Dos días después de que un juez de la Suprema Corte de Estados Unidos suspendiera la decisión de un tribunal en Texas para reactivar el programa Remain in Mexico (conocido como Protocolo de Protección de Migrantes o MPP), a solicitud de los gobiernos de Texas y Missouri, la decisión de tres jueces más del mismo tribunal superior desestimó la solicitud del Departamento de Estado para no reinstalar el programa creado en la administración de Trump. En pocas palabras, el gobierno del presidente Biden deberá devolver a México a los extranjeros solicitantes de asilo en su frontera sur para que se queden en ciudades mexicanas en tanto llega su turno para procesar su solicitud.
Lo anterior, aunado a la vigencia en aquel país de la orden de emergencia llamada Título 42, para rechazar el ingreso de las personas que llegan a su frontera sur bajo el argumento de riesgos de salud pública por la crisis sanitaria de covid-19, coloca nuevamente a las poblaciones migrantes en tránsito por México en una situación de vulnerabilidad y crea escenarios complejos ya vividos en las ciudades fronterizas.
La posibilidad de nuevos arribos y estancias temporales de quienes desean ingresar al vecino país es factible si nos atenemos a experiencias anteriores como la ola de migrantes haitianos en 2016 y de cubanos entre 2015-2017, luego de un terremoto similar al de semanas pasadas en Haití y de los signos de acercamiento entre los gobiernos estadunidense y cubano en la administración del presidente Obama. Por supuesto que en la frontera norte es latente el arribo de migrantes en tránsito que buscan ingresar legal o ilegalmente al país vecino.
Durante el año 2019, las personas migrantes en caravanas procedentes de Centroamérica se distribuyeron a lo largo de la frontera norte de México para buscar una oportunidad de solicitud de asilo en Estados Unidos. Las largas listas y tiempos de espera derivaron en campamentos improvisados para el alojamiento de estas personas por la falta de infraestructura suficiente para acogerlos. Luego, en 2020, con la emergencia sanitaria por covid-19, las casas para migrantes y albergues padecieron brotes de contagios y debieron cerrar el acceso o limitar el alojamiento para hacer frente a la situación con sus recursos escasos. Los refugios improvisados en Piedras Negras, Coahuila, Nuevo Laredo o Matamoros, Tamaulipas, por ejemplo, acogieron a miles de personas con todas las implicaciones en términos de carencias y necesidades, además de riesgos de salud.
En este escenario es contradictorio cómo las autoridades mexicanas de los tres niveles de gobierno, pero particularmente los gobiernos locales en las ciudades fronterizas no están preparados para hacer frente de manera organizada a estas circunstancias, teniendo en cuenta su larga historia como lugares de tránsito para la migración internacional. En estas ciudades se ven reflejados de manera concreta las decisiones y resultados de la política migratoria estadunidense en términos de deportación o devolución de personas migrantes no autorizadas para su ingreso y ahora de personas en proceso de solicitud de asilo en el marco del MPP.
Si se reactivar el programa Remain in Mexico, frente a la limitación de los recursos de apoyo a migrantes, las ciudades fronterizas podrían verse nuevamente rebasadas por la llegada de población de tránsito y la estancia de quienes desean solicitar asilo en Estados Unidos.
Sin indicios claros de que la crisis sanitaria terminará en los próximos meses y frente a la improvisación para acoger estos grupos, los escenarios posibles son de nueva cuenta de riesgos y desorganización, de crisis humanitarias en la escala de las ciudades fronterizas mexicanas.
Dra. Blanca Vázquez
El Colegio de la Frontera Norte
