A pocos días del Día internacional de la mujer, parece relevante reflexionar sobre un tema que ha ganado relevancia en el ámbito de las ciencias sociales: la discriminación.
Esta se define como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que tiene como resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, por uno o más de los siguientes motivos: 1) origen étnico o nacional, 2) color de piel, 3) cultura, 4) sexo, 5) género, 6) edad, 7) discapacidades, 8) Condición social, económica, de salud o jurídica, 9) religión, 10) apariencia física, 11) características genéticas, 12) situación migratoria, 13) embarazo, 14) lengua, 15) opiniones, 16) preferencias sexuales, 17) identidad o filiación política, 18) estado civil, situación familiar y/o las responsabilidades familiares, 19) idioma y 20) antecedentes penales.
Esta definición, establecida por las instancias gubernamentales mexicanas, obliga a repensar las exclusiones por discriminación como una amenaza a los derechos fundamentales de las personas afectadas, que no sólo afectan a su calidad de vida, sino que pueden llegar a poner en riesgo su sobrevivencia.
Se han establecido importantes iniciativas de política pública para contribuir a erradicar la discriminación, sin embargo es una realidad difícil de dimensionar de manera certera. La forma de identificarla es a través de los resultados de los procesos de discriminación y muchas veces éstos, derivados de prejuicios y estigmas, no se pueden prevenir y son identificables una vez que ya acontecieron. Además habitualmente es difícil demostrar la existencia de esas distinciones o preferencias ya que, por ejemplo, en la selección de un candidato o candidata para un puesto de trabajo o una beca, concurren numerosos criterios de decisión que permiten cierta subjetividad.
La Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022, basada en percepciones de una muestra de hogares de todo el país, brinda información relevante para hacerse una idea general sobre las caras de la disciminación en México. Según esta encuesta los seis estados fronterizos del norte del país presentan incidencias menores al promedio nacional de 23.7%.
Resulta llamativo que para la mayoría de los grupos de personas considerados (indígenas, afrodescendientes, migrantes y desplazadas, de la diversidad religiosa, adolescentes y mujeres) el trabajo o la escuela es el ámbito de mayor discriminación con valores que van del 53.2% al 32.4%; para las personas discapacitadas y los jóvenes lo es la calle o el transporte público, con un 42.5% y 39% respectivamente; y para las personas mayores y las trabajadora del hogar remuneradas la familia en 32.4% y 36.2% de los casos. Este primer dato refleja que los procesos de discriminación están presentes en todos los niveles de la organización social, incluyendo el familiar.
Los principales derechos negados injustificadamente que identifica la ENADIS 2022 son 1) recibir apoyos de programas sociales (55.1%), 2) atención médica o medicamentos (39.5%) y 3) atención o servicio en alguna oficina de gobierno (30.9%). Este dato es relevante porque indica que la discriminación está presente en las instituciones, particularmente en las gubernamentales con afectación directa a derechos de los ciudadanos. Otro derecho negado atañe a la inclusión financiera al estar relacionado con algún crédito de vivienda, préstamo o tarjeta (28.2%).
En lo que se refiere a las detenciones injustificadas los jóvenes ocupan el primer lugar con un 31% de casos, las personas migrantes y desplazados el segundo con 30.1% y las personas afrodescendientes el tercero con 29.6%.
Sirvan estos números para motivar a recuperar la información de la encuesta y definir no sólo quiénes son vulnerables y en qué, sino dónde se encuentran y por qué surgen los focos de discriminación que alimentan la desigualdad en diferentes territorios.
Sarah Eva Martínez Pellegrini
El Colegio de la Frontera Norte
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