El antropólogo de origen español Ángel Palerm en su libro “Antropología y Marxismo” (1980), explicaba al referirse a la tesis marxista de la desaparición del campesinado: “Primero los campesinos desaparecen del modelo, luego de la teoría y finalmente, […] de la realidad social económica…” (240). En México, la cancelación de la redistribución de tierras en la década de los setenta y la posterior fase neoliberal en su dimensión económica, aceleró el proceso de descampesinización y proletarización de la población rural, modificando su estructura de clases y dando pie al surgimiento de nuevas categorías sociales, como la de jornalero agrícola.
Las cifras históricas de la población jornalera nos aproximan a dicho escenario: en 1960 apenas se reportaban 30 mil jornaleros en todo el país, cifra que aumentó a 2.4 millones en 1970, de los cuales 14% eran indígenas[1]. Estas cifras disminuyeron a 1.3 millones en 1990 y han venido aumentando desde esa fecha, reportando 2.3 millones de jornaleros para 2020, de los cuales 10% son hombres y 34% indígenas. Esta cifra puede aumentar en aproximadamente 150 mil, que son los jornaleros que viven en campamentos agrícolas. En general, podemos decir que históricamente esta población ha sido subreportada debido a la falta de fuentes estadísticas como un censo o una encuesta representativa de los jornaleros agrícolas a nivel nacional o regional, que considere no sólo los que viven en hogares sino también en campamentos agrícolas o albergues, con el fin de caracterizarlos a ellos y sus familias.
El término jornalero agrícola, como categoría netamente laboral, oculta las historias de quienes han tenido que adaptarse a los cambios que ha impuesto el modelo económico de los últimos cuarenta años: políticas neoliberales, reforma al artículo 27 constitucional, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el T-MEC. Por ello, resulta relevante la formulación de políticas públicas para la atención a este grupo de población desde un enfoque integral. De ahí la importancia de caracterizar a quienes conforman este grupo tomando en cuenta tanto sus condiciones laborales y de vida, en un esfuerzo por retomar la relación entre vida y trabajo. Sin embargo, para ello es primordial saber quiénes son en la actualidad las y los jornaleros agrícolas, cuál es su perfil sociodemográfico y cuáles sus condiciones laborales.
Los jornaleros agrícolas son los trabajadores asalariados del sector agrícola. A partir de los datos del Censo de Población y Vivienda 2020, se sabe que existen 2.30 millones de jornaleros agrícolas. La edad del grueso de esta población, es decir, 2.04 millones se encuentran en el rango de edad de 18 a 65 años y el resto son menores de 18 o mayores de 65 años. Respecto a la composición por género, 226 mil son jornaleras, lo que representa el 11% del total de esta población. Un rasgo importante de este grupo laboral es su composición étnica, pues se reporta que 705 mil jornaleros pertenecen a un pueblo originario, lo que representan el 34% del total. Esto explica, por una parte, por qué los principales estados expulsores de mano de obra jornalera son Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz. La otra parte se explica porque es en estos estados en donde se pagan los salarios más bajos. Un ejemplo de ello es que el salario promedio mensual para un jornalero agrícola en los estados de Oaxaca, Chiapas o Guerrero es menos de 3,300 pesos, mientras que el salario promedio en las entidades agroexportadoras del Bajío como Jalisco, Guanajuato y Michoacán es de casi 5,500 pesos y de poco más de 6,300 los estados del noroeste: Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur.
Lo anterior ayuda a explicar por qué estos son los estados receptores de esta mano de obra. Jalisco, Guanajuato y Michoacán son los estados que cuentan con una agroindustria desarrollada. Estas entidades tienen una gran producción hortifrutícola que cubre el mercado nacional, pero gran parte de ésta se exporta hacia Estados Unidos, Europa y algunos países de Asia, como China y Emiratos Árabes Unidos. Otros estados receptores son Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur, los cuales representan las entidades a donde llega el 33% de los jornaleros agrícolas.
A partir de lo anterior, podemos decir que la presencia de los jornaleros agrícolas en las entidades federativas depende del tipo de producción agrícola en la que participan. En México existe un sector agrícola caracterizado por dos tipos de producción: uno es el de los pequeños productores, que pueden ser de subsistencia y/o semi -comerciales; y otro el de los grandes productores agrícolas, quienes exportan una buena parte de su producción. Si bien estos últimos representan una pequeña parte del total de productores, poseen más de la mitad de las hectáreas cultivables y tienen un flujo de producción agrícola que los lleva a tener actividades todo el año, por lo que la demanda de mano de obra es constante a lo largo del año. Por su parte, los pequeños productores utilizan principalmente mano de obra familiar, por lo que su demanda laboral es baja y poco frecuente, sin embargo, al ser más de la mitad del total de productores, su demanda laboral también es importante. En ambos casos, la demanda laboral de ambos tipos es cubierta por las y los jornaleros agrícolas, razón por la cual se encuentran en casi todas las entidades federativas, pero como mencionamos, el mayor número se concentra en algunas entidades durante cierta temporada del año, que son aquellas con mayor vocación agrícola y agroexportadora.
