan en las guarderías perderán sus empleos,  y los infantes no tendrán la estimulación y desarrollo que les ofrecen las estancias. Además, no parece equitativo que las y los abuelos se dediquen a cuidar a los niños y niñas, habrá sin duda quienes quieran hacerlo, pero las personas adultas mayores también requieren cuidados. Asimismo, si las abuelas y abuelos cuidan a sus nietas y nietos seguramente muchos terminarían no recibiendo el pago, lo cual contribuiría a oscurecer el trabajo de cuidados.

Así pues, corregir la “privatización” de las guarderías en donde participan particulares con el apoyo del estado, paradójicamente resultará en la privatización de los cuidados al interior de los hogares con las diversas consecuencias que ya he mencionado. Y si bien es cierto que la responsabilidad primaria del cuidado de la infancia es de las familias, el estado tiene que apoyarles en el cumplimiento de dichas tareas no solo a través de una política de transferencias, ya que una sociedad que tiene aspiraciones igualitarias no puede estar basada solo en ayudas monetarias.

Por ello, se requieren diagnósticos informados de la situación de las guarderías, y son necesarias políticas de visibilización del aporte de las mujeres a los cuidados, de redistribución de las tareas reproductivas que permitan a mujeres y varones conciliar el trabajo y sus responsabilidades familiares; así como  también se requieren políticas orientadas a ampliar la oferta y cobertura de los servicios de cuidado infantil, de tal manera que las personas tengan la posibilidad de elegir la estrategia de cuidado que mejor les convenga, de acuerdo a sus necesidades.

Se han escrito numerosos artículos de opinión al respecto a las modificaciones al Programa de Estancias y Guarderías Infantiles, esta es una buena oportunidad para el debate, la crítica y las propuestas para que nuestro país cuente con una política integral de cuidados que considere los derechos de la niñez, de los adultos mayores, de las madres y padres trabajadores, y promueva la corresponsabilidad entre los géneros, así como entre las familias y el estado. Así que en lugar de privatizar y aumentar la carga de trabajo de las mujeres en las familias, a través de una política de familiarización, el estado mexicano debería pensar mejor en la construcción de una política integral de cuidados, con un enfoque de derechos y de género, y con la consideración de las diferencias urbano-rural, y regionales. Un buen ejemplo de ello es el Sistema Nacional de Cuidados de Uruguay que se diseñó con la participación de grupos de feministas, sociedad civil organizada y comunidades.

Dra. Silvia López Estrada

El Colegio de la Frontera Norte

Profesora Visitante Center for USMEX-Studies UCSD