Hace unos días se anunció un acuerdo de fecha en noviembre para reabrir la frontera entre México y Estados Unidos para cruces no esenciales. Una de las últimas veces que se cerró el cruce transfronterizo entre ambos países fue en noviembre de 2018 cuando, ante el advenimiento de la caravana de migrantes, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza desplegó barricadas y un cerco policial por 10 minutos en un par de ocasiones sobre la garita de San Ysidro, como una muestra trumpiana de la capacidad defensiva y de contención del gobierno norteamericano. Antes de eso, fue durante el 11 de septiembre del 2001 cuando las garitas se clausuraron frente a los ataques terroristas ocurridos en Nueva York. Con el advenimiento de la pandemia por Covid-19, la frontera México-Estados Unidos ha estado cerrada para el cruce de viajes no esenciales provenientes del sur desde fines de marzo de 2020.
Los argumentos enarbolados para cerrar la frontera han estado vinculados con limitar los contagios del coronavirus a través de la movilidad transfronteriza. Las restricciones a los viajes a través de la frontera funcionan, desde el punto de vista epidemiológico, cuando se llevan a cabo en los primeros días de la emergencia. Sin embargo, la medida deja de ser efectiva en tanto el virus se esparce internamente en el país con el paso de los días. Peor aún, la ineficacia contradictoria de una política como ésta es evidente si las puertas han estado abiertas para los viajeros provenientes del lado norte o aquellos que entran por avión. Todos estos meses, tener la nacionalidad norteamericana, permiso de residencia o poseer recursos para volar, han sido los elementos para determinar quien entra a los Estados Unidos durante la pandemia. Esto quiere decir que la política de cierre fronterizo ha sido, de facto, una política que ha discriminado por nacionalidad y clase social la entrada no esencial hacia dicho país.
Aún más, el cierre de la frontera no ha sido la única medida que se ha llevado a cabo bajo el argumento de combatir la difusión del Covid-19. El Título 42 es una normativa que ha permitido expulsar de manera inmediata a las personas que ingresan de manera irregular a Estados Unidos –aún así sea para solicitar protección internacional– sin pasar por ningún tipo de procesamiento establecido en la ley migratoria o de refugio. Estas expulsiones se llevan a cabo bajo disposiciones vinculadas a la salud pública y la emergencia pandémica, no en torno a la normatividad migratoria vigente. En resumidas cuentas, el Título 42 faculta al director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos para determinar qué ingresos representan un riesgo para la salud pública del país. Mantener activo el Título 42 ha permitido registrar más de un millón y medio de expulsiones de Estados Unidos durante la pandemia. A ello habría que agregar que estas devoluciones “en caliente” son violatorias del principio de no-devolución establecido en tratados internacionales y firmado por ambos gobiernos, el cual establece que ninguna persona extranjera puede ser devuelta a otro país donde considere que su vida o libertad corren riesgo.
Tanto el cierre de la frontera como la orden que implementa el Título 42 han estado vinculadas al hecho de que la salud se ha convertido en un problema de seguridad nacional, lo que ha resultado ser el pretexto perfecto para seguir conteniendo el tema de la migración que ha devenido en la papa caliente del gobierno de Biden, en buena medida como herencia de las medidas racistas y xenofóbicas de Trump.
Los cierres que ha experimentado la frontera México-Estados Unidos en los últimos años han estado relacionados con eventos asociados al terrorismo y la migración, dos agentes externos que se han convertido en asuntos de seguridad nacional para los norteamericanos. Con la pandemia, el cierre de la frontera y la implementación del Título 42, hemos sido testigos de cómo las enfermedades virales se han sumado a ese conjunto de amenazas externas a las que se les debe cerrar el paso desde el aparato fronterizo pues representan un riesgo para los intereses nacionales. Y aunque ya hay un acuerdo para reabrir la frontera a viajes no esenciales a partir del 8 de noviembre, lo cierto es que el Título 42 seguirá activo y aún no se vislumbra la posibilidad de desactivar dicha medida en tanto la pandemia continúe siendo una buena coartada de seguridad para justificar este tipo de acciones restrictivas.
Dr. Juan Antonio del Monte Madrigal
El Colegio de la Frontera Norte