El signo que define la situación de las y los jornaleros agrícolas es la precariedad laboral y su ineludible efecto en las condiciones de vida. La diferencia de esta actividad laboral con otras igualmente precarias es que, la de jornalero agrícola es histórica, estructural y considerada de bajo prestigio social. En los hechos, la precariedad se manifiesta en la ausencia de contrato, lo que trae como consecuencia que sólo un 8.3% de las y los jornaleros agrícolas cuenten con atención médica del IMSS, a diferencia del 60% para el resto de las y los trabajadores asalariados. Respecto a los salarios, un 45% de las y los jornaleros ganan salarios iguales o menores al mínimo, mientras que en el resto de las y los trabajadores asalariados la cifra es del 18%.
La precariedad laboral de los jornaleros agrícolas comienza inmediatamente después de su reclutamiento. Desde hace décadas existe una estructura de reclutamiento y traslado de las y los jornaleros desde sus comunidades de origen hacia las entidades receptoras de su mano de obra. Los costos de traslado hacia esos lugares son cubiertos en apariencia por las empresas a través de sus contratistas, sin embargo, son los propios trabajadores quienes, en muchos casos, terminan adquiriendo la “deuda” del traslado sin saberlo. Lo que conlleva en muchos de los casos a prácticas que rozan ya con trabajo forzado, específicamente, en materia de deudas de las que no se conocen el monto, confinamiento en lugares de difícil acceso o turnos de trabajo extenuantes.
A pesar de que en nuestras prácticas alimentarias cotidianas disponemos de lo trabajado, cultivado, recolectado o piscado por las y los jornaleros agrícolas, las condiciones laborales de las y los jornaleros agrícolas han estado ausentes de la discusión pública. Sus condiciones de precariedad laboral guardan relación directa con sus condiciones de vida, pues es una realidad que las y los jornaleros agrícolas tienden a presentar un mayor porcentaje de personas en situación de pobreza y pobreza extrema. A partir de la medición de pobreza multidimensional diseñada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en 2018 el 30.6% de los trabajadores asalariados estaba en situación de pobreza. Sin embargo, había una diferencia muy amplia al considerar el tipo de trabajador asalariado, ya que en el caso de las y los jornaleros agrícolas, el 65.8% estaba en situación de pobreza, frente al 28.3% del resto de las y los trabajadores asalariados.
En relación con la pobreza extrema, en 2018 también se presentaron diferencias, 17.7 % de las y los jornaleros agrícolas se encontraban en esta situación, mientras que en el resto de las y los trabajadores asalariados sólo el 2.7%. La política de aumento de los salarios mínimos modificó el escenario, pues para 2022 se reportó una mejora en la situación de todos los trabajadores asalariados: el porcentaje de trabajadores asalariados en situación de pobreza se redujo cinco puntos porcentuales, pero en el caso de las y los jornaleros agrícolas la reducción fue de 10.3 puntos porcentuales, pasando de 65.8% en el 2018 a 55.4% en 2022. No se presentaron cambios en la pobreza extrema en ese periodo.
En relación con los salarios mensuales, entre 2018 y 2022 se observa un aumento de 3.8 % en términos reales para los asalariados no agrícolas, pero de 18.4% para los jornaleros agrícolas. Los cambios más importantes para los salarios de los jornaleros se dieron en las entidades federativas del sureste y en el noroeste del país, ya que los aumentos fueron alrededor de 30%. Estos aumentos sin duda tienen su explicación en buena parte por el aumento de los salarios mínimos, y en el noroeste por el establecimiento de la Zona Libre de la Frontera Norte. A pesar de estos avances, aún queda mucho por hacer para mejorar las condiciones laborales y de vida de las y los jornaleros agrícolas.
[1] Para datos de 1960 y 1970 se recurrió al Integrated Public Use Microdata Series (IPUMS), organismo que recopila datos de encuestas y censos de muchos países del mundo.
Cecilia Salgado Viveros, Omar Stabridis Arana
Departamento de Estudios Culturales, Dirección General de Docencia
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