Un refrán muy conocido señala que es más divertido ser borracho que cantinero. Ésta es una realidad con la que se está enfrentando de manera un poco trágica el equipo de seguridad del presidente electo. La propia retórica de la campaña, en su afán por diferenciarse de lo que los otros habían hecho, los llevó a explorar nuevos caminos y alejarse de otros. Como casi siempre sucede, el diagnóstico del candidato es diferente a la realidad del presidente. Nada más esclarecedor de esto que el Plan de Paz y Seguridad presentado por el equipo del presidente electo.
Después de tanto Foro de Pacificación, la propuesta del gobierno electo no dista mucho de lo planteado por sus antecesores. El diagnóstico es brutal: las policías son el problema y la solución es la intervención militar; los gobiernos locales son corruptos e incompetentes, la respuesta es la centralización. Esta visión de la seguridad, enmarcada con la famosa frase del entonces presidente Calderón “¿Y qué querían que hiciera?”, hecha famosa por el Dr. Luis Astorga, da por sentado que se han agotado todas las opciones civiles. Lamentablemente, y contra toda la evidencia, dicha visión se ha fortalecido con la propuesta del presidente electo.
La corrupción de las autoridades locales, la inoperancia de las policías y la fragilidad de las fiscalías son innegables. Nadie busca defender lo indefendible. El problema, en gran medida, del Plan de Paz y Seguridad no está en el diagnóstico si no en las respuestas. La pretensión de que las fuerzas armadas pueden sustituir a las policías no tiene evidencia que la sustente. La soberbia detrás de la creencia que las autoridades federales son menos corruptas o más eficaces que las autoridades locales tampoco se sostiene. Ambos supuestos son la base del plan presentado por un gobierno electo que insiste en confundir una y otra vez legitimidad con eficacia para justificarse ante las críticas.
No se confunda estimado Lector, sí hay aspectos positivos en el Plan, aunque estos no tengan mayor impacto en los índices de violencia y delincuencia. La probable regulación de algunas drogas permitirá abordar el problema desde la perspectiva de salud pública. El énfasis en procesos de justicia transicional y amnistía permitirá ampliar las opciones para atender a poblaciones vulnerables que buscan una salida del mundo criminal. El plan también presenta sinsentidos como la dichosa constitución moral que no merece mayor comentario que el simple es una tontería. Sin embargo, el tendón de Aquiles del Plan de Paz y Seguridad está en la Guardia Nacional.
El mismo presidente Calderón nunca se atrevió a plantear a las fuerzas armadas como substituto de las policías, su discurso sostenía que era necesario utilizar a las fuerzas armadas en lo que se construían policías profesionales y confiables. En la práctica, la Policía Federal creció hasta alcanzar 36 mil elementos. La propuesta de López Obrador no le concede ningún espacio a la policía. Ante lo grande del reto que implica la construcción de policías locales honestas y confiables, se opta por la salida fácil, la creación de una Guardia Nacional con integrantes del ejército y la marina. La historia reciente nos ha demostrado que la militarización, o cualquier modelo basado en fuerzas de ocupación, de la seguridad pública no es una solución sostenible. No me malinterprete estimado lector, el problema no son los militares, muchos son servidores públicos honestos y profesionales. El problema es la insistencia en un modelo que no ha funcionado porque está diseñado para el fracaso.
El origen de la militarización de la seguridad pública del país, como lo plantea López Obrador y, en su momento lo planteo también Felipe Calderón, se sustentó en la corrupción de autoridades locales, sus vínculos con grupos del crimen organizado, y las dificultades para consolidar una policía local en lugares como Matamoros, Tamaulipas, o Tierra Caliente en Guerrero. Todo esto es cierto, pero la respuesta fue equivocada entonces y sigue siendo ahora si se busca una solución sostenible a los problemas de violencia y delincuencia del país. El contexto criminal ha cambiado mucho de 2006 a la fecha, los grupos criminales se han pulverizado y sus actividades se han diversificado de manera significativa. La respuesta del Estado sigue siendo la misma: militarización y centralización.
La generación de respuestas únicas desde el centro del país no fue la solución en 2006 y no lo es en 2018. Es una obviedad que no se incorpora en el Plan de Paz y Seguridad que no es lo mismo el contexto criminal en San Pedro Garza García, Nuevo León, que en Reynosa, Tamaulipas. Por ende, no requieren las mismas respuestas. Las experiencias exitosas de Morelia, Michoacán, o Escobedo, Nuevo León, no pasaron por los escritorios del gobierno electo. Las policías son el problema, pero también son la solución.
Dr. José Andrés Sumano Rodríguez, El Colegio de la Frontera Norte