El actual tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como T-MEC, no siempre es fácil de interpretar. Tiene muchas aristas. A diferencia de su antecesor, el TLCAN, que reinó por 25 años en un ambiente de liberalización comercial, el T-MEC es fruto del nuevo proteccionismo impulsado por los EE UU. Este origen distinto hace del T-MEC un tratado más complejo y centrado en la agenda populista de Donald Trump. Bajo el lema de America First, la administración de Trump buscó, desde su inicio, sustituir el TLCAN por otro acuerdo “más justo” para los EE UU. El persistente déficit comercial de este país con México en sectores tan sensibles para la opinión pública, como el automotriz y la creciente amenaza económica China en el mercado norteamericano, sirvieron de combustible para avivar los sentimientos populistas detrás de la negociación del T-MEC.
Los 34 capítulos del T-MEC, 12 más que los del TLCAN, son, en buena medida, una expresión de esa efervescencia proteccionista que encontró eco en varios sectores perdedores del TLCAN. No es fortuito, entonces, que los temas más polémicos de la negociación hayan girado en torno a los porcentajes de contenido nacional, reglas de origen, penalizaciones para los países miembros que comercien con economías no basadas en el mercado y nuevos términos para las disputas comerciales. Se trata de temas dirigidos a cumplir las promesas de campaña de Trump, además de satisfacer las peticiones de sindicatos, cámaras empresariales y organizaciones que buscaban “nivelar el piso” con sus socios competidores. El resultado final es un tratado diseñado para conferirle a EE. UU. un mayor control sobre las transacciones comerciales de los tres países, cuyo valor supera ya el millón de millones de dólares.
Aunque el impacto de estas disposiciones es predeciblemente variable para cada país, lo cierto es que el T-MEC salvaguarda los sectores estratégicos de EE. UU. y compromete el funcionamiento interno de las economías de la región. Los apartados referentes a la propiedad intelectual, por ejemplo, aseguran un uso más estricto y protegido de marcas estadounidenses en productos nuevos (digitales, biotecnológicos o farmacéuticos) y en otros ya comerciados en el TLCAN, excluyendo de sus potenciales beneficios tecnológicos a otros participantes. Del mismo modo, las reglas de origen, que elevan el contenido regional en autos del 62.5 % al 75% en un lapso de tres a cinco años o que obligan a producir el 40% del valor del vehículo con trabajadores que reciben 16 dólares por hora, no solo refuerza el control del aprovisionamiento por parte de las empresas establecidas, sino que, además, disminuyen las ventajas comparativas de países como México.
Más allá de estos efectos previstos, el T-MEC puede convertirse en un laberinto de sorpresas debido a sus consecuencias inintencionadas. En el caso de México, la imposición de nuevos contenidos nacionales puede crear distorsiones salariales en su mercado laboral automotriz, además de alentar las presiones sindicales por parte de las centrales obreras de EE. UU. ante eventuales incumplimientos de los contratos colectivos. Es también altamente probable que las empresas de autopartes de México no puedan cumplir, en el tiempo establecido, los requisitos de contenido nacional ya sea en acero y aluminio u otro tipo de insumos, desatando disputas internacionales. Además, son previsibles demandas por actos de corrupción y daño ambiental en las cortes norteamericanas, que antes eran soslayadas por el TLCAN. El T-MEC tiene influencia incluso en áreas, como las de energía, en las que se garantiza la soberanía de los países en el manejo discrecional de sus recursos. La razón reside en el carácter entrelazado de sus capítulos, que hace que las reformas eléctricas o petroleras, como las emprendidas por el actual gobierno, puedan ser consideradas violatorias del capítulo de inversión. Ahí México debe ser muy cuidadoso. Finalmente, este tratado introduce un elemento de incertidumbre en las inversiones de largo plazo, que no estaba presente en el TLCAN: su renovación cada 16 años con revisiones sexenales, sujeta a la observancia de las disposiciones generales del tratado. Cualquier intento de adhesión de México o Canadá a un tratado en el que se incluya a China o la puesta en práctica de medidas discriminatorias para los inversionistas de la región, puede poner en peligro la continuidad del T-MEC. Es importante entender, pues, las disposiciones del T-MEC en su conjunto y no en forma fragmentada para evitar ser atrapado en uno de sus laberintos.
Dr. José Carlos Ramírez
El Colegio de la Frontera Norte
